
La organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro Human Rights Watch llevó a cabo una investigación relacionada con la crisis humanitaria y de orden público que se vive en Norte de Santander (región del Catatumbo). En el departamento, más de 56.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado y decenas han sido asesinadas y reclutadas de manera forzada.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc se están disputando el control del territorio, y en medio de la guerra, la población ha sido la más afectada. “Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”, detalló la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, citada por la organización.
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Para la investigación fueron entrevistadas más de 65 personas, entre las cuales hay víctimas del conflicto armado en la región, autoridades y trabajadores humanitarios. Los habitantes y funcionarios dieron cuenta no solo de actuaciones criminales perpetradas por el ELN, también del Frente 33 de las disidencias. “Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”, precisó la directora de Human Rights Watch.

Sin embargo, Carlos Eduardo García, alias Andrey Avendaño, comandante de la estructura armada de las disidencias y jefe negociador en mesa de conversaciones orientadas a la paz con el Gobierno nacional, aseguró que no los señalamientos de violaciones a los derechos humanos de la población civil son falsas. Según indicó, en entrevista con W Radio, no hay denuncias por parte de la comunidad que están atacando a la ciudadanía y que, además, la estén presionando para actuar en su favor.
“No hay una sola denuncia de una comunidad donde se haya dicho que los hayan presionado para que un proyecto determinado se haya hecho o para que hayan trabajado con nosotros a cambio de permitirles organizar un proyecto en determinada comunidad. No hay un solo caso, hay casos aislados y hay comentarios que son totalmente diferentes a la realidad”, detalló al medio citado.

Con respecto a los señalamientos sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, explicó que los menores de edad que están en sus filas llegaron de manera voluntaria. “Nunca se ha dicho que nos los estamos llevando a la fuerza (…). No estamos reconociendo reclutamiento forzado, estamos reconociendo que hay reclutamiento, no solamente de niños”, afirmó. Además, según precisó, en el grupo armado solo reclutan a menores de edad que tengan 16 años o más e informó que han devuelto a varios niños a sus familias.
Sin embargo, de acuerdo con Human Rights Watch, las autoridades lograron rescatar a 44 niños que habían sido reclutados de manera forzada; la mayoría estaban en el Frente 33.

Asimismo, recordó que el grupo armado no quiso iniciar una guerra en el Catatumbo, sino que fue el ELN, que el 16 de enero de 2025 atacó a la ciudadanía. No obstante, reconoció que los disidentes llegaron a los cascos urbanos para abastecerse, para lo cual han tenido que “combatir”. Sin embargo, aseguró que no han utilizado a la ciudadanía para protegerse de las acciones armadas de la guerrilla. “No es cierto que hayamos tomado a la población como escudo”, indicó.
De igual manera, aseguró que la dirección del Frente 33 no ordenó en ningún momento el asesinato del líder comunal de Tibú Pedro María Ropero. Según explicó, se trató de un caso particular que obedeció a razones personales de uno de los integrantes de la estructura armada, que dejó las filas y se entregó voluntariamente a las autoridades. “No creo que la muerte de esta persona haya estado relacionada con la conformación o no conformación de una Junta de Acción Comunal (JAC), debido a que esto se da en pleno conflicto”, añadió.
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