El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa avanzando en la investigación sobre posibles irregularidades en los gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro, específicamente, con relación a un presunto exceso en los topes electorales permitidos.
De hecho, para este lunes 7 de abril estaba programada una diligencia clave a las 11:30 de la mañana, en la que debía comparecer Ricardo Roa, que fue gerente de la campaña y actualmente lidera Ecopetrol. Sin embargo, Roa no asistió a la citación para dar su versión libre de los hechos, según información obtenida por El Tiempo, lo que pone nuevas trabas al proceso.
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El CNE había ordenado una serie de pruebas para esclarecer los hechos, incluyendo la solicitud de información a diversas entidades y la citación de varios testigos. Entre las medidas adoptadas, se encuentra el requerimiento a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), empresa vinculada al llamado “narcopiloto”, para que entregue detalles sobre los vuelos realizados por la aeronave HK5328 durante la primera vuelta presidencial.
El objetivo es determinar si alguno de estos vuelos no estuvo relacionado con la campaña o si se realizaron desplazamientos por motivos de mantenimiento u otros servicios.
Además de Ricardo Roa, el CNE ha convocado a declarar a varias personas vinculadas a la campaña de Petro y a organizaciones que habrían realizado aportes económicos.
Entre los citados se encuentra Ralph Alirio Castillo, señalado como responsable de gestionar donaciones provenientes de Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO). También fue llamado a testificar Henry Jara Jara, representante legal de la USO, para que explique los aportes realizados durante la primera y segunda vuelta electoral.
Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada buscan esclarecer un presunto desbalance de aproximadamente 5.400 millones de pesos en los gastos de campaña. Este monto corresponde a las dos vueltas presidenciales y ha sido uno de los puntos centrales de la investigación.
Otro de los nombres destacados en esta indagación es el de Dagoberto Quiroga, que en su momento fungió como representante legal de Colombia Humana. Quiroga, que dejó abruptamente su cargo en la Superintendencia de Servicios Públicos, fue citado el 1 de abril para rendir su testimonio sobre un aporte de Fecode que, según documentos obtenidos por El Tiempo, fue posteriormente reversado.
El alcance de la investigación también incluye a otros actores políticos como Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica (UP); Andrés Álvarez, gerente de la campaña en Bogotá; y Martha Bolívar, que participó en la estrategia de veeduría de votos del Pacto Histórico. Estas personas han sido citadas para aportar información sobre su rol en la campaña y los recursos manejados.
Por otro lado, el CNE ha solicitado a Caracol Televisión S.A. que entregue copias de 23 facturas electrónicas y certifique los servicios prestados a la campaña presidencial. Asimismo, se ha requerido a la empresa TBL Live (Live Investment SAS) que explique dos facturas emitidas el 16 de junio de 2022, con el fin de verificar la naturaleza de los servicios contratados.
En cuanto al manejo de los recursos públicos, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales también ha sido llamado a entregar información detallada sobre la reposición de gastos realizada a la campaña de Petro. Esto incluye la auditoría efectuada y copias de diversos anexos relacionados con los movimientos financieros.
La investigación del CNE se centra en determinar si la campaña de Gustavo Petro excedió los límites de gasto permitidos por la ley electoral colombiana.
Entretanto, el presidente ha sostenido en varias oportunidades que su campaña no excedió los límites establecidos por la ley electoral, además de vincular las investigaciones en su contra a un presunto plan para darle un golpe de Estado.
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