Procuraduría exigió explicaciones al Ministerio de Minas por inspección a EPM en medio de tensiones financieras

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio de Minas y Energía que aclare los motivos y el alcance de la inspección solicitada recientemente contra Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta solicitud se produce en un contexto de tensiones entre la Administración distrital de Medellín y el Gobierno nacional, exacerbadas por problemas financieros y decisiones judiciales que han puesto en el centro del debate a la empresa pública.

De acuerdo con El Colombiano, el llamado de la Procuraduría se origina tras la falta de respuesta del ministerio a un derecho de petición presentado por el representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, el 12 de marzo de 2025. En dicho documento, Espinal solicitó explicaciones técnicas y jurídicas sobre la inspección, pero el plazo para responder, que venció 19 de marzo, no fue cumplido. Ante esta omisión, la Procuraduría emitió un auto otorgando un plazo de cinco días hábiles al Ministerio para responder.

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El conflicto entre las partes se intensificó el 10 de marzo, cuando un juez ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno nacional por un monto de $83.309 millones. Esta medida fue resultado de una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), filial del Grupo EPM, debido a retrasos en el pago de subsidios al servicio de energía por parte de la Nación. Según consignó el medio citado, este embargo puso de manifiesto un problema financiero más amplio que afecta a todo el conglomerado de EPM.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había advertido previamente sobre un déficit acumulado de $1,25 billones en el Grupo EPM, con corte al 31 de diciembre de 2024. Este déficit incluye faltantes de $227.000 millones en la casa matriz, $62.000 millones en Chec (Caldas y Risaralda), $148.000 millones en Cens (Norte de Santander), $15.000 millones en Edeq (Quindío), $117.000 millones en Essa (Santander) y $695.000 millones en Afinia (Caribe), siendo este último el más significativo.

En declaraciones recogidas por el medio fuente, Gutiérrez expresó su descontento con la falta de acción del Gobierno nacional para resolver la deuda de los subsidios de energía destinados a los estratos 1, 2 y 3. “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, afirmó el alcalde en marzo.

En reacción al embargo judicial, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, solicitaron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que realizara una inspección a EPM y sus filiales. Según el documento filtrado el 11 de marzo, esta solicitud se fundamenta en las competencias de la Superintendencia para ejercer vigilancia y control sobre las entidades prestadoras de servicios públicos. El Ministerio justificó su acción en el marco de sus funciones de formulación y coordinación de políticas públicas en el sector energético.

No obstante, esta decisión generó cuestionamientos, especialmente por parte del representante Espinal exigiendo al Ministerio que explicara los fundamentos técnicos y jurídicos detrás de la solicitud de inspección. Hasta el momento, el Ministerio no ha entregado una respuesta formal, lo que motivó la intervención de la Procuraduría.

El auto emitido por el ente de control establece un plazo de cinco días hábiles para que el Ministerio de Minas y Energía responda al derecho de petición de Espinal. Este requerimiento busca esclarecer si la solicitud de inspección a EPM tiene un sustento técnico y jurídico adecuado o si responde a otros intereses de las tensiones entre el Gobierno nacional y el gobierno distrital de Medellín.

La falta de respuesta por parte del Ministerio podría tener implicaciones legales y políticas, además de agravar la ya tensa relación entre las partes involucradas. Mientras tanto, el Grupo EPM enfrenta desafíos financieros significativos, que podrían impactar su capacidad para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en las regiones donde opera.