A partir del martes 1 de abril, el servicio de gas natural domiciliario podría ser suspendido en 15 municipios del departamento de Boyacá, según advirtió la empresa distribuidora Enercer S.A. E.S.P..
La compañía señaló que esta medida responde a la falta de pago de los subsidios destinados a los usuarios de los estratos 1 y 2, una deuda que, según la empresa, el Gobierno nacional no saldó desde el año pasado.
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De acuerdo con un comunicado emitido por Enercer, la situación se ha vuelto insostenible debido a la acumulación de cartera en mora.
Así mismo, la empresa explicó que, pese a los esfuerzos realizados para mantener el servicio mediante recursos propios y créditos bancarios, el incumplimiento del pago de los subsidios llevó a su proveedor, Plexa S.A. E.S.P., a notificar la suspensión del contrato de suministro de gas a partir de la fecha mencionada.
Los municipios que podrían quedarse sin gas natural son Miraflores, Páez, Berbeo, San Eduardo, Zetaquira, Campohermoso, Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Chinavita, Pachavita, Úmbita y San Luis de Gaceno.
Según Enercer, la interrupción del servicio afectará principalmente a los hogares de los estratos más bajos, que dependen de los subsidios para acceder a este recurso esencial.
En su comunicado, la empresa hizo un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades locales para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones financieras. Además, recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas, como abastecerse de fuentes de energía alternativas, para suplir las necesidades básicas en caso de que el corte del servicio se haga efectivo.
Enercer informó que desde el segundo semestre de 2024 ha estado gestionando, sin éxito, el pago de los subsidios ante el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y las autoridades territoriales. La empresa subrayó que estos recursos son fundamentales para garantizar la continuidad del servicio en los municipios afectados.
Carlos Ávila, representante legal de Enercer, declaró a Caracol Radio que la deuda acumulada por parte del Estado asciende a más de 3,5 billones de pesos, afectando no solo a su empresa, también a otras prestadoras de servicios públicos en el país.
Ávila enfatizó que, sin una solución inmediata, no sólo se interrumpirá el suministro de gas, también se pondrán en riesgo los empleos de las personas que trabajan en la operación de los 15 municipios.
“Nuestro proveedor nos notificó que, sin el pago de las facturas pendientes, no puede seguir despachando combustible, lo que significa que el suministro se suspenderá el 1 de abril”, afirmó Ávila. Además, solicitó la creación de una mesa técnica que incluya al Ministerio de Minas, al proveedor de gas y a la Superintendencia de Servicios Públicos, con el objetivo de encontrar una solución que evite la interrupción del servicio.
La posible suspensión del servicio de gas natural no solo afectará a miles de hogares en Boyacá, sino que también podría tener un impacto significativo en la economía local. Según explicó Ávila, la operación de Enercer en los 15 municipios depende de una nómina que podría verse comprometida si la situación se prolonga. “Si la suspensión del servicio se extiende, será difícil sostener esos empleos”, advirtió.
Así mismo, la empresa destacó la importancia de que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para evitar que los usuarios más vulnerables queden desprotegidos. “Hacemos un llamado urgente a la comunidad para unir esfuerzos y exigir que el Estado cumpla con su obligación de garantizar este servicio esencial”, señaló Enercer en su comunicado.
Ante la inminente suspensión del servicio, Enercer instó a los usuarios a prepararse para enfrentar esta situación. La empresa sugirió abastecerse de fuentes de energía alternativas, como cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) o estufas eléctricas, para cubrir las necesidades básicas de los hogares.
Mientras tanto, la compañía continúa insistiendo en la necesidad de una intervención inmediata por parte del Gobierno. Según Ávila, la creación de una mesa técnica sería un paso crucial para resolver la crisis y garantizar la continuidad del servicio en los municipios afectados.
La situación en Boyacá pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia, especialmente en lo que respecta al financiamiento de los subsidios para los sectores más vulnerables. La falta de soluciones concretas podría agravar las condiciones de vida de miles de familias y generar un impacto negativo en la economía regional.
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