En medio de las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, la Fiscalía reveló detalles sobre una presunta operación de lavado de activos que habría sido ejecutada a través de una fundación y una empresa denominada Grupo de Energía Delta.
La fiscal encargada del caso, Lucy Laborde, señaló que los fondos supuestamente lavados habrían sido recaudados en nombre de la campaña presidencial de su padre. La investigación apunta a que estos recursos habrían sido canalizados mediante la mencionada empresa.
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El Grupo de Energía Delta apareció por primera vez vinculado a Nicolás Petro en la hoja de vida que este presentó a la Asamblea del Atlántico al asumir su cargo como diputado.
En el documento, Petro Burgos afirmó haber trabajado como consultor externo en el área jurídica de la empresa entre mayo de 2013 y agosto de 2018.
Sin embargo, el representante legal de la compañía, Henry Patiño Poveda, apareció tras los señalamientos de la Fiscalía y aclaró cuál fue el vínculo real que mantuvo el entonces diputado con su compañía.
En una entrevista concedida a El Tiempo, Patiño reconoció que Nicolás Petro nunca trabajó en la empresa y que su certificación se dio como un favor a uno de los aliados del diputado.
Patiño Poveda explicó que en julio de 2023 recibió la visita de dos investigadores de la Fiscalía, a quienes entregó una certificación que desmentía cualquier vínculo laboral entre Petro Burgos y su empresa.
No obstante, reconoció que en 2018 firmó un documento que acreditaba a Nicolás Petro como asesor jurídico de la firma, aunque aclaró que lo hizo como un favor personal a un antiguo gestor comercial del Grupo de Energía Delta, Wilman Camargo.
“A finales de agosto de 2018, Wilman Camargo, gestor comercial, llegó a mi oficina con Nicolás y me lo presentó. Yo sabía que era el hijo de Gustavo Petro pero en ese momento no se hablaba de candidaturas”
Según su relato, Camargo le explicó que Petro Burgos necesitaba el documento para fines académicos, posiblemente relacionados con un posgrado.
Patiño Poveda afirmó que actuó de buena fe y desconocía que el documento sería utilizado en la Asamblea del Atlántico o que terminaría vinculado a una investigación por lavado de activos.
“Nicolás se paró un momento a hablar por celular y Wilman me dijo que necesitaba que les hiciera el favor de darles una certificación laboral por 5 años. Que Nicolás era abogado, que iba a hacer un posgrado o algo así y la necesitaba para fines académicos”, comentó el representante legal a El Tiempo.
Frente a los señalamientos de la Fiscalía sobre la presunta participación en lavado de activos, Patiño negó cualquier relación de su compañía con actividades ilícitas y aseguró que su empresa es de carácter familiar. Además, defendió la legalidad de los bienes que posee, incluyendo una casa adquirida hace dos décadas y los apartamentos de sus hijas, que, según él, fueron comprados con recursos legítimos.
“Mi empresa es familiar. Estamos mi esposa, mis hijas y yo. ¿Cuál lavado de activos?”, concluyó el representante de Grupo de Energía Delta
Ante las versiones de Henry Patiño, el abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, también ofreció declaraciones al medio, reiterando que su cliente no tuvo ningún vínculo laboral, contractual ni comercial con el Grupo de Energía Delta.
Según Carranza, Petro Burgos exploró la posibilidad de estructurar proyectos relacionados con energía y cartera para la empresa, pero estas iniciativas no prosperaron y, por lo tanto, no hubo pagos ni compensaciones.
Carranza calificó las acusaciones como parte de una persecución mediática y judicial contra su cliente y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que Nicolás Petro no participó en operaciones de lavado de activos. Asimismo, negó que Petro Burgos haya realizado compras de criptomonedas, un aspecto que también ha sido objeto de especulación en el caso.
En cuanto al delito de lavado de activos, el abogado señaló que el empresario Enrique Hilsaca, conocido como “El Turco”, reconoció haber entregado dinero a Nicolás Petro proveniente de fondos lícitos, lo cual, según Carranza, descarta la existencia de un delito.
Cuando se le preguntó si era consciente de que la certificación laboral que firmó podría constituir falsedad en documento privado, Henry Patiño Poveda admitió su error y afirmó estar dispuesto a asumir las consecuencias legales. Sin embargo, destacó que el delito ya habría prescrito, dado que han transcurrido más de seis años desde que se emitió el documento.
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