Una red de corrupción que habría operado desde el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha salido a la luz.
Los detalles revelan un esquema que buscaba asegurar el respaldo de congresistas para la aprobación de préstamos internacionales mediante la asignación de contratos inflados. Aquí se ven involucradas figuras clave como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, su asesora María Alejandra Benavides, y el exviceministro Diego Guevara, entre otros.
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De acuerdo con la investigación de Semana, el plan se habría iniciado el 4 de diciembre de 2023, cuando Benavides consultó a Bonilla sobre la posibilidad de reunirse con los congresistas de la Comisión de Crédito Público para cerrar un acuerdo que garantizara su apoyo. La respuesta del entonces ministro fue contundente: “Sí, adelanta eso”.
A partir de ese momento, se desplegó una estrategia que incluyó reuniones, promesas de contratos y la manipulación de recursos públicos.
Los mensajes entre Benavides y Guevara, obtenidos por Semana, muestran cómo se planificaron las reuniones con los congresistas. En uno de los chats, Benavides propuso dividir a los legisladores en dos grupos para convencerlos de que serían los únicos beneficiados con los contratos de la Ungrd.
“Se me ocurre que cojamos a los tigres de 4 a 4:20 que son Liliana (Bitar), Wadith (Manzur) y (Julián) Peinado, y que les digamos que son a los únicos a los que les ha salido”, escribió Benavides.
La respuesta de Guevara fue breve pero reveladora: “Me suena”. Este intercambio de mensajes evidencia la coordinación entre ambos para ejecutar el plan. Según el medio, el objetivo era garantizar la aprobación de préstamos internacionales por un valor total de 2.5 billones de pesos, provenientes de entidades como el Banco de Desarrollo de Alemania, el Banco Centroamericano de Integración y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El mismo día en que se desarrollaban las reuniones con los congresistas, la Contraloría suspendió por un mes a Olmedo López, entonces director de la Ungrd, lo que generó preocupación entre los involucrados. Benavides alertó a Guevara sobre la situación, a lo que este respondió: “Jaja que mala suerte”. A pesar de este contratiempo, el acuerdo se concretó y, el 12 de diciembre de 2023, la Comisión de Crédito Público aprobó los préstamos solicitados por el Ministerio de Hacienda.
Ese mismo día, Benavides confirmó a Guevara que la operación había sido un éxito con un mensaje que decía: “Se salvó”. Según Semana, estos chats son ahora una pieza clave en las investigaciones que adelanta la Fiscalía.
La investigación también señala que desde octubre de 2023 se habrían iniciado negociaciones paralelas con los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para garantizar su apoyo al Gobierno.
Según el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, se habrían entregado 3.000 millones de pesos a Name a través de Sandra Ortiz, conocida como “la mensajera” en este escándalo.
El dinero, según López, también habría sido utilizado para influir en la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. En una plenaria del Senado, el 17 de octubre de 2023, se concretó su elección, un día después de que Guevara preguntara a Benavides si debía asistir a una reunión con Calle y Name.
Por otro lado, Calle habría recibido 1.000 millones de pesos en su apartamento en Montería, según evidencias en poder de la Corte Suprema. Estos fondos, presuntamente provenientes de la compra de 40 carrotanques para La Guajira con sobrecostos, habrían sido utilizados para financiar campañas electorales de familiares de ambos congresistas.
El esquema de corrupción también incluyó la asignación de contratos en municipios específicos. Según López, el 15 de diciembre de 2023, se reunió con Bonilla y Benavides para discutir la entrega de contratos a congresistas a cambio de su apoyo. En esa reunión, Bonilla habría solicitado que Wadith Manzur reemplazara a Karen Manrique como intermediario en el entramado.
Los contratos, que sumaron 92.000 millones de pesos, se habrían distribuido entre Córdoba (50.000 millones), Arauca (30.000 millones) y Bolívar (12.000 millones). Los beneficiarios serían congresistas como Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, además de Manzur y Manrique.
El caso también salpica al presidente Gustavo Petro, quien, según el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, habría sido informado el 18 de diciembre de 2023 sobre la continuidad de los llamados “cupos indicativos” en el Ministerio de Hacienda. A pesar de ello, no se habrían tomado medidas para detener estas prácticas.
Además, Semana reportó que el senador del Partido de la U Julio Elías Chagüi estaría involucrado en otro esquema de corrupción relacionado con la Ungrd. Este caso incluye la asignación de un contrato por 22.000 millones de pesos para un proyecto en Sahagún, Córdoba, que habría sido gestionado por el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco.
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