2025 sería un año histórico para las elecciones atípicas de Colombia: 30 votaciones afectarían las finanzas del país

En lo que va de 2025, Colombia ya está en jaque frente a un escenario electoral sin precedentes, marcado por la repetición de elecciones debido a la doble militancia, una prohibición electoral que ha puesto en jaque a numerosos políticos y partidos.

Según un reciente informe de El Espectador, este fenómeno ha llevado a la anulación de varias elecciones de alcaldes, gobernadores y congresistas, obligando al Estado a organizar comicios atípicos mientras el Estado atraviesa por una fuerte crisis financiera.

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Hasta el momento, se han repetido o programado once elecciones municipales, y se estima que este año podría superar el récord de quince elecciones anuladas registrado hace una década.

De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional, la doble militancia se ha convertido en la principal causa de nulidad electoral en 2025, superando otros factores como hechos de corrupción, inhabilidades o renuncias.

Este fenómeno no solo ha incrementado la frecuencia de los comicios, sino que también ha generado un duro impacto en los recursos públicos. Según el registrador nacional, Hernán Penagos, la entidad prevé realizar hasta 30 elecciones este año, con un costo estimado de 40.000 millones de pesos.

Pero el impacto de la doble militancia no se limita a la repetición de elecciones. El Consejo de Estado ha emitido fallos que han provocado la pérdida de personerías jurídicas de varios partidos políticos. Incluso, en los últimos dos años, el número de colectividades reconocidas pasó de 37 a 31, lo que reflejaría una crisis en el sistema político colombiano.

Entre las elecciones ya celebradas este año se encuentran las de municipios como Puerto Guzmán y Pamplonita, mientras que otras, como las de La Jagua del Pilar y Duitama, están programadas para mayo.

En total, siete de estas elecciones anuladas están directamente relacionadas con casos de doble militancia. Además, aún están pendientes las elecciones para la Gobernación de San Andrés y la Alcaldía de Inza, anuladas por el apoyo de los candidatos electos a aspirantes de partidos distintos a los que representaban.

Entretanto, el Consejo de Estado y los tribunales regionales continúan evaluando casos similares, como el del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada en primera instancia por apoyar candidatos de una coalición distinta a la que lo respaldó.

Otros casos emblemáticos incluyen al alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, y al concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, quienes enfrentan procesos por inhabilidades relacionadas, según un recuento recolectado por El Espectador.

Sin embargo, el auge de la doble militancia como causa de nulidad electoral ha puesto en evidencia vacíos en la Ley 1475 de 2011, que regula esta prohibición.

Según el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, el aumento de las anulaciones responde a la ejecución de sentencias del Consejo de Estado que han ampliado el alcance de esta normativa desde 2018, según comentó al diario nacional.

El exmagistrado Pedro Gutiérrez también explicó que las coaliciones políticas, cada vez más frecuentes, han complicado el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, si una coalición se forma únicamente para elecciones a la Cámara, los candidatos no pueden apoyar aspirantes al Senado de los partidos que integran dicha coalición. Este tipo de restricciones ha generado confusión y ha llevado a interpretaciones contradictorias entre el CNE y el Consejo de Estado.

Entretanto, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado estas decisiones, especialmente en casos como la pérdida de curules en el Congreso por parte de figuras como Roy Barreras y Alexander López, ambos del Pacto Histórico. Petro ha abogado por convertir al Pacto Histórico en un partido único para evitar inhabilidades derivadas de la doble militancia.

Ante este panorama, el Congreso avanza en un proyecto de reforma que busca flexibilizar las normas sobre doble militancia. La iniciativa, conocida como transfuguismo electoral, permitiría a los políticos cambiar de partido hasta un mes antes de las inscripciones sin incurrir en esta prohibición.

El proyecto ya superó su quinto debate y requiere tres más para convertirse en reforma constitucional, con miras a aplicarse en las elecciones de 2026.

El Pacto Histórico no es el único interesado en esta reforma. Partidos de centro y centro-derecha también evalúan sus estrategias ante los conflictos internos que han surgido en un contexto político cada vez más polarizado.

Sin embargo, la ambigüedad en la interpretación de la ley sigue siendo un obstáculo, ya que algunas anulaciones han sido rechazadas inicialmente por el CNE, pero luego ratificadas por el Consejo de Estado.

Mientras tanto, la Registraduría Nacional se prepara para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, cuyo costo se estima en 2.6 billones de pesos, sin incluir una eventual segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, el presupuesto asignado para 2025, de 2.3 billones de pesos, representa una reducción del 28% respecto a los 3.2 billones de este año, lo que ha generado preocupación en algunos sectores.

Esta disminución presupuestaria responde a la crisis fiscal que enfrenta el país, pero podría complicar la organización de nuevas elecciones derivadas de la doble militancia u otras irregularidades.

A pesar de estos desafíos, la Registraduría continúa trabajando en la implementación de reformas que buscan modernizar el sistema electoral y reducir la incidencia de problemas como la doble militancia.