Exfuncionarios, contratistas, altos funcionarios del Gobierno nacional y hasta congresistas resultaron salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que consistió en el direccionamiento de contratos y en la desviación de recursos públicos. El exdirector de la entidad Olmedo López fue el primero en prender el ventilador y revelar los nombres de las personas que habrían participado en el entramado.

Tras varios meses de presentarse ante las autoridades para revelar información adicional sobre las irregularidades que se presentaron al interior de la Unidad, el exdirector dio detalles sobre la presunta vinculación de las senadoras Berenice Bedoya y Martha Peralta en el caso de corrupción. En un interrogatorio al que se sometió, dirigido por la fiscal María Cristina Patiño, aseguró que las congresistas se interesaron indebidamente en un contrato para la ejecución de obras en Meta y Casanare.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según reportó Caracol Radio, que tuvo acceso a la audiencia, López informó que, por orden del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, se puso en contacto con la senadora Peralta; el ex jefe de cartera le pidió que “se entendiera” con ella y que la apoyara en lo que requiriera. Por eso, se reunieron presencialmente, pero en el encuentro, apareció también la congresista Bedoya.

En ese momento, señalaron en un teléfono celular lo que sería un contrato que, presuntamente, querían que fuera adjudicado. De acuerdo con sus declaraciones, las senadoras esperaban que el exdirector les ayudara a direccionarlo.

“La senadora Bedoya le pasa el celular y (Peralta) me enseña, porque yo quedo en un espacio entre las dos, me muestran la necesidad de ‘ayúdenme con este contrato, o sea, sáquenos este contrato’”, detalló el exfuncionario en el interrogatorio.

Posteriormente, López mostró a la fiscal del caso una conversación de WhatsApp que mantuvo con Martha Peralta. El diálogo corresponde al 15 de junio de 2023 y en él se pondría en evidencia el contrato en el cual las congresistas estaban interesadas: uno que supuestamente tenía como fin hacer control de erupción en el margen izquierdo del río Ariari en Puerto Concordia (Meta).

Según el hoy procesado, Peralta sirvió como intermediaria de Bedoya y lo contactó por la aplicación de mensajería para indicarle cuál era el contrato que debía gestionarse al interior de la Ungrd. “[Su intención era] buscarle a la senadora Berenice Bedoya viabilizar ese contrato a través de la Unidad de Gestión del Riesgo. La misma senadora Berenice Bedoya me envía el 13 de junio a las 9:25 a.m. ese proyecto de contrato y otro proyecto radicado en la Ungrd para Casanare, Aguazul (…) y afectaciones que ha tenido el cauce del río Únete”.

Estos hechos habrían tenido lugar cuando se estaba discutiendo la reforma pensional propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Para entonces, el exfuncionario recibió la orden de ponerse “a disposición” de Martha Peralta, que le entregó los documentos relacionados con los contratos, para que López revisara su tramitología en la entidad.

“Pues para mí era claro que, entonces, se trataba de tener satisfechos a los congresistas para que votaran en la comisión”, precisó el exdirector de la Ungrd.

Por otro lado, en una audiencia llevada a cabo el 3 de abril de 2025, la Fiscalía reveló detalles sobre el rol que cumplió el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd Luis Carlos Barreto Gantiva en el entramado de corrupción. Según indicó la fiscal delegada, el exfuncionario y otros salpicados en el caso crearon una “empresa criminal” en la que se dedicó a influir en procesos de contratación.

En su intervención, la fiscal mencionó también a César Augusto Manrique, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y al contratista Luis Eduardo López Rosero. Ambos, incurrieron en irregularidades por haber mostrado un interés indebido en algunos procesos de contratación de la entidad.

“Se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos, direccionando los empresarios a quienes se les adjudicaría a cambio el pago de coimas a terceros”, precisó la delegada del ente acusador.

Las acciones de todos los implicados en el entramado, de los cuales algunos han confirmado su actuar delictivo y han devuelto parte de los recursos públicos apropiados, contribuyeron a generar graves afectaciones en las poblaciones más vulnerables del país.

“Esta empresa criminal transgredió intereses de gran valía para la colectividad, atentó contra comunidades del departamento de La Guajira y de Santander, entre otros, quienes no pudieron percibir una respuesta adecuada por parte del Estado, en la medida en que la Ungrd dejó de lado su misión que, entre otras, es la de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas”, dijo.