Atención a víctimas en Bogotá al borde del colapso por llegada de nuevas familias desplazadas

Bogotá enfrenta una de sus peores crisis humanitarias en los últimos años debido al creciente número de personas desplazadas que arriban a la ciudad en busca de refugio.

La situación se ha agravado tras la llegada de más de 80 personas provenientes de Puerto Boyacá, muchas de ellas víctimas de múltiples desplazamientos forzados. La Consejería de Paz, Reconciliación y Víctimas de la Alcaldía de Bogotá ha advertido que los recursos disponibles están al límite y la capacidad de respuesta se encuentra “desbordada”.

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“El número de personas que acuden a los albergues pasó de 80-120 al mes en 2022, a más de 320 actualmente. En cuanto a subsidios de arriendo, hemos pasado de atender entre 300 y 400 personas mensuales a casi 1.700″, reveló Hugo Fernando Guerra, director de Reparación Integral de la Consejería, al medio La Fm.

Las familias recién llegadas a Bogotá provienen en su mayoría del Catatumbo, una región marcada por el conflicto armado y la presencia de grupos armados ilegales.

Aunque estas personas habían sido reubicadas por el Gobierno Nacional en un predio en Puerto Boyacá, nuevas amenazas a su seguridad forzaron su desplazamiento nuevamente, esta vez hacia la capital.

La Procuraduría General de la Nación estima que en los últimos tres meses, cerca de 64.000 personas han sido desplazadas en el Catatumbo. Esta presión migratoria ha desbordado los servicios sociales de Bogotá, que ya enfrentaba dificultades para responder a la demanda de atención humanitaria.

La situación ha dejado en evidencia la falta de coordinación entre entidades nacionales y locales. Aunque se había emitido una alerta sobre la llegada de desplazados desde Puerto Boyacá, el Distrito asegura que la respuesta articulada entre instituciones como la Unidad de Víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras y la ONU fue tardía e insuficiente.

“Estas familias fueron reubicadas por el Estado, pero no hubo un proceso adecuado de integración ni condiciones de seguridad garantizadas. Esto las llevó a tener que desplazarse nuevamente”, explicó Guerra.

Mientras se define su reubicación definitiva, la Alcaldía ha activado medidas de atención integral para los desplazados, que incluyen alojamiento temporal, acceso a servicios de salud y educación, atención psicosocial y orientación jurídica. No obstante, las autoridades insisten en que estas son soluciones transitorias y que se requiere el respaldo del Gobierno Nacional para una respuesta estructural.

“Están aquí de forma transitoria. Ya se están haciendo coordinaciones para su traslado a otro predio en el país. Esperamos que en dos o tres semanas estas personas puedan salir de Bogotá”, agregó Guerra.

El Distrito también ha reiterado la urgencia de acelerar los procesos de registro en el Registro Único de Víctimas y de asumir la atención de otras comunidades en crisis, como los emberá, que desde septiembre de 2023 esperan ser reubicadas.

Solo en enero de 2025, el número de personas desplazadas que llegó a Bogotá aumentó un 30 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según cifras de la Alcaldía. Esta tendencia al alza amenaza con colapsar los sistemas de ayuda disponibles y deja a miles de víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad.

“El compromiso con la paz se demuestra garantizando la dignidad, seguridad y voluntariedad de quienes han tenido que abandonar sus hogares”, señaló un vocero del Distrito, haciendo un llamado enfático al Gobierno Nacional para asumir su responsabilidad en la atención de esta emergencia.

La crisis de desplazamiento en Colombia no solo afecta a las zonas rurales golpeadas por el conflicto, sino también a las ciudades receptoras como Bogotá, que hoy clama por apoyo para no seguir enfrentando sola una emergencia humanitaria que amenaza con desbordarse por completo.