La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se pronunció este 7 de abril sobre la solicitud presentada por exmiembros del antiguo Secretariado de las Farc, quienes pidieron que sus procesos judiciales fueran unificados a través de una Resolución Única de Conclusiones.
Tras un estudio prolongado, el tribunal transicional aceptó de forma parcial esta propuesta y estableció límites concretos.
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De acuerdo con la información entregada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la revisión fue realizada por todas las salas y secciones de manera coordinada, buscando definir una postura común. “Hay un esfuerzo colectivo para llegar a un consenso interpretativo para decir esta es la ruta procesal, y eso es un gran avance, en términos de seguridad jurídica. No es solamente resolver una solicitud”, declaró Ramelli.
Los magistrados concluyeron que no era posible dar un visto bueno integral a la petición elevada por los excomandantes de la antigua guerrilla, quienes se habían comprometido con el Acuerdo de Paz. En consecuencia, se resolvió que las imputaciones existentes se revisarán de manera separada, caso por caso.
Durante una rueda de prensa, el presidente de la JEP señaló que los análisis tomaron tiempo debido a la complejidad de los asuntos tratados. “Si hubiera sido un tema fácil, habríamos respondido en una semana. Son problemas de diseño institucional muy complicados. Por eso hicimos varios talleres para definir cuál era la ruta de seguridad jurídica”, explicó.
El pronunciamiento responde a una comunicación enviada por los exjefes guerrilleros el pasado 7 de octubre. En ella, renunciaban a la presunción de inocencia en los procesos en los que ya han sido vinculados. La JEP, sin embargo, fue enfática en que “no se puede hacer una evaluación en bloque de responsabilidades, sino que se debe partir de una revisión individual de cada imputación y de cada aceptación”.
Ramelli también reiteró que, en caso de que los comparecientes reconozcan responsabilidad, la pena máxima seguirá siendo la estipulada en el sistema transicional. “Jamás vamos a superar la sanción de los ocho años, así de claro, nunca, la pena es de cinco a ocho años de sanción y se lo decimos clarito (...) Lo que les brinda seguridad jurídica, y que todos lo aprobaron, es que nunca va a haber una acumulación de penas”.
Según lo indicado, en aquellos expedientes donde ya existe una Resolución de Conclusiones, podrían generarse adiciones posteriores si surgen nuevos hechos relacionados. Tales ampliaciones serán tramitadas por la misma sala, con el fin de mantener coherencia y agilidad en las decisiones.
La solicitud había sido firmada por figuras como Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel. La JEP, por su parte, mantiene abiertos otros procesos relacionados con delitos como el reclutamiento de menores, sobre los cuales anunció nuevas imputaciones recientemente.
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