Organizaciones sociales denunciaron que el Clan del Golfo habría asesinado a un joven afro y retenido a dos mujeres en Antioquia

Hay conmoción en el municipio de Anorí, ubicado en el nordeste del departamento de Antioquia, tras conocerse el crimen de un joven afrodescendiente y campesino de la región, luego de que permaneciera retenido por seis días por miembros del Clan del Golfo.

Según denunció la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle, los hechos se registraron el pasado miércoles dos de abril de 2025, en la que se suma la desaparición forzada de dos mujeres en la misma región del nororiente de Colombia, lo que ha generado un clima de temor y desplazamientos masivos en las comunidades rurales.

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De acuerdo con la organización defensora, el joven fue retenido el 27 de marzo en la vereda Tesoro, una zona rural de Anorí. Posteriormente, su cuerpo habría sido enterrado por los mismos responsables en un área remota de Las Vegas, en el municipio de Segovia (Antioquia), sin permitir que sus familiares accedieran al lugar.

“El pasado 27 de marzo, integrantes del Clan del Golfo incursionaron a la vereda TESORO del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia, donde agredieron física y verbalmente a un joven afro y campesino, procediendo a privarlo de su libertad (...) el día 2 de abril, luego de seis días privado de su libertad, el Clan del Golfo asesinó vilmente al joven, sin permitir el levantamiento del cuerpo ni la entrega del mismo a sus familiares; solo se conoce que fue enterrado por este grupo paramilitar en el sitio conocido como Las Vegas de Segovia”, señaló la corporación en un comunicado.

En cuanto a la retención de las dos mujeres, los defensores de derechos humanos desconocen la situación de las dos secuestradas por el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) por lo que hicieron un llamado a respetar su vida, así como el eventual retorno a sus viviendas.

“A estos graves hechos se suma la privación de la libertad de dos mujeres del corregimiento LIBERIA, CHARCÓN, municipio de Anorí, Nordeste Antioqueño, por parte de este mismo grupo, sin que hasta el momento se tenga información alguna de su paradero”, manifestaron.

La violencia desatada en las últimas semanas ha obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares. Según detalló la corporación, al menos 32 familias, que suman un total de 112 personas, han huido hacia la cabecera municipal de Anorí en busca de refugio. Estas familias provienen de veredas como Moreno Cano, Providencia y Liberia, Charcón, donde las amenazas y los enfrentamientos han hecho imposible la vida cotidiana.

Además del desplazamiento, varias comunidades han quedado confinadas debido a la presencia de actores armados en la zona. Este confinamiento limita el acceso a alimentos, servicios básicos y atención médica, profundizando la crisis humanitaria en la región.

Frente a la gravedad de la situación, la Corporación Jesús María Valle ha hecho un llamado al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y a la Gobernación de Antioquia, a cargo de Andrés Julián Rendón, para que implementen medidas inmediatas que garanticen la seguridad y el bienestar de las comunidades afectadas.

“Hacemos un llamado urgente al gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, para que realice acciones eficaces encaminadas a la protección de la vida y las garantías de permanencia en el territorio de estas dos mujeres que se encuentran privadas de su libertad por el Clan del Golfo, las familias que se encuentran desplazadas de su territorio y la comunidad en general”, precisaron.

Así mismo, los defensores mencionaron la necesidad de garantizar el retorno seguro de las familias desplazadas y de establecer mecanismos que permitan la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y enfatizó en la importancia de desarticular los grupos armados ilegales que operan en la región.

“A la Defensoría del Pueblo en su papel de garante de los derechos humanos que acompañe a las comunidades para que no sean violentadas en sus Derechos y realice acciones de verificación de estos hechos, a fin de que se brinden soluciones claras frente a la situación de seguridad en la que se encuentra esta población”, comentaron.

Por último, la corporación responsabilizó a las autoridades nacionales, regionales y locales por las posibles consecuencias derivadas de la falta de atención a los llamados realizados por las comunidades de Anorí, Antioquia.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y organismos de derechos humanos a verificar y visibilizar estos hechos que generan graves riesgos para el tejido social y comunitario”, puntualizaron.