La región del Catatumbo, ubicada al noreste de Colombia y fronteriza con Venezuela, enfrenta desde hace meses una de las crisis humanitarias y de seguridad más complejas del país. El conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc ha desencadenado una ola de violencia que ha dejado más de 57.000 personas desplazadas y ha puesto en jaque a las autoridades locales y nacionales.
Ante la creciente gravedad de la situación, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior, una medida excepcional contemplada en la Constitución que permite adoptar decisiones extraordinarias para enfrentar amenazas graves al orden público.
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Esta declaratoria fue emitida mediante el Decreto Legislativo 121 de 2025, con el objetivo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población en los 19 municipios más afectados del Catatumbo.
La constitucionalidad de esta medida, sin embargo, está siendo revisada por la Corte Constitucional, cuyo fallo se espera en el transcurso de abril. La magistrada Paola Meneses, encargada del control constitucional, solicitó a diversas entidades del Estado, incluyendo a gobernadores y Fuerzas Militares, información clave para determinar si la declaratoria del Ejecutivo se ajusta a los criterios establecidos por la Carta Magna.
En medio del debate jurídico que adelanta el alto tribunal y que será crucial para definir si el país continúa o no con las herramientas jurídicas excepcionales con las que ha enfrentado esta crisis; el ministro del Interior, Armando Benedetti, elevó el tono y lanzó una advertencia contundente sobre las posibles consecuencias de que la Corte Constitucional tumbe la medida de conmoción interior.
En una declaración pública, Benedetti expresó su preocupación por el escenario que podría abrirse si el alto tribunal declara inconstitucional el decreto presidencial.
“¿Usted qué cree que vaya a pasar, que lo tumben? No, yo no creo que vaya a pasar nada. Lo que sí sé es las implicaciones de lo que podría pasar si se cae la conmoción interior. Si se llegara a caer la conmoción interior, sería un espaldarazo para el ELN”, afirmó el ministro.
El jefe de la cartera del Interior advirtió que esta eventual decisión tendría consecuencias dramáticas en el terreno. “La arremetida que se vendría sería fatal y nefasta, y lo que habría es chorros y horrores de sangre, porque el ELN arremetería completamente”, agregó.
Además, Benedetti subrayó que el enfoque gubernamental para combatir la violencia y los cultivos ilícitos se basa en un modelo integral. “Nuestra principal arma, porque el 70% de las actividades que se tienen que hacer para restar la violencia y el cultivo de coca —porque todo es coca—, tiene que ser a través de que el 70% sean actividades sociales”, explicó.
En ese sentido, destacó medidas como la compra de cultivos ilícitos, la erradicación manual, y la inversión en infraestructura básica como carreteras, salud y educación. “Una de ellas es, por ejemplo, la compra de cultivos ilícitos, la erradicación manual, es llegar con carreteras, con salud y con educación”, dijo.
Las palabras del ministro no solo reflejan el temor del Gobierno ante una eventual decisión negativa de la Corte, sino que ponen en evidencia el dilema de fondo: cómo enfrentar una crisis humanitaria de enormes proporciones con herramientas institucionales dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos, sin debilitar la capacidad de acción del Estado frente a grupos armados ilegales.
Mientras tanto, el país espera con expectativa el pronunciamiento del alto tribunal, cuya decisión podría redefinir el alcance del poder ejecutivo en contextos de violencia armada, desplazamiento masivo y desestabilización territorial; en particular, en el Catatumbo, donde la incertidumbre se vive a flor de piel, mientras comunidades enteras permanecen en riesgo por el fuego cruzado entre actores ilegales que no dan tregua.
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