El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso, en una sesión convocada por la congresista Saray Elena Robayo Bechara, que la Contraloría realizará un seguimiento constante a la Dian.
Durante su intervención, el funcionario respondió a un total de 21 preguntas, divididas entre 14 relacionadas con las reservas presupuestales y siete enfocadas en las fiducias, según el medio Caracol Radio.
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Rodríguez Becerra presentó un análisis detallado sobre la situación económica del país, expresando su preocupación por lo que calificó como una “compleja” gestión presupuestal y de recaudo.
Según informó el contralor, la Contraloría General ha iniciado un seguimiento exhaustivo a la labor de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con el objetivo de monitorear el comportamiento del recaudo tributario.
Este seguimiento, explicó, busca identificar posibles irregularidades y tomar medidas correctivas de manera oportuna, evitando esperar hasta el cierre del año fiscal, como ha sido la práctica habitual.
Advertencias sobre la gestión presupuestal
Según el medio citado, Rodríguez Becerra destacó la importancia de entregar balances periódicos sobre el desempeño de la Dian, subrayando que esta estrategia permitiría implementar ajustes necesarios para cumplir con las metas establecidas.
Durante su intervención, Rodríguez Becerra recordó que la Contraloría había emitido advertencias en varias ocasiones sobre la formulación y ejecución del Presupuesto General de la Nación.
Según detalló, estas observaciones comenzaron en las comisiones económicas del Congreso durante la discusión del presupuesto para la vigencia 2024.
La entidad expresó su preocupación por las estimaciones de ingresos y gastos, señalando que estas no se alineaban con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo ni con los objetivos de la planeación presupuestal, que incluían mejoras en el recaudo.
Preocupaciones por el presupuesto 2025
El contralor también mencionó que, en febrero de 2024, la Contraloría emitió una advertencia específica sobre el decreto de liquidación del presupuesto general.
Según explicó, el manejo presupuestal plasmado en dicho decreto no cumplía con las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que generó desacuerdos dentro de la entidad.
En respuesta, se implementó un seguimiento continuo para identificar posibles desviaciones que pudieran comprometer las metas del Plan Nacional de Desarrollo.
Rodríguez Becerra también se refirió al análisis realizado por la Contraloría en agosto de 2024 sobre el proyecto de presupuesto para la vigencia 2025.
En este caso, la entidad encontró discrepancias significativas en las metas de viabilidad fiscal y recaudo proyectadas.
Según el contralor, estas metas no eran compatibles con los patrones históricos ni con las expectativas de crecimiento económico del país.
Ante esta situación, la Contraloría decidió intensificar el monitoreo en tiempo real de los principales tributos nacionales, con el propósito de identificar posibles desajustes y evitar recortes presupuestales que afecten la ejecución de los programas gubernamentales.
Rodríguez Becerra enfatizó que la entrega de informes periódicos sobre el comportamiento de los tributos es una herramienta clave para tomar decisiones informadas y corregir posibles desviaciones antes de que estas generen impactos considerables en las finanzas públicas.
Déficit en el recaudo y su impacto en el gasto público
El déficit en el recaudo tributario no solo afectó los planes de gasto del Gobierno en 2024, sino que también ha obligado a realizar ajustes fundamentales en las proyecciones para 2025.
Según recordó Portafolio, el Gobierno Nacional redujo su estimación de ingresos en 12 billones de pesos debido a la no aprobación de la ley de financiamiento.
Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el recaudo podría ser 34 billones de pesos inferior al Plan Financiero presentado por el Ejecutivo.
Este déficit pone en riesgo la financiación de los programas sociales y el gasto público, lo que subraya la necesidad de implementar medidas urgentes para fortalecer el sistema tributario.
La Contraloría ha señalado que este seguimiento busca identificar las debilidades en el sistema de recaudo y emitir alertas tempranas que permitan tomar decisiones oportunas.
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