La Corte Suprema abrió investigación contra Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc, por presuntas amenazas contra la directora de Rosa Blanca

La congresista Sandra Ramírez, perteneciente al Partido Comunes, que es conocida por su férrea defensa de su papel como exintegrante de las Farc, se encuentra en el centro de una nueva controversia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una indagación preliminar en su contra debido a las denuncias de supuestas amenazas que habría hecho contra la directora de la Corporación Rosa Blanca, Sara Morales. Esta organización es conocida por su liderazgo en la lucha contra el abuso sexual de menores por parte de excomandantes de la extinta guerrilla a la que la senadora perteneció.

La decisión de abrir la indagación preliminar fue tomada por el magistrado Héctor Javier Alarcón, que estará al frente del caso, de acuerdo con la información divulgada por Caracol Radio. El proceso se inicia luego de una denuncia presentada por Sara Morales, que acusó a la congresista Sandra Ramírez de realizar amenazas en su contra. La acusación se originó a raíz de un contexto de creciente tensión alrededor de las denuncias de abuso sexual por parte de exintegrantes de las Farc.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este caso puso nuevamente bajo el reflector público el vínculo entre la política colombiana y los hechos ocurridos durante el conflicto armado, en particular en lo relacionado con las denuncias sobre abuso sexual de menores en las filas de la guerrilla. La ONG Rosa Blanca ha sido una de las principales voces en la lucha por la verdad y la reparación de aquellos niños y niñas que sufrieron las consecuencias del reclutamiento forzado y los abusos cometidos durante la guerra.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Corte, la presión ejercida sobre Morales no solo implicó un intento de silenciar su trabajo, sino que representó un obstáculo significativo en el camino hacia la reparación y justicia para las víctimas.

El conflicto se intensificó aún más tras una declaración de una mujer identificada como Deisy, que narró públicamente en una entrevista radial, al medio citado, los años de sufrimiento que vivió al ser reclutada por las Farc y abusada sexualmente por miembros de la organización.

La mujer aseguró que, durante su tiempo en las filas guerrilleras, la ahora congresista Sandra Ramírez jugó un papel en la selección de menores de edad para ser sometidas a abusos sexuales por los comandantes de la guerrilla. Esta revelación causó un gran revuelo entre los grupos de víctimas del conflicto armado, que pidieron justicia por los crímenes relatados por Deisy.

De acuerdo con su relato para el programa matutino 6AM, la mujer reveló que Ramírez ordenaba “sancionarlos” y cuestionaba, “¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer?”, y agregó que: “Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la Senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las Farc. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”.

“‘Pablo Catatumbo’ me daba mucho asco”, señaló la víctima del conflicto, al destacar que muchos de los exlíderes de las extintas Farc actualmente ocupan puestos públicos y de poder. Criticó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no los haya escuchado y enfatizó que varias de estas figuras deben ser sometidas a un proceso judicial.

Ante esta historia, el caso de Sandra Ramírez podría representar un punto de quiebre en el debate sobre la justicia transicional en Colombia, ya que pone en primer plano las denuncias de abuso sexual y otros crímenes graves cometidos durante el conflicto armado. La forma en que este proceso avance podría influir en la percepción pública sobre la responsabilidad de los excombatientes y sobre la manera en que se debe garantizar justicia para las víctimas.

Por ahora, la Corte Suprema de Justicia continuará con la indagación preliminar bajo la supervisión del magistrado Héctor Javier Alarcón.