La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó tres investigaciones en contra del presidente Gustavo Petro, mientras que aplazaron la fecha para decidir otros dos procesos.
De acuerdo con Semana, la Comisión de Acusación cerró la investigación 5948, relacionada con la presunta instigación a delinquir a la ciudadanía en Colombia por parte de Gustavo Petro en el violento estallido social contra el gobierno de Iván Duque.
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Además, archivaron la investigación 6009 por presunto enriquecimiento ilícito, porque, según un denunciante, el presidente Petro tenía propiedades en Miami, Bogotá y Barranquilla.
El mandatario ha mencionado en diferentes ocasiones que sí tiene una casa con un crédito que no ha terminado de pagar. La queja llegó a la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, la remitió a la Comisión de Acusación.
El citado medio precisó que la investigación 6015, que señalaba a Gustavo Petro de no defender la Constitución Política, así como de irrespetar al expresidente Iván Duque, también fue archivada.
La investigación 5089, que lo señala por estar en La Habana, Cuba, sin permiso del Congreso, cuando era senador, fue aplazada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
El entonces senador de la República comentó que se encontraba en Cuba, tratándose un supuesto cáncer. El hecho generó polémica porque el entonces Gustavo Petro no podía viajar por fuera del país sin permiso del Congreso.
“Después de asistir a la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mi caso, decidí ir a Cuba para hacerme exámenes completos de salud. Allí, se me diagnosticó una enfermedad: cáncer temprano en la junta del esófago con el estómago”, aseveró Petro en su momento.
La investigación 5992 también fue aplazada. Las fechas para seguir con las investigaciones no ha sido fijada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Financiación de la campaña
El presidente Gustavo Petro también es investigado por la Comisión Legal de Investigación y Acusación por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial en 2022.
Se está investigando si se utilizaron fuentes prohibidas para costear la campaña y si se excedieron los límites establecidos por la ley electoral. Estas acusaciones han generado un fuerte debate político, ya que podrían poner en tela de juicio la legitimidad del gobierno.
Actualmente, la Comisión Legal de Investigación y Acusación está evaluando si la campaña presidencial de Gustavo Petro incurrió en el uso de fuentes de financiación prohibidas y si se excedieron los topes de gasto establecidos para las elecciones de 2022. Estas irregularidades, de ser comprobadas, podrían tener consecuencias legales y políticas para el mandatario.
Por este proceso, la senadora Paola Holguín presentó un memorial ante el Juzgado 51 Civil del Circuito de Bogotá para respaldar la acción de tutela interpuesta por el representante Christian Garcés, quien exige que sea público el proceso en la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la campaña del presidente Gustavo Petro.
Garcés argumentó que la publicidad de la investigación es esencial para garantizar sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, así como para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Según la senadora Holguín, la Constitución establece que los expedientes y deliberaciones de la Comisión de Investigación y Acusación deben ser abiertos al público cuando involucran al presidente o a quien ejerza sus funciones.
“Ante el juzgado 51 civil del circuito de Bogotá, acompañé la tutela del representante Cristian Garcés, donde solicita que se haga público el proceso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones”, declaró Holguín.
“Como denunciante y basada en el artículo 332 de la ley quinta y 426 de la ley 600, solicito que se haga público el expediente por ser de interés de la nación, porque así lo establece la ley en casos de procesos contra el presidente”, añadió la senadora.
Además, subrayó la gravedad de las acusaciones: “Aquí lo que está en juego es la legitimidad y legalidad de su elección, que está comprometida por financiación indebida, violación de topes, falsedad en documento público y fraude procesando”.
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