Los peajes subirán de precio a partir del 1 de abril: cuáles son los más caros y los más baratos

El aumento en las tarifas de los peajes en Colombia, que se hará efectivo este martes 1 de abril, generará un impacto significativo en el bolsillo de los ciudadanos y ya desató protestas en varias regiones del país. El ajuste corresponde a un incremento del 1,86%, con lo que se completa el valor pendiente del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, que fue del 9,28%. Este aumento se suma a los ajustes hechos previamente en enero de 2025, cuando las tarifas subieron un 2,78% y un 5,2%, respectivamente, como parte de la normalización de los precios tras el congelamiento decretado por el Gobierno nacional en 2023.

El ajuste afecta a los 152 peajes administradas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Sin embargo, algunas concesiones, como el caso del Túnel de Oriente en Antioquia, decidieron no aplicar el incremento, manteniendo su tarifa en $25.000.

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Con el nuevo ajuste, algunos peajes se consolidaron como los más caros del país. El peaje de Pipiral, en la vía al Llano, lidera la lista con una tarifa de $26.893. Le siguen el Túnel de Oriente, que permanece en $25.000; el peaje de Aburrá, en Antioquia, con $23.300; Guaico, en Risaralda, con $24.107; y Circasia, perteneciente a Autopistas del Café, con $21.643.

Otros destacados por sus altos costos incluyen Cisneros, en Antioquia, con $21.600; Palmitas, también en Antioquia, con $20.198; Boquerón I y II, con $19.249; El Corán, con $18.964; y Puerto Triunfo, con $17.464.

El Ministerio de Transporte estableció excepciones temporales en el cobro de algunos peajes. Durante un período de seis meses se suspenderán los cobros en ocho estaciones: Fusc, Andes y Unisabana, ubicadas en la autopista Norte; El Placer, en la vía Rumichaca-Pasto; Cisneros, en Antioquia; Carmen de Bolívar, en la concesión Puerta del Hierro; la autopista al mar, en el noroccidente antioqueño; y la Transversal Siga-Machetá, en Boyacá.

Estos buscan aliviar la carga económica para los usuarios de estas rutas, aunque no eliminan la controversia generada por los incrementos en otras estaciones.

El ajuste en las tarifas responde a la necesidad de indexar los precios al IPC, un mecanismo que busca mantener el valor del dinero en el tiempo. Además, existen incrementos contractuales que se aplican una vez que el Estado recibe obras financiadas y construidas por concesionarios privados, como túneles, viaductos o segundas calzadas. Estas obras, en teoría, reducen los tiempos de viaje y los costos logísticos.

Un ejemplo de ello es el caso de la concesión vial Devimar, que administra el peaje del Túnel de Occidente. Según declaraciones previas de la concesión, el incremento aplicado corresponde al 60% del valor pendiente por normalizar del IPC de 2023, además de un ajuste adicional estipulado en el contrato de concesión firmado en 2015. Este aumento estaba previsto para 2022, pero fue aplazado por el decreto 050 de 2023 del Ministerio de Transporte.

El impacto de los incrementos no ha pasado desapercibido. El 31 de marzo se registraron protestas en el pico Las Flores, ubicado en la Troncal de Occidente, en Corozal (Sucre). Los manifestantes expresaron su preocupación por la incertidumbre generada ante la próxima entrega de la administración de la vía a la ANI y al Invías, programada para el 20 de abril.

En el departamento de Córdoba, el gremio de transportadores también manifestó su descontento. En días recientes, hicieron bloqueos en los peajes de Caucasia, La Apartada, Montelíbano y Planeta Rica, exigiendo una reducción del 50% en las tarifas. Argumentaron que los costos actuales son excesivos y que las demoras en el mantenimiento de las vías agravan la situación.

Ante estas manifestaciones, la ANI reiteró su disposición para continuar los espacios de diálogo con la Gobernación de Córdoba y los representantes de los transportadores, con el objetivo de buscar soluciones concertadas.

La controversia en torno a los pesajes no es nueva. En años anteriores ya se habían presentado quejas por los incrementos en las tarifas de algunos pesos, especialmente en Antioquia.

La exministra de Transporte María Constanza García explicó que estos aumentos están relacionados con las tarifas pactadas en los contratos de concesión adjudicados en 2014 y 2015, los cuales incluyeron ajustes necesarios para el cierre financiero de los proyectos.