La contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo está generando una fuerte controversia debido a su alto costo y las condiciones en las que se adjudicó el contrato. Mientras la administración municipal resalta la cobertura universal del programa y su continuidad garantizada hasta 2027, diversos sectores manifiestan su preocupación por la falta de competencia en el proceso de selección y el incremento en los costos de operación.
Uno de los aspectos que despierta mayor inquietud es el valor del contrato. Con una inversión superior a los 256.000 millones de pesos, el PAE de Sincelejo es uno de los más costosos del país. Según datos de Colombia Compra Eficiente, se trata del octavo contrato más caro en el territorio nacional desde 2022 hasta febrero de 2025, superando incluso la inversión realizada por departamentos como Huila, Cesar, Chocó, Córdoba y La Guajira. En 2023, este convenio fue el segundo más grande firmado para el programa de alimentación escolar en Colombia.
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La falta de pluralidad de oferentes en el proceso de selección es otro punto de crítica. La alcaldía utilizó un “régimen especial con ofertas”, un mecanismo que, si bien permite una contratación más ágil que una licitación pública, también debería contemplar diversas opciones en el mercado. Sin embargo, en esta ocasión, la única propuesta presentada fue la de la Unión Temporal PAE Universal 2024-2027, conformada por las organizaciones sin ánimo de lucro Los Flamingos, Alcanzando Nuestros Sueños y Proniños de hoy para hombres del mañana. Su representante legal es Héctor José Chávez Rodríguez.
Los documentos del Secop revelan que el proceso de recepción de ofertas estuvo abierto apenas cuatro días, de los cuales dos correspondieron a un fin de semana. La convocatoria se abrió el 19 de febrero y cerró el 23 del mismo mes. Cuatro días después, la única oferta recibida fue declarada habilitada y, tras la subsanación de algunos documentos, el 4 de marzo le fue adjudicado el contrato, que comenzó a ejecutarse el 1 de abril.
A esto se suma el hecho de que la Unión Temporal solicitó y obtuvo un reajuste en el valor del contrato para la vigencia de 2025 por un monto de 8.680 millones de pesos, lo que representa un aumento de 2.000 millones de pesos sobre lo que inicialmente estaba presupuestado. De esta manera, el presupuesto anual para el PAE en Sincelejo pasará de 53.314 millones de pesos a 67.857 millones en 2025.
El aumento en los costos es justificado por la administración municipal y el contratista bajo diversas razones. Según el documento del contrato, algunas modificaciones en el servicio se deben a que varios menús no fueron aceptados por la población beneficiaria, lo que obligó a realizar ajustes. Además, en 11 instituciones educativas no se efectuaron mejoras presupuestadas para la adecuación de espacios de preparación de alimentos, lo que llevó a la necesidad de preparar la comida en otros lugares y transportarla hasta los colegios.
En este sentido, el operador del contrato solicitó la compra de 59 motocarros “cabinados de transporte ligero para carga con capacidad de 500 kilos”, los cuales deben contar con “estibas, canastillas, báscula, termómetro digital y conductor”. Además, el contrato también contempla la adquisición de seis busetas destinadas a transportar al personal que trabaja en la elaboración de la comida caliente.
A pesar de las críticas, la Alcaldía de Sincelejo defiende la contratación del PAE, argumentando que este modelo garantiza estabilidad en la alimentación escolar durante cuatro años, sin las interrupciones que se presentaron en otras regiones del país. “La contratación del PAE por cuatro años busca estabilidad en el programa, que los estudiantes no se vean afectados por las demoras del proceso”, señaló la administración en un comunicado oficial.
Asimismo, la alcaldía destacó que, desde el primer día de clases, más de 40.000 estudiantes recibieron su alimentación sin interrupciones, lo que representa una cobertura del 100% de la población estudiantil. Además, el contrato asegura la prestación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que, según el gobierno local, evita riesgos asociados a la falta de continuidad en la alimentación de los niños y jóvenes del municipio.
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