En un ejercicio de depuración realizado por la Delegada de Seguridad Territorial y las directivas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación descubrió que dentro de los más de tres millones de procesos activos, al menos 25.000 correspondían a personas fallecidas.
El hallazgo evidenció fallas en la actualización de los registros judiciales y planteó serias preguntas sobre la eficiencia del sistema de investigación criminal en el país.
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Durante la revisión de expedientes, los investigadores encontraron que miles de indagaciones seguían abiertas a pesar de que los implicados habían fallecido hace años. Algunos de estos casos llevaban más de una década en trámite sin que nadie hubiera advertido el deceso de los acusados.
El director del CTI, Fabián Andrés Ordóñez, explicó el método que se utilizó para descubrir la anomalía: “Entre el universo de indiciados, de imputados que tenemos en la Fiscalía, hay miles de personas fallecidas. Se hizo el ejercicio de cruzar con la base de datos de la Registraduría y traer de regreso acá, para mirar en cuántos de esos miles de casos deben ir a preclusión por muerte”.
El informe detalló que los más de 25.000 fallecidos estaban vinculados a 31.012 noticias criminales, lo que significa que la Fiscalía continuaba investigando delitos sin posibilidad de que los presuntos responsables comparecieran ante la justicia.
Un problema estructural en el sistema judicial
Este inusual hallazgo puso en evidencia las debilidades en la gestión de información dentro de la entidad y resaltó la necesidad de fortalecer los mecanismos de actualización de datos judiciales, pues la acumulación de casos “fantasmas” no solo satura el sistema de justicia, sino que también desvía recursos y esfuerzos que podrían estar enfocados en investigaciones vigentes y de mayor impacto.
El funcionario también explicó que este hallazgo se logró gracias a un trabajo minucioso de análisis. “Son 44 informes de analistas criminales que sirvieron de base para la estructuración de los planes de priorización de las 35 direcciones de seguridad territorial, que hacen la cobertura a la totalidad de los departamentos del país, así como los informes de análisis criminal que sirvieron de base para estructurar los planes”, agregó Ordóñez.
El caso también ha generado preocupación en algunos sectores jurídicos y de derechos humanos, quienes advierten que este tipo de errores pueden afectar la confianza en el sistema de justicia y también podría implicar la vulneración de derechos fundamentales, especialmente en casos donde los familiares de los fallecidos desconocían que sus nombres seguían vinculados a procesos judiciales.
Medidas correctivas y fortalecimiento de la investigación criminal
La Fiscalía ha anunciado la implementación de estrategias para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Como parte de la solución, se han fortalecido las Secciones de Análisis Criminal en zonas donde, pese a tres décadas de funcionamiento de la entidad, no existía este recurso fundamental para la investigación judicial.
“Teniéamos cuatro direcciones seccionales que cubren territorios muy sensibles y necesitados de nuestro país, que carecían de esta capacidad. Se trata de San Andrés Islas, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés, departamentos que ahora cuentan con secciones de análisis criminal fortalecidas y para quienes habilitamos los accesos a datos e información, así como algunas herramientas tecnológicas que les permitan cumplir cabalmente con esta actividad”, indicó el director del CTI.
Otra estrategia implementada por la Fiscalía ha sido la creación de la “comunidad de análisis”, una herramienta que permite la cooperación entre las distintas direcciones de la entidad para evitar el trabajo fragmentado y mejorar la eficiencia en la investigación criminal.
Mientras se avanza en la depuración de archivos y la aplicación de correctivos, este episodio deja en el aire interrogantes sobre la calidad del registro de procesos en Colombia y la necesidad de actualizar la justicia a los nuevos desafíos tecnológicos y administrativos. Asimismo, se espera que este proceso sirva de precedente para mejorar la trazabilidad de las investigaciones y optimizar el uso de los recursos en la lucha contra la delincuencia en el país.
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