
En Buenaventura, uno de los principales puertos de Colombia, la violencia sigue marcando el día a día de sus habitantes, pese a los esfuerzos de las autoridades y del Gobierno nacional para contener la ola de criminalidad.
La situación de violencia en la ciudad puerto se estaría complicando cada vez más, pues los líderes de las bandas criminales que controlan el puerto de Buenaventura continúan ejerciendo poder desde fuera del país y desde centros penitenciarios, según un reciente informe publicado por la revista Cambio.
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De hecho, las autoridades civiles y militares de la región aseguraron al medio que la expansión internacional de estas estructuras representa un nuevo desafío para la seguridad de Buenaventura.
Los enfrentamientos entre los grupos Shottas y Espartanos, que durante más de una década han sembrado el miedo en las comunas del puerto, han dejado más de 100 muertos, en su mayoría jóvenes.
Aunque recientemente se habló de una tregua, esta se ha cumplido solo parcialmente: los choques armados han disminuido, pero persisten los asesinatos selectivos dentro de las mismas estructuras, como mecanismo de depuración interna.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el viernes 28 de marzo, cuando seis integrantes de los Shottas irrumpieron en una vivienda del barrio El Progreso, comuna 10, durante una fiesta de cumpleaños. Allí asesinaron a Brayan Quintana, hijastro de alias Robert, conocido como el Diablo, jefe de los Chiquillos, una disidencia escindida de los Espartanos.

Alias Robert, detenido desde agosto de 2023 por ordenar asesinatos selectivos contra miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), reaccionó con amenazas desde la cárcel de Buenaventura. Ordenó represalias y advirtió que ninguna persona debía permanecer en las calles después de las nueve de la noche. Como medida preventiva, fue trasladado a la cárcel de La Dorada, donde se buscó limitar su capacidad de comunicación.
Además, alias Diego Optra, líder de los Shottas, y alias Mapaya, cabecilla de los Espartanos, fueron capturados en 2022. Sin embargo, ambos recuperaron la libertad por vencimiento de términos y se desplazaron fuera del país.
Según información de inteligencia militar obtenida por la revista Cambio, “Mapaya” estaría en el sur del continente, con presencia en ciudades como Iquique, Antofagasta y Santiago de Chile, así como en Bolivia y Paraguay. Por su parte, “Optra” se encontraría en España.
Ambos continuarían coordinando actividades delictivas, incluida la articulación con organizaciones internacionales. Alias Mapaya estableció alianzas con el Clan del Golfo a cambio de apoyo logístico y armamento, mientra que Los Shottas han fortalecido sus nexos con el ELN.
“El poder de estos grupos es tal que muchos habitantes no se atreven a hablar por miedo a ser considerados informantes y llevados a las temidas ‘casas de pique’”, relató un residente del puerto al medio nacional.

Los Espartanos operan principalmente en las comunas 1 a 5, y parte de la 6, zonas estratégicas con salida directa al océano Pacífico. Su influencia les permite controlar impuestos sobre cargamentos de droga –hasta un 10%– y manejar empresas navieras utilizadas para camuflar cocaína con destino a Europa y Estados Unidos.
Los Shottas, por su parte, dominan barrios costeros desde donde ensamblan semisumergibles y lanzan embarcaciones tipo go-fast con droga. Aunque también cobran por cargamentos, su fuente principal de ingreso sigue siendo la extorsión a comerciantes y empresarios.
Otros cabecillas como alias Mario –preso en Buenaventura– continúan manejando las finanzas desde prisión. También se identifican a alias Ñoño y “Gordo Lindo” como emisarios que siguen recibiendo órdenes del exterior, especialmente en medio de negociaciones con el Gobierno.
Además, el sistema judicial colombiano también habría contribuido a la consolidación del poder criminal. Alias Leinton, señalado sucesor de Mapaya, fue capturado y luego dejado en libertad por vencimiento de términos. Actualmente, se desconoce su paradero.
“El problema no es solo de seguridad. Es estructural. El sistema judicial ha favorecido la impunidad en casos clave”, aseguró el analista Andrés Saldarriaga a la revista Cambio.

En lo que va de 2025, el Gaula Militar ha capturado a 31 integrantes de las bandas, incautado 16 armas, 470 municiones, granadas y dispositivos electrónicos con información sensible. Además, se han recuperado bienes avaluados en más de 220 millones de pesos y se han liberado al menos dos personas secuestradas.
Paralelamente, los Batallones del Ejército y la Armada han logrado neutralizar ataques en los ríos Naya, Cajambre y Yuruanguí, usados como rutas fluviales para el tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, aunque las autoridades insisten en la existencia de una tregua informal entre Shottas y Espartanos, en las calles de Buenaventura persiste el miedo.
“Ya es común ver hombres encapuchados y armados patrullando las calles no solo para asegurar su control territorial, sino también para vigilar el comercio y los movimientos sociales”, explicó Jairo Libreros, profesor de seguridad nacional de la Universidad Externado al medio citado.
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