Hay temor de apagón en el país por negativa del Gobierno Petro a pagar subsidios de energía para estos estratos

El panorama del sector energético colombiano enfrenta una encrucijada crítica financiera que pone en jaque la prestación del servicio en varias regiones del país. Un factor clave de esta situación radica en las deudas por subsidios que el Gobierno mantiene con las distribuidoras de electricidad. Estas deudas, que según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) ascienden en la actualidad a $2,7 billones, generan preocupaciones sobre posibles apagones en zonas vulnerables.

Asocodis explicó que estos subsidios benefician a los estratos sociales más bajos (uno, dos y tres) y son costeados de manera parcial por los usuarios de estratos más altos (cinco y seis), además de aportes de los sectores industrial y comercial, y financiamiento directo del presupuesto nacional. “La crisis que está atravesando el sector es por el tema de los subsidios. La opción tarifaria tiene un esquema de recuperación pero los subsidios no”, dijo el director ejecutivo de la asociación, José Camilo Manzur, .

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Manzur explicó que el subsidio para el estrato uno cubre hasta el 60% del costo unitario de la electricidad, el del estrato dos un 50%, y el del estrato tres el 15%, lo que marca una diferenciación clave para asegurar el acceso al servicio eléctrico entre las comunidades más vulnerables. Sin embargo, estos beneficios, diseñados para garantizar la equidad energética, tienen un fuerte impacto en las finanzas de las empresas distribuidoras si no se cumplen los compromisos del Gobierno.

De igual manera, señaló que, a pesar de que el Gobierno abonó $100.000 millones en febrero, esto representa apenas un pequeño avance frente a la deuda total, que solo se redujo de forma marginal de $2,8 billones a $2,7 billones. El impacto acumulado de retrasos en pagos resulta crítico para la sostenibilidad del sector.

Además, la situación derivada de la pandemia del covid-19 agravó esta realidad. Debido a la crisis sanitaria global se implementaron como la opción tarifaria, un mecanismo para evitar fuertes incrementos en las tarifas al consumidor. Sin embargo, la misma generó otra acumulación de deuda, al alcanzar en momentos críticos los $5 billones, aunque se redujo a $3,1 billones hacia febrero de 2025.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, mostró preocupación frente a la situación crítica que atraviesan varios prestadores de servicios públicos domiciliarios, como Enercer y Afinia, debido al incumplimiento en el pago de la deuda de subsidios departe del Gobierno nacional.

Al respecto, solicitó “solventar urgentemente la deuda para garantizar continuidad en los servicios de energía eléctrica y gas natural para todos los ciudadanos, así como asegurar que Air-e Intervenida pueda cumplir las obligaciones de pago con otros agentes de la cadena’. Esto, ante la delicada situación que ya viven algunas empresas y el inminente riesgo de suspensiones del servicio en algunas partes del país.

Recordó que Colombia cuenta desde hace más de 30 años con una política pública clara de solidaridad en la que el Gobierno nacional entrega a las empresas prestadoras de energía y gas los recursos del Presupuesto General de la Nación que son faltantes para cubrir el subsidio que se entrega a los usuarios más vulnerables del país.

Esto es lo que permite que a usuarios de estrato uno se les aplique un descuento hasta del 60% del costo unitario del servicio de energía eléctrica y gas natural; hasta del 50% para estrato dos de ambos servicios; y de 15% para los usuarios de estrato tres de energía eléctrica.

Por tanto, Andesco, por medio de un comunicado, expuso lo siguiente:

• El incumplimiento del Gobierno pone en riesgo la continuidad del servicio al no poder pagar obligaciones contractuales con proveedores, afectando especialmente a los usuarios de menores ingresos. Las empresas están comprometidas con la continuidad de los servicios públicos y lo han demostrado de manera inquebrantable, pero al no recibir la totalidad de los recursos del Estado por más de tres trimestres seguidos se han visto obligadas, en muchos casos, a limitar el pago a sus proveedores lo que afecta la continuidad de la operación.
• No se puede exigir la prestación del servicio sin reconocer los costos que implica garantizarlo. Las empresas prestadoras de servicios públicos operan bajo los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia establecidos en la Ley 142 de 1994. Exigir la prestación incondicional del servicio sin los recursos necesarios para cubrir los costos que ello implica representa una carga desproporcionada para los prestadores y una amenaza a su estabilidad.
• Las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos deben considerar la viabilidad del sistema y su responsabilidad como interventor de Air-e. Según lo dispuesto en el artículo 370 de la Constitución Política y el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, le corresponde a la Superservicios efectuar la inspección, vigilancia y control de quienes prestan los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Esto busca asegurar la prestación eficiente, la sostenibilidad financiera y preservar los derechos de los usuarios. Por lo tanto, las competencias de esta entidad deben reconocer que la sostenibilidad del sector depende de que los agentes cuenten con los recursos necesarios para operar y cumplir sus obligaciones contractuales.

• En tal sentido, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales debe considerar que uno de los principales instrumentos de intervención del Estado en los servicios públicos, establecido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, es el “otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos”. Por ello debería coadyuvar en las gestiones que realizan las empresas para lograr el otorgamiento de los subsidios a los usuarios.
• Tampoco puede olvidarse que la toma posesión con fines de liquidación tiene como fundamento proteger el interés general, el orden económico y evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios. Es por ello que resulta imperativo que en desarrollo de sus funciones de monitoreo y seguimiento a AIR-E S.A. E.S.P. y de la estructuración de la solución empresarial, la Superintendencia de Servicios Públicos priorice el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico, que ya supera $1.5 billones, poniendo especialmente a los generadores térmicos en riesgo.
• El gremio exige soluciones concretas y cumplimiento del Gobierno nacional, sin condicionamientos fuera de la ley. Si bien, el día de ayer, gracias al anuncio realizado por la empresa de gas Enercer y Andesco, se suscribió un compromiso de pago inmediato del Gobierno evitando la interrupción del servicio de gas natural para más de 22.000 familias en Boyacá, ratificamos la necesidad de que este se cumpla, y sea extensivo para todas las empresas a las que se les adeuda.
• Se debe honrar las deudas para no poner en riesgo al país, pagando a las empresas de energía y gas la totalidad de la deuda acumulada por subsidios ya aplicados, que para la vigencia 2024 es de $2.84 billones con corte a 28 de febrero de 2025. Lo anterior con el fin de asegurar el flujo de recursos y evitar afectaciones a la prestación del servicio para los usuarios.