Consulta popular: Petro propondrá nuevas preguntas sobre créditos públicos, tras reunión en Casa de Nariño

El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió la posibilidad de ampliar los temas de la consulta popular: la misma que fue propuesta el 11 de marzo de 2025, día en que se hundió la reforma laboral, en la Comisión Séptima del Senado. Durante un encuentro con miembros de la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal del país, celebrado el jueves 3 de abril en la Casa de Nariño, hizo énfasis en esta opción.

El primer mandatario de los colombianos planteó la idea de integrar una pregunta sobre la asignación de créditos públicos y privados hacia la denominada economía popular. Y señaló que esta medida podría beneficiar a las comunidades rurales y a los grupos minoritarios, por lo que serán incluidos en el listado de interrogantes que esperan someterse a votación de los colombianos en octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Con la Confederación nacional de juntas de acción comunal. A configurar en cada acción comunal los comités por el Sí”, fue el mensaje con el que Petro dio su reporte del encuentro, que fue liderado por su ministro del Interior, Armando Benedetti: reconocido por sus capacidades de negociación y persuasión, que podrían acercar la propuesta del gobernante a diferentes sectores.

Informaciones recopiladas del encuentro con los líderes comunales dan cuenta de que se podrían destinar porcentajes de los montos que tienen que ver con líneas de crédito para que tengan como beneficiarios a los denominados grupos minoritarios y, de esta manera, se impulsen los microcréditos. Aunque la propuesta aún está en construcción, el jefe de Estado buscaría favorecer a los sectores vulnerables.

Petro sugirió que, además de esta propuesta, se podrían incluir “otras preguntas sobre otros temas”, aunque destacó que la prioridad sería preguntar sobre la manera en que se adelantaría un apoyo financiero para que poblaciones puedan desarrollar sus negocios.

En efecto, la iniciativa guardaría estrecha relación con el objetivo del primer mandatario de fortalecer su relación con actores locales, como las juntas de acción comunal, a su juicio clave en los procesos contractuales impulsados por su Gobierno. Aunque los sectores críticos a su administración y que promueven la abstención en el proceso que se avecina, han calificado la propuesta como una forma de comprar apoyos.

La consulta no solo pretende rescatar algunos de los artículos de la reforma laboral, sino también medir el respaldo ciudadano hacia el Ejecutivo de cara a las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2026. Un fin para el que se podrían invertir entre 600.000 y 700.000 millones de pesos; y que desde ya es causante de fuertes reparos, pues se pretendería hacer proselitismo con recursos estatales.

Aunque la propuesta de consulta popular aún se encuentra en etapa de desarrollo, y debe ser aprobada en primer lugar por la plenaria del Senado de la República, Petro espera que la corporación no solo apruebe las preguntas que se someterán a votación, sino que cuente con un respaldo masivo en las urnas; luego de determinarse si cumple los requisitos legales y constitucionales para convocarse.

Este paso es fundamental, ya que el mecanismo electoral no solo implica un alto costo económico, como se ha calculado desde diferentes vertientes políticas, sino también podría significar un impacto significativo en la agenda política y social del país. Además de los temas laborales y económicos, la consulta podría incluir otros asuntos de interés nacional que serían prioritarios para la administración.

Y es que la estrategia de incluir lo que se conoce como la economía popular en la consulta podría tener un impacto significativo en las comunidades rurales, que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a recursos financieros. De parte del Gobierno, estas líneas de crédito quieren fomentar el desarrollo económico local, reducir las desigualdades y fortalecer la inclusión financiera en los territorios.