Vehículo blindado modificado como tanqueta revela poder de grupos armados en el Catatumbo: autoridades realizaron incautación

Un importante operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional se llevó a cabo en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde se logró la incautación de un arsenal de municiones y otros materiales bélicos, además de la confiscación de dos vehículos.

Uno de estos vehículos había sido modificado con placas de blindaje para simular una tanqueta utilizada por las fuerzas de seguridad del Estado. Durante la operación, también fueron capturadas dos personas, presuntamente vinculadas con grupos armados ilegales.

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De acuerdo con W Radio, el operativo se realizó en el barrio Largo, en el casco urbano de Tibú, una zona que ha sido históricamente marcada por la presencia de actores armados ilegales.

Las autoridades han señalado que tanto el arsenal como los vehículos incautados estarían relacionados con las disidencias de las Farc, un grupo armado que sigue operando en el norte de Norte de Santander. Este hallazgo resalta la capacidad logística y operativa que aún poseen estos grupos en el Catatumbo, una región estratégica para actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando.

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de un vehículo modificado con blindaje, lo que lo hacía similar a una tanqueta de las fuerzas militares. Esta modificación no solo demuestra la sofisticación técnica de los grupos armados, sino también su capacidad para replicar equipos militares con fines bélicos.

La presencia de estos vehículos modificados refleja el nivel de organización y recursos que tienen estos grupos en el Catatumbo, una zona que ha sido escenario de continuos enfrentamientos entre los actores armados ilegales y las fuerzas del orden.

El uso de vehículos blindados por parte de grupos ilegales no es nuevo en zonas de conflicto, pero su aparición en áreas urbanas como Tibú pone en evidencia la creciente gravedad de la situación de seguridad en la región.

Estos vehículos pueden ser utilizados tanto para el transporte de armamento como para la protección de los miembros de estos grupos durante los enfrentamientos con las autoridades o con otras organizaciones rivales, según la fuente citada.

En el transcurso de la operación, las autoridades también arrestaron a dos personas, quienes, según las primeras investigaciones, estarían vinculadas con las disidencias de las Farc. Estas facciones, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, siguen operando en diversas regiones del país, especialmente en el Catatumbo, donde luchan por el control del territorio frente a otros grupos armados y organizaciones criminales.

La región del Catatumbo, debido a su proximidad con la frontera de Venezuela, sigue siendo un punto clave para el tráfico de armas, drogas y contrabando. Esto facilita la expansión de las actividades ilegales y la presencia de estos grupos armados en el área.

La captura de las dos personas podría proporcionar información valiosa para desmantelar redes logísticas y operativas de las disidencias de las Farc, lo que ayudaría a reducir la violencia en la zona.

La intensificación del conflicto en el Catatumbo ha provocado un aumento dramático del desplazamiento forzado hacia otras regiones del país. Bogotá, en particular, se encuentra al límite de su capacidad para atender a las familias que huyen de la violencia. Según informó un medio local, la capital ha recibido un 30 % más de personas desplazadas desde enero de 2025, en comparación con años anteriores.

El último grupo en llegar a la ciudad, compuesto por 93 familias, arribó la noche del 14 de abril, tras ser inicialmente ubicado en un predio rural en Puerto Boyacá que no ofrecía condiciones seguras.

Ante esta situación, el Distrito, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, activó medidas de emergencia para garantizar atención inmediata, mientras se gestiona su reubicación definitiva con la Agencia Nacional de Tierras.

Entre las acciones implementadas están el suministro de alimentos, alojamiento temporal y acceso a servicios esenciales como salud, educación e integración social. También se presta acompañamiento psicosocial y orientación jurídica a través de los Centros de Encuentro para la Paz y la Integración Local.