Gobernador de Santander propuso polémico impuesto para la seguridad en el departamento y hasta Gustavo Petro opinó: “Se están poniendo impuestos de tipo regresivo”

La implementación de una sobretasa de seguridad en las facturas de energía eléctrica en el departamento de Santander (oriente de Colombia), ha generado todo tipo de reacciones en los sectores políticos y sociales del país.

Mientras que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, explicó que este cobro adicional para los ciudadanos busca recaudar fondos para fortalecer las estrategias de seguridad en la región, otros sectores consideran que es una medida regresiva y afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Uno de los críticos de la medida fue el presidente Gustavo Petro que, por medio de su cuenta de X, señaló que los impuestos aplicados a servicios públicos esenciales, como el agua o la energía, no solo son regresivos, sino que también contravienen los principios establecidos en la Constitución Política colombiana.

“Cuando se colocan sobretasas de cualquier tipo sobre facturas del agua o de la energía, se están poniendo impuestos de tipo regresivo en general a toda la población. La constitución nos ordena es ponerlas de manera progresiva, es decir, que afecten más a los que más tienen y no a los que menos”, escribió el mandatario nacional en sus redes sociales.

Así mismo, el jefe de Estado colombiano le sugirió al mandatario departamental que se suspenda el cobro tarifario a los santandereanos, al considerar que esta medida afectará tanto a los propietarios como a los inquilinos de viviendas que consumen el servicio.

“Una tarifa sobre agua o energía, afecta por igual arrendatarios o propietarios. En esto es mejor dejar los servicios públicos esenciales sin este tipo de sobre tarifas, que crean es más inseguridad y ponerlas, si es necesario, por parte de los mandatarios y corporaciones locales, sobre la propiedad y de manera estratificada”, agregó.

Incluso, el presidente Petro propuso que, en vez del servicio de energía, se financie el transporte público. “El transporte público masivo, podría ser gratuito, si se financia de esta manera, por ejemplo. Sería una gran medida de descongestión para las grandes ciudades”, concluyó.

Además del presidente Gustavo Petro, otros funcionarios y sectores rechazaron la medida propuesta por el gobernador de Santander, como fue el caso del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, considerándola contraproducente por las graves afectaciones que trae al bolsillo de la gente.

“Se trata de la misma tasa de seguridad que tienen los habitantes del departamento del Atlántico y contra la que llevan luchando varios años, el cobro de esta tasa trae consigo implicaciones jurídicas y económicas donde se les impone a los usuarios un valor fijo independiente de su consumo de energía, lo que contradice los principios de justicia y equidad tributaria establecidos en la Constitución”, expresó el jefe de cartera en rueda de prensa.

Entre tanto, el Comité Intergremial de Santander, organización que reúne a los gremios empresariales del departamento colombiano, se sumó a las voces de rechazo, manifestando que la propuesta no fue consensuada con todos los sectores de la región.

“Si además se entiende que ese tributo se cobraría proporcional al consumo de energía de las empresas, sin contemplar ni atender su situación económica particular (como por ejemplo si la atiende un tributo como el impuesto de renta), el tema se torna más complejo”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, el diputado Danovis Lozano (Alianza Verde) cuestionó que el proyecto es una especie de ‘jugadita’ del gobernador contra los santandereanos.

“Juvenal prometió seguridad al 100, pero al 100 % del bolsillo de la gente, a los impuestos nuevos que quieren crear. Alertamos al pueblo santandereano cuando se vaya a debatir”, declaró en sus redes sociales.

Mientras que el abogado penalista Carlos Mario Patiño advirtió que, de llegar a ser aprobada la iniciativa, sería declarado inconstitucional.

“Lo que interpretaron en Antioquia y parece que están interpretando en Santander, es que el hecho generador no era la suscripción, sino el uso del servicio público. Entonces le solicitan a las empresas de servicios públicos domiciliarios que reporten el uso que los usuarios hacían de energía y crearon una tasa a partir de los kilovatios hora para cobrar ese impuesto, y eso es absolutamente ilegal”, mencionó en diálogo con el programa ‘El Calentao’ de Rtvc.

El proyecto de ordenanza que pretende implementar un cargo tributario para los habitantes del departamento de Santander, denominado Tasa Especial de Seguridad Multidimensional, se encuentra en discusión por la Asamblea Departamental de Santander.

En su explicación al cabildo departamental, el mandatario local aseveró que este tipo de medidas no es novedosa, ya que se han venido aplicando en otras regiones del país como los departamentos de Atlántico y Antioquia.

“Esto nos va a ayudar a darle las cámaras a los municipios que las necesitan, a darle la movilidad a la Fuerza Pública que se necesitan, a arreglarle las instalaciones a los soldados y policías que lo necesitan, pero también para arreglar los escenarios deportivos y la seguridad vial”, respondió el gobernador Díaz Mateus en un video publicado en sus redes sociales.

En el caso de Santander, el cobro propuesto será de 66 pesos colombianos por kilovatio consumido. Esto significa que un hogar con un consumo mensual de 100 kilovatios deberá pagar un monto adicional de 6.600 pesos colombianos en su recibo de luz.

Adicionalmente, Díaz Mateus enfatizó que este cobro aplicará únicamente a los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores comercial e industrial. Inicialmente, el estrato 3 también estaba incluido en la propuesta, pero fue excluido tras una reunión entre el gobernador y los diputados.

“Lo que estamos proponiendo es una tasa a la seguridad, establecida en una ley del 2010, que ya tienen departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar, Atlántico, y que nos va a servir para mejorar la seguridad”, añadió.

El proyecto ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea de Santander, y se espera que en el mes de abril, la propuesta sea discutida en segundo debate, donde la administración departamental espera que la propuesta sea aprobada para comenzar a implementar el cobro en las facturas de energía eléctrica.