El asesinato de Jaime Vásquez, un veedor ciudadano en Cúcuta, ha cobrado una nueva dimensión tras la reciente operación de extinción de dominio que involucra al presunto narcotraficante alias Fresa y a su primo Juan Guillermo Rojas Matamoros.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado de crimen organizado ahora se entrelaza con un entramado político y financiero que llega hasta el exgobernador de Norte de Santander William Villamizar y su círculo cercano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Jaime Vásquez, conocido por su rol como veedor ciudadano, estaba recopilando información sobre una operación de extinción de dominio antes de ser asesinado en Cúcuta.

De acuerdo con nuevas versiones por parte de W Radio, Vásquez había documentado presuntos vínculos entre la compra y manejo de bienes en Norte de Santander y figuras políticas influyentes, entre ellas, el exgobernador William Villamizar, su esposa Cecilia Soler Gómez y su hija Paola Villamizar.

Según los registros que manejaba el veedor, algunos de estos bienes estarían ligados a la red de Juan Guillermo Rojas Matamoros, primo de alias Fresa, quien ha sido señalado por las autoridades de operar una estructura criminal de lavado de activos.

La coincidencia entre la investigación adelantada por Vásquez y las recientes medidas de extinción de dominio ha despertado interrogantes sobre los motivos detrás de su asesinato y si su trabajo pudo haber representado una amenaza para ciertos sectores del poder en la región.

Los hechos sobre la extinción de dominio se enfocó en los bienes de alias Fresa y su primo, pero las nuevas revelaciones han ampliado el alcance de la investigación.

Se ha señalado que no solo se trata de propiedades vinculadas al narcotráfico, sino de un entramado de bienes que involucra a la familia del exgobernador Villamizar y a otros políticos locales, de acuerdo con el medio citado.

Uno de los casos más llamativos es el de Romarty Inversiones SAS, una empresa que, según las investigaciones, era propiedad del yerno del exgobernador.

Esta compañía cambió su razón social para convertirse en Complejo Hotelero y Turístico La Montaña SAS, un establecimiento que ha sido señalado como punto de encuentro para reuniones políticas y de negocios.

Lo llamativo es que su administración ha estado en manos de personas con antecedentes penales o bajo investigación, lo que ha generado dudas sobre su verdadero propósito.

Otro aspecto clave que ha surgido es la cercanía entre ciertos políticos de la región y figuras del poder judicial. Un ejemplo de esto es el representante Wilmer Carrillo, quien en el pasado figuró en la lista de investigados en el caso del veedor Vásquez.

Carrillo, además, tuvo un papel clave en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde archivó una investigación contra el fiscal general Francisco Barbosa.

Esto ha llevado a cuestionamientos sobre si existe una red de protección que ha impedido que las investigaciones contra Villamizar y su círculo cercano prosperen.

“Siempre le pasan cerca, sin que le pase nada”, ha sido una frase recurrente en la región cuando se habla de las investigaciones contra el exgobernador Villamizar. A pesar de los múltiples señalamientos y procesos en su contra, ha logrado evadir consecuencias legales, lo que refuerza las sospechas sobre un posible blindaje político y judicial.

Otro elemento que ha salido a la luz es la relación de Juan Guillermo Rojas Matamoros con el gobierno de Iván Duque.

Se ha revelado que Rojas Matamoros fue contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad clave en la asignación de contratos de emergencia y reconstrucción.

Este vínculo plantea la posibilidad de que haya existido un favorecimiento en la adjudicación de contratos estatales, lo que añade una nueva capa de complejidad a la investigación.