Caso Álvaro Uribe: Miguel Ángel del Río explicó por qué la recusación a la jueza Heredia es una maniobra dilatoria

El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez afronta una etapa decisiva, dado que la proximidad de la fecha de prescripción de los presuntos delitos que se le imputan, que se cumpliría en octubre de 2025, ha generado una tensión palpable entre las partes, especialmente porque la defensa supuestamente busca agotar todos los recursos que impidan la culminación oportuna del juicio.

Pese a este riesgo, el 28 de marzo se reanudaron las audiencias, luego de que la jueza 55 de conocimiento en Bogotá rechazara una recusación interpuesta por la defensa de Uribe.

Esta recusación fue presentada por el abogado Jaime Granados, que argumentó que la jueza Sandra Heredia no garantizaba la imparcialidad del proceso al, supuestamente, mostrar indicios de prejuzgamiento; sin embargo, la propia jueza consideró infundados esos señalamientos y desestimó la petición, despejando el camino para dar continuidad al caso.

Según Miguel Ángel del Río, apoderado de víctimas en el proceso, la recusación contra la jueza hace parte de una serie de tácticas de dilación que la defensa de Uribe ha venido implementando desde hace varios años.

En entrevista con el pódcast La Píldora, el abogado explicó que, primero, el expresidente renunció a su puesto como senador para que su proceso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

La expectativa, aseguró Del Río, era que la Fiscalía, particularmente la de Francisco Barbosa, archivara la investigación; sin embargo, la actuación de la representación de víctimas impidió que esto ocurriera.

El abogado también recordó que se intentaron dos solicitudes de preclusión, ambas negadas por sendas juezas de la República, pero cada solicitud consumió cerca de un año, lo que abonó a la extensión del proceso.

Posteriormente, al no prosperar las preclusiones, se pasó a la fase de acusación y fue allí cuando comenzó a actuar la jueza Sandra Heredia, objetivo de la defensa para desplegar nuevas tácticas con el fin de retrasar las audiencias.

La estrategia de la defensa, indicó Del Río, está profundamente ligada a la fecha de prescripción.

Con la posibilidad de que la acción penal prescriba a mediados de octubre de 2025, dilatar cada audiencia se convierte en un recurso valioso.

El abogado destacó que existen unos 70 testigos de la defensa, muchos de los cuales, según su criterio, no tendrían una vinculación real con los hechos.

Para Del Río, citar testigos con poca pertinencia se traduce en audiencias que pueden aplazarse o suspenderse ante cualquier inconveniente tales como viajes, enfermedades o comparecencias fallidas, alargando aún más el juicio y acercándolo al riesgo de prescripción.

Entre las principales maniobras legales mencionadas por el abogado de las víctimas se destacaron la nulidad basada en supuestas interceptaciones ilegales y en la protección de la relación entre abogado y cliente; sin embargo, la jurisprudencia ha determinado que, cuando se investiga una conducta delictiva, el amparo de la relación cliente-abogado no es absoluto.

Asimismo, se ha concluido que las interceptaciones realizadas a Uribe y su entonces abogado Diego Cadena fueron decretadas de manera legal.

Para Del Río, esas grabaciones constituyen “la columna vertebral” del caso, pues en ellas se evidenciaría la manera en la que Cadena consultaba frecuentemente al expresidente cada paso que daba en la búsqueda de testigos favorables.

Para Del Río, el objetivo de la defensa no se limita al plano estrictamente jurídico, dado que a medida que las maniobras dilatorias se multiplican, las redes sociales se convierten en un escenario donde el expresidente y sus abogados intentan construir un relato favorable ante la opinión pública: “Tratan de ganar en la calle lo que están perdiendo en el proceso”.

El discurso que difunden es que se trata de un juicio político, impulsado por una agenda ideológica en su contra; sin embargo, aclaró el abogado, el caso es netamente penal, aunque sus repercusiones sean innegablemente políticas.

La relevancia del caso va más allá de la figura de un exmandatario, pues cualquier decisión, sea absolución o condena, tendría un alto impacto en la política colombiana, en la credibilidad de la justicia y en la percepción ciudadana sobre la responsabilidad de líderes que han tenido gran influencia en el país.

Del Río enfatizó que la jueza ha sido enfática en la necesidad de dar celeridad al proceso, no solo para proteger el interés de las víctimas, sino para salvaguardar el derecho del propio acusado a no permanecer indefinidamente en una situación de incertidumbre judicial.