Ex subdirector de la Ungrd, condenado por corrupción, busca reparar a comunidades indígenas con educación

Luis Carlos Barreto Gantiva, ex subdirector de Conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), planteó una propuesta inusual como parte de un acuerdo judicial: convertirse en docente para comunidades indígenas en La Guajira. Según informó un documento oficial que será presentado ante un juez, Barreto busca ofrecer asesorías educativas a tres comunidades indígenas de la región como una forma de reparación simbólica tras admitir su responsabilidad en un caso de corrupción.

El exfuncionario fue condenado a tres años y siete meses de prisión por su participación en un esquema de contratación irregular de carrotanques destinados a mitigar la crisis humanitaria en La Guajira. Barreto aceptó haber desviado recursos públicos asignados a este propósito, pero ahora intenta acogerse a un principio de oportunidad por otros hechos relacionados con el caso. De acuerdo con el documento, su propuesta incluye capacitar a las comunidades en temas como proyectos productivos, potabilización de agua, manejo de residuos sólidos y aprovechamiento de energías renovables.

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Con base en el documento citado, las comunidades beneficiarias de esta iniciativa serían Pororú-sector Murujuy, Nación Wayuu – Junta de Acción Comunal Los Mereneros, y una tercera comunidad indígena aún no especificada. Las asesorías se realizarían directamente en los territorios de estas comunidades y tendrían una duración total de 120 horas.

El plan de Barreto incluye la impartición de conocimientos y la creación de materiales pedagógicos como cartillas, videos y herramientas digitales. Además, el exfuncionario se comprometió a apoyar la formulación de documentos finales que permitan a las comunidades presentar proyectos ante las autoridades competentes. Barreto manifestó su disposición de reparar simbólicamente a las víctimas mediante estas capacitaciones, lo que representa un enfoque poco común en los procesos judiciales relacionados con corrupción.

El abogado penalista Francisco Bernate destacó que esta propuesta refleja un avance significativo en la aplicación de la justicia restaurativa en Colombia. Este tipo de acuerdos no solo buscan el reintegro económico de los recursos desviados, también la reparación directa a las comunidades afectadas.

“Implica no solamente la obligación de la persona de pedir perdón, de darle la cara a las víctimas, sino también de llevar a cabo actividades en beneficio de la comunidad”, afirmó Bernate. Este enfoque, según el abogado, representa una evolución en el principio de oportunidad, que anteriormente se limitaba a aspectos económicos.

Barreto, además de presentar su propuesta educativa, ofreció disculpas públicas y aseguró que su compromiso incluye no repetir conductas que perjudiquen el interés público. La legalización de este principio de oportunidad dependerá de la decisión de un juez de la República, que evaluará si la propuesta cumple con los requisitos legales y si contribuye efectivamente a la reparación de las comunidades afectadas.

El caso de Barreto generó un debate sobre las formas de reparación simbólica en casos de corrupción, especialmente en contextos donde las comunidades afectadas enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Las capacitaciones propuestas por el exfuncionario buscan abordar necesidades críticas en La Guajira, como el acceso al agua potable y el manejo sostenible de recursos, temas que han sido históricamente desatendidos en la región.

El escándalo que involucra a Barreto se originó en un esquema de contratación irregular relacionado con carrotanques destinados a mitigar la crisis humanitaria en La Guajira. Estos recursos, que debían ser utilizados para atender a comunidades indígenas afectadas por la sequía y la falta de acceso a servicios básicos, fueron desviados, lo que agravó la situación en la región.

Aunque Barreto ya aceptó su responsabilidad en este caso, su propuesta de reparación simbólica busca ir más allá del simple reintegro económico, ofreciendo un enfoque que combina justicia restaurativa y educación comunitaria. Según el documento presentado, las capacitaciones incluirán temas como el uso de energías renovables, un aspecto clave en una región con alto potencial para la generación de energía solar y eólica.