A mujer trans le partieron los brazos y las piernas para luego lanzarla a un río en Bello, Antioquia: pese a las suplicas, no logró salvarse

Activistas y miembros de la comunidad Lgbti+ en Antioquia se encuentran de luto tras el crimen estremecedor que terminó con la vida de Sara “la Millerey”, como la conocían sus amigas, los primeros días de abril del 2025.

Según denuncias, que fueron compartidas en redes sociales, a Sara le partieron los brazos y las piernas antes de ser aventada a la quebrada Playa Rica, en el municipio de Bello.

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En redes sociales, familiares y amigos lamentaron la noticia, luego de que, la tarde del domingo, 6 de abril, se confirmara su fallecimiento.

Y es que, las últimas horas de Sara, fueron material para una película de terror. Sus agresores, no contentos con darle una golpiza, decidieron inmovilizarla para evitar que lograra salir de una trampa mortal en la que, a pesar de la susplicas terminó perdiendo la vía.

Su muerte es un recordatorio de los desafíos que aún enfrenta la población trans en Colombia, una de las más golpeadas por la violencia insensata que, en el 2024, se habría recrudecido, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Un informe publicado por la Defensoría del Pueblo a finales del 2024 reveló un incremento en los casos de violencia contra personas transgénero y no binarias en Colombia. Según el documento, entre enero y octubre de 2024 se contabilizaron 258 incidentes de violencia motivados por prejuicios en contra de esta población; lo que representa un aumento del 29,6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este fenómeno ha sido especialmente grave en los departamentos de Norte de Santander, Santander, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

La Fiscalía General de la Nación también reportó cifras preocupantes: hasta entonces, 26 personas transgénero habían sido asesinadas, lo que equivale a un promedio de dos homicidios por mes durante el año pasado. Estas cifras reflejan un aumento en la violencia y dejan en evidencia las barreras estructurales que enfrentan las personas transgénero en el país, según destacó la Defensoría. Entre ellas, destaca la discriminación en el acceso a servicios de salud, las condiciones adversas en los contextos penitenciarios y las dificultades para acceder a la justicia.

Aunque Colombia ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos constitucionales y legales de las personas transgénero, la Defensoría del Pueblo insiste que estos progresos no han sido suficientes para garantizar su protección efectiva. La entidad señaló que las políticas públicas actuales no han logrado abordar de manera integral las necesidades de esta población, lo que contribuye a perpetuar la violencia y la discriminación.

En este contexto, la Defensoría instó al Estado a fortalecer las políticas de protección para las personas transgénero y a destinar recursos técnicos y económicos para implementar medidas concretas. Entre estas medidas, destacó la importancia de avanzar en la ejecución del CONPES-LGBTIQ+ y en la actualización de la Política Pública Nacional LGBTI, instrumentos clave para garantizar los derechos de esta comunidad.

Como parte de las recomendaciones para enfrentar esta crisis, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno colombiano para que implemente el “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+”. Este mecanismo busca abordar de manera integral las múltiples formas de violencia y discriminación que afectan a las personas LGBTIQ+ en el país, con el objetivo de garantizar una protección efectiva de sus derechos.

Según la Defensoría, este mecanismo debe ser una prioridad para el Gobierno, ya que permitiría coordinar esfuerzos entre diferentes instituciones y sectores de la sociedad para combatir la violencia y la exclusión que enfrentan las personas transgénero y no binarias.

Las personas transgénero, en su mayoría, se enfrentan a obstáculos para denunciar los actos de violencia y discriminación que sufren, debido a la falta de sensibilidad y capacitación de las autoridades encargadas de atender estos casos. Esto contribuye a la impunidad y perpetúa el ciclo de violencia.