Exinterventora del hospital de Leticia insistió en sus denuncias de presiones y amenazas de parte de la esposa del ministro de Salud: “Estoy evaluando vías jurídicas”

La situación administrativa del Hospital San Rafael de Leticia, actualmente bajo intervención estatal, ha desencadenado una nueva controversia que involucra presiones internas, amenazas y un millonario contrato para la construcción de un buque hospital en el Amazonas.

En el centro de la polémica está Lina Baracaldo, que hasta hace pocos días se desempeñaba como interventora de la institución y que ha denunciado haber sido víctima de intimidaciones tras resistirse a autorizar el cuestionado proyecto.

Según el testimonio de Baracaldo, la presión para firmar el contrato provino de altos funcionarios del sector salud, entre ellos, Beatriz Gómez, superintendente delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Aunque Baracaldo ejercía su labor con autonomía como auxiliar de justicia, afirma que se le exigió firmar el contrato sin contar con la debida certeza sobre su viabilidad financiera. Ante su negativa, fue retirada del cargo el 1 de abril. “Me dijeron que no preguntara, que solo firmara”, declaró en una entrevista con Blu Radio.

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El proyecto en cuestión contempla el diseño, construcción y puesta en marcha de un buque hospital que operaría en el Amazonas, una región que históricamente ha sufrido problemas de acceso a servicios médicos.

Inicialmente presupuestado en 55.000 millones de pesos, el costo del contrato fue reajustado a más de 73.000 millones, de acuerdo con Cotecmar, la empresa encargada de su construcción.

El aumento se atribuye a factores como el encarecimiento de los materiales, particularmente el acero.

No obstante, la falta de garantías sobre el financiamiento a largo plazo del proyecto, incluyendo sus costos operativos anuales —que podrían alcanzar los 18.000 millones de pesos—, generó serias dudas en Baracaldo y en el equipo jurídico del hospital.

Además del elevado compromiso fiscal, otro elemento que alertó a los funcionarios fue el hecho de que el hospital intervenido se encuentra en una situación financiera crítica, lo que obliga a actuar con especial cautela frente a compromisos contractuales de gran magnitud.

“Como ordenadora del gasto, necesitaba claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo”, expuso.

A estas preocupaciones se suman las revelaciones sobre llamadas presuntamente intimidantes recibidas por la exinterventora tras su retiro, así como una conversación grabada entre ella y la superintendente delegada, en la que se le habría exigido firmar o renunciar.

La difusión de ese audio, realizada por el periodista Daniel Coronell, encendió las alarmas sobre una posible extralimitación de funciones por parte de Gómez, quien además niega que la voz en la grabación le pertenezca.

El contrato tampoco habría contado con el respaldo de la gobernación del Amazonas, que no aprobó vigencias futuras para su ejecución.

Por otra parte, organizaciones indígenas expresaron su rechazo a la iniciativa mediante una acción de tutela, argumentando que no fueron debidamente consultadas, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso desde una perspectiva de derechos étnicos.

En medio de este panorama, Baracaldo ha optado por mantener su ubicación en reserva por motivos de seguridad y no descarta emprender acciones legales por presunto constreñimiento ilegal.

La situación pone en relieve las tensiones que existen entre la autonomía de los interventores judiciales y las presiones políticas e institucionales cuando se trata de proyectos estratégicos y de alto impacto económico.

“Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, afirmó Baracaldo.

Por ahora, el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud no se han pronunciado formalmente sobre las nuevas denuncias.

El caso sigue generando preocupación tanto por sus implicaciones administrativas como por el posible uso indebido de la autoridad pública para influir en decisiones técnicas y jurídicas.