Al parecer, Petro está en contra de los técnicos del Gobierno: funcionarios denuncian presiones y despidos arbitrarios

Desde el 7 de agosto de 2022, es decir, desde que el presidente Gustavo Petro inició su mandato, generó diversas controversias con funcionarios de distintas entidades estatales. Sus críticas se dirigieron especialmente a los técnicos y empleados de carrera administrativa, que supuestamente lo acusaron de obstaculizar su gestión e incluso de ser “uribistas”. Estos señalamientos provocaron una fuerte reacción por parte de los afectados, que defendieron su labor y rechazaron las afirmaciones del mandatario.

Estas personas fueron contactadas por el diario paisa El Colombiano, el medio reveló que el conflicto más reciente se originó en el Ministerio de Salud, tras la salida de un grupo de funcionarios encargados de fijar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que establece el valor anual de atención en salud para cada afiliado al sistema. La fuente recordó que La Silla Vacía había revelado que los técnicos recomendaron un aumento de entre el 10% y el 15%, pero la decisión final del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fijó el incremento en 5,4%. Posteriormente, los funcionarios fueron retirados de sus cargos.

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El presidente Petro justificó esta decisión con un mensaje en la red social X: “Si el equipo que calculaba la UPC por más de diez años había dejado que por más de 10 años se robaran la UPC sobredimensionándola, pues ese equipo no le sirve al país, sino a las EPS (sic)”.

Las declaraciones del mandatario fueron rechazadas por varios funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud, quienes aseguraron que su trabajo siempre se basó en datos y análisis rigurosos. Diana Cárdenas, exviceministra de Protección Social, respondió: “No, Presidente. Los funcionarios que hemos trabajado en el MinSalud no ‘sobredimensionamos’ la UPC. Usamos datos, consultamos expertos y contrastamos cálculos para cumplir con nuestro deber como servidores públicos”.

El descontento en el Ministerio de Salud motivó a que varios sindicatos enviaran una carta a la Presidencia mostraron su inconformidad: “Consideramos que sus palabras son profundamente irrespetuosas y no reflejan el sentir ni la realidad de la función pública que ejercemos con esmero y orgullo (...) Sus desafortunadas afirmaciones resultan injuriosas y estigmatizantes frente a todos aquellos auxiliares, técnicos, profesionales y asesores que nos desempeñamos y ejercemos la función pública a través de la carrera administrativa, basada en el mérito”, señala la misiva a la que tuvo acceso al fuente en mención.

El malestar no se limita al sector salud. En otras entidades también se han reportado presiones sobre los funcionarios de carrera. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), una empleada próxima a pensionarse relató que los nuevos contratistas han recibido instrucciones de no interactuar con el personal de carrera reveló a la fuente paisa que: “Les prohíben hablar con nosotros, los técnicos o los de carrera. En 30 años yo no había visto eso”.

De acuerdo con el medio, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), adscrita al Ministerio de Agricultura, también se han presentado cambios drásticos en la gestión. Un funcionario denunció que la nueva administración “no entra a preguntar qué problemas hay, sino que llega a explotar a los funcionarios técnicos con sobrecarga laboral para aburrirlos”.

En el sector de Hacienda, la situación no es distinta, pues se conoció que ante la salida del ministro Diego Guevara, tras advertir la necesidad de mantener recortes en los programas gubernamentales, ejemplifica el trato que han recibido quienes expresan opiniones técnicas contrarias a las directrices del Gobierno. En su lugar fue designado Germán Ávila, exintegrante del M-19, cuya falta de experiencia en el sector financiero provocó inquietudes en los sectores económicos.

El Fondo de Pensiones y Cesantías de los Empleados Públicos Territoriales (Fonpet) también fue objeto de controversia. El Colombiano reveló audios y actas que evidencian el presunto mal manejo de funcionarios ideologizados, que supuestamente han marginado a los empleados con perfil técnico y fue en ese momento en que el presidente Petro dijo en un discurso: “En Hacienda hay un ‘pocotón’ de uribistas guardándonos los proyectos para que no avancemos (sic)”.

Uno de los sectores que recibió especial atención es la diplomacia. Petro había prometido privilegiar el mérito y la experiencia de los funcionarios de carrera en el servicio exterior, pero la realidad fue distinta. Según Diego Bautista, presidente de Unidiplo, “al igual que administraciones anteriores, Petro no ha priorizado el mérito y la experiencia de los funcionarios de carrera (...) la diplomacia no puede reducirse a ciclos políticos”. Actualmente, el 34% del personal diplomático no pertenece a la carrera diplomática.

El caso más notorio en la Cancillería fue el del exsecretario general Juan José Salazar, quien se opuso a la decisión del presidente Petro de desconocer la licitación de pasaportes adjudicada a la empresa Thomas Greg & Sons. Por su postura, fue destituido y denunció maltrato institucional: “Fue desastroso y demasiado grave (...) Es un maltrato que a los funcionarios nos digan que somos uribistas solo por hacer nuestro trabajo. El presidente Petro es arbitrario”.

La situación refleja una constante en la administración de Gustavo Petro, que ha tenido 53 ministros, 126 viceministros y ha dejado sin dirección fija entidades clave como Comercio Exterior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Los ataques a los funcionarios de carrera han generado un clima de inestabilidad en el sector público y han puesto en duda la gestión del mandatario a 16 meses de finalizar su período presidencial.