Un reciente comunicado del Ejército de Liberación Nacional (ELN) generó alarma en Bogotá al declarar como objetivos militares a líderes sociales, comunales y ciudadanos extranjeros. Según el panfleto firmado por el Frente de Guerra Urbano de esta organización, los señalados estarían vinculados a actividades delictivas que, según el grupo armado, amenazan la soberanía y seguridad de Colombia. Este anuncio, que incluye una lista de nombres específicos y barrios afectados, intensificó la preocupación por la seguridad en la capital del país.
De acuerdo con el comunicado, el ELN justifica estas acciones bajo su lucha por lo que denominan la “segunda independencia” de Colombia, en oposición al imperialismo y la oligarquía. En este contexto, el grupo armado señala a ciudadanos extranjeros, a quienes asocia con el Tren de Aragua, y a líderes sociales que supuestamente respaldan actividades ilícitas. Entre los barrios mencionados como zonas de operación de estas personas se encuentran Paraíso, Bella Flor, El Edén, Alpes, Tierra Nueva, Arado, Cóndor, Maravillas de Dios, Villa Gloria, Quiba y Mochuelo. El panfleto cierra con un mensaje contundente: “Ni un paso atrás. Liberación o muerte”, dejando clara su postura radical.
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Además, el grupo armado identifica a presuntos delincuentes bajo los alias de: Suajiro, Pachito, Mortadela, Kelvin, Gemelo, Veneco, El Diablo, Cúcuta, Pantera, Tata, Aballo, La Mona, El Tombo y Pachuno, a quienes también incluye en su lista de objetivos dentro de lo que denomina “Plan Pistola”. Con base en el comunicado, estas personas estarían operando en los barrios previamente mencionados, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en estas zonas.
En medio de esta situación, el concejal de Bogotá Juan David Quintero Rubio, de la coalición Nuevo Liberalismo En Marcha, rechazó categóricamente las amenazas contra líderes sociales en la ciudad. Según informó el concejal, en localidades como Ciudad Bolívar, específicamente en los barrios El Edén, Paraíso, Verbenal y Quiba, se han distribuido panfletos intimidatorios que ponen en grave riesgo la vida e integridad de los líderes y lideresas sociales.

“El documento que llegó hoy a mis manos por parte de la comunidad, agrede violentamente a líderes sociales, defensores de los derechos humanos y comunidades enteras. Es un despreciable acto de cobardía que intimida y atenta contra la tranquilidad de los bogotanos”, afirmó Quintero. Además, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital para que actúen de inmediato en las zonas afectadas y garanticen la seguridad de las personas amenazadas.
Quintero recordó el caso de Rocío Riaño, una líder social de Ciudad Bolívar que fue asesinada tras un atentado ocurrido el 16 de junio de 2024. Este hecho, según el concejal, es un ejemplo de las graves consecuencias que pueden derivarse de las amenazas y la falta de protección efectiva para quienes defienden los derechos humanos en Bogotá. “No podemos guardar silencio frente a las amenazas de quienes intimidan y señalan a la comunidad con terror. Rechazo de manera vehemente estos actos y reclamo acciones inmediatas que garanticen la tranquilidad, la integridad y la vida de los bogotanos”, enfatizó.

El funcionario también instó a las autoridades a iniciar investigaciones inmediatas para identificar a los responsables de las amenazas y reforzar la presencia institucional en los barrios afectados. “No permitiremos que la violencia disfrazada de panfletos nos haga vivir con miedo en Bogotá”, agregó.
El contenido del comunicado del ELN generó inquietud entre las comunidades de los barrios señalados y los líderes sociales que mencionan. Aunque las autoridades aún no han emitido una respuesta oficial, el mensaje del grupo armado pone de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrenta Bogotá y la complejidad del conflicto armado en Colombia. La declaración del ELN no solo amenaza la estabilidad de las comunidades locales, también plantea interrogantes sobre las estrategias necesarias para garantizar la protección de los líderes sociales y la población en general.
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