
En respuesta al aumento de la violencia en Buenaventura, el puerto más importante de Colombia en el Pacífico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una estrategia que combina medidas de seguridad y programas sociales. Según informó el funcionario durante un consejo de seguridad realizado el 2 de abril, el plan busca prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales y fortalecer la presencia de la fuerza pública en la región. Este enfoque integral incluye también una oferta institucional orientada a mejorar las condiciones sociales de la población.
Benedetti explicó que la estrategia fue discutida en una reunión virtual que contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, la alcaldesa de Buenaventura, el ministro de Defensa y altos mandos militares. Durante este encuentro, se delinearon las acciones para abordar la crisis de seguridad en la zona, que ha sido escenario de enfrentamientos entre bandas delincuenciales. “La estrategia está en prevenir el reclutamiento infantil que están haciendo estos grupos ilegales y al mismo tiempo fortalecer los grupos de reacción”, afirmó el ministro, destacando la importancia de la intervención.
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El ministro del Interior anunció que la intervención en Buenaventura incluirá un aumento significativo en el número de efectivos de la fuerza pública. Según detalló, se movilizarán uniformados de distintas instituciones del Estado, lo que representará una de las mayores operaciones de este tipo en la región en los últimos años. Además, se implementará tecnología avanzada para fortalecer las capacidades de reacción ante las amenazas de los grupos armados ilegales.
Benedetti enfatizó que estas medidas buscan garantizar la tranquilidad de los habitantes del puerto. “Estamos movilizando un número importante de hombres hacia allá y todo lo que tenga que ver con tecnología lo estamos haciendo ya, estamos abordando el tema como nunca antes se ha hecho en Buenaventura”, aseguró. Estas acciones se complementarán con la creación de grupos de reacción rápida, diseñados para responder de manera inmediata a situaciones de emergencia.
Programas sociales como complemento a la intervención militar

El plan del Gobierno no se limita a una respuesta militar. De acuerdo con el ministro del Interior, la estrategia incluye una oferta social que busca atacar las causas estructurales de la violencia en Buenaventura. Benedetti explicó que esta intervención se inspira en modelos aplicados en otras regiones del país, como el Catatumbo y el Cauca, donde se han implementado programas integrales para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el conflicto.
Entre las iniciativas sociales mencionadas se encuentran proyectos educativos, como la creación de sedes universitarias, y programas de empleo dirigidos a jóvenes, que serán capacitados como gestores de convivencia y paz. Asimismo, se contempla la compra de cultivos ilícitos, como la hoja de coca, y su sustitución por alternativas legales, con el objetivo de reducir la dependencia económica de las comunidades hacia actividades ilegales. “No solamente es un tema militar, el tema militar termina siendo más o menos el 30%, lo otro tiene que ver con acompañamiento de la educación en sedes universitarias, en la compra de la hoja de coca de cultivos ilícitos, la restitución de cultivos”, explicó Benedetti.

El anuncio del Gobierno se produce en un momento crítico para Buenaventura, donde las acciones violentas de bandas delincuenciales han generado un clima de inseguridad y zozobra entre los habitantes. Actualmente, la región enfrenta un recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados, lo que ha llevado a un aumento en el reclutamiento de menores y en los desplazamientos forzados.
La intervención anunciada por Benedetti busca replicar experiencias exitosas en otras zonas del país, donde la combinación de medidas de seguridad y programas sociales ha permitido reducir los índices de violencia. Sin embargo, el desafío en Buenaventura es particularmente complejo debido a su ubicación estratégica como principal puerto del Pacífico colombiano, lo que la convierte en un punto clave para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
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