Con un video en sus redes sociales, en el que aprovechó para cuestionar las políticas en materia de salud, Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial y director del partido Salvación Nacional, puso en evidencia lo que sería la crisis que atraviesa el sistema durante la administración del presidente Gustavo Petro, con problemas en la atención de pacientes y suministro de medicamentos,

Gómez Martínez, que irrumpió en la escena nacional durante la campaña presidencial de 2022, señaló que los problemas en los servicios de salud afectan a todo el territorio nacional, pese a las declaraciones oficiales del mandatario que insisten en la normalidad del sector; como lo reafirmó en el Consejo de Ministros del martes 25 de marzo de 2025, en el que la emprendió contra los gestores farmacéuticos y las EPS.

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En un pronunciamiento que hizo desde Medellín, Gómez denunció la insuficiencia de los servicios en diversas EPS y la suspensión de tratamientos médicos para pacientes crónicos y diabéticos, a raíz de la falta de medicamentos. Con ello, visitó varios dispensarios de Almacentro, en los que observó largas filas de personas esperando atención; una imagen que, según él, se repite en otras regiones del país.

“Gustavo Petro espera que olvidemos la gravísima crisis de la salud. De nuevo la misma imagen que vemos en todo el país: dispensarios colapsados a cualquier hora del día, cientos y a veces miles de personas esperando la posibilidad de que se les haga la dispensación. Y los usuarios, todos, reportan sin falta lo que venían entregándole y dispensando previamente de manera normal”, expresó Gómez.

Del mismo modo, calificó de “crisis inducida” la situación actual del sector. “Hoy, por la crisis inducida por parte del Gobierno, se ha vuelto una dificultad, pérdida de tiempo y cientos de personas esperando a veces durante horas para obtener un turno y la dispensación de sus de medicamentos. Pero al final aquí todos de plata a la que se le quita al sistema”, afirmó el político bogotano.

En su concepto, la responsabilidad recae no solo en el presidente, sino también en el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, que, según él, estarían favoreciendo a empresas vinculadas al círculo cercano del Gobierno. Y puso en tela de juicio la gestión de la Nueva EPS, pues su consolidación representaría un “monstruo” que, en su opinión, destruiría el sistema.

El pronunciamiento de Gómez llegó luego de que se conociera el anuncio de Colsubsidio, tras confirmar que servicio de urgencias en la Clínica Ciudad Roma, ubicada en el suroccidente de Bogotá, dejaría de operar temporalmente a partir del 3 de abril. Lo anterior, debido a una deuda superior a los 500.000 millones de pesos; en una noticia generó preocupación entre los usuarios frecuentes de la clínica.

En este orden de ideas, Gómez también se refirió al rechazo del Grupo Keralty, principal accionista de Sanitas EPS, que calificó de “arbitraria, ilegal y discriminatoria” la decisión de la Superintendencia de Salud de prorrogar la intervención administrativa sobre la entidad. Keralty argumentó que los resultados de la intervención han sido negativos y no han cumplido con los objetivos establecidos.

A su vez, la Corte Constitucional solicitó al Ministerio de Salud responder a varias preguntas en un plazo de dos días hábiles, tras convocar una mesa de diálogo sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC); crucial para el financiamiento del sistema de salud. Al respecto, el alto tribunal indicó que no solo busca revisar el valor de la UPC, sino adoptar decisiones más representativas y transparentes.