Gobierno de Petro acordó un intercambio de datos biométricos con EE. UU.: en qué consiste y qué tanta información de los colombianos tendrá Trump

En un esfuerzo por fortalecer la cooperación bilateral en temas de migración y seguridad, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo de intención que permitirá el intercambio de información biométrica de migrantes y el combate conjunto contra estructuras criminales transnacionales.

El pacto fue suscrito durante la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a Bogotá, donde sostuvo reuniones con altos funcionarios del gobierno colombiano, incluido el presidente Gustavo Petro.

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El acuerdo busca mejorar los mecanismos de control migratorio y facilitar la identificación de migrantes irregulares y miembros de organizaciones criminales.

Este intercambio de datos biométricos, que incluye huellas dactilares y otros identificadores, tiene como objetivo principal frenar las actividades de redes delictivas que operan en las fronteras y garantizar una mayor seguridad en ambos países.

De acuerdo con lo reportado, la canciller colombiana Laura Sarabia y la secretaria Noem firmaron el documento en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá. Además, se supo que incluye el intercambio de información biométrica de migrantes que intenten ingresar a Estados Unidos, así como datos relacionados con integrantes de bandas criminales y narcotraficantes.

En declaraciones posteriores a la firma, Noem destacó la importancia de esta cooperación para enfrentar amenazas comunes. “Nos permite compartir los datos biométricos para ser más eficientes, más precisos. Esta alianza nos va a ayudar a tener un impacto y ayudar a Colombia y las personas colombianas para detectar criminales que trabajan en las fronteras”, afirmó.

Además, subrayó que el acuerdo es una herramienta clave para combatir a “criminales muy peligrosos, muy sofisticados, carteles y organizaciones criminales”.

Por su parte, la canciller Laura Sarabia señaló que este pacto representa un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales entre ambos países. Sin embargo, enfatizó en la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes colombianos, quienes continúan enfrentando procesos de deportación desde Estados Unidos.

Este acuerdo se suma a una serie de iniciativas previas entre ambos países en materia de seguridad y migración. En 2024 se implementó en Colombia la alerta Angel Watch, un sistema que permite identificar a ciudadanos estadounidenses con antecedentes por delitos sexuales y evitar su ingreso al país. Este mecanismo ya ha sido activado en más de 20 casos en aeropuertos como El Dorado, en Bogotá, y José María Córdova, en Rionegro.

Sin embargo, el nuevo acuerdo también generó interrogantes. Algunos sectores expresaron preocupación por la falta de transparencia en el contenido del documento firmado, así como por el alcance del intercambio de datos biométricos. Desde la Cancillería colombiana se indicó que el texto es reservado, limitándose a las declaraciones públicas realizadas por Sarabia y Noem.

El contexto político también añade complejidad a esta cooperación. La administración de Donald Trump, conocida por su postura estricta frente a la migración irregular, ha dejado claro que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales dependerá de las medidas que adopte el gobierno de Petro para enfrentar tanto la migración irregular como las actividades de carteles y organizaciones criminales en la región.

El acuerdo también tiene implicaciones directas en la lucha contra el narcotráfico, un tema central en la agenda bilateral. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en Colombia aumentaron un 10% entre 2022 y 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas. Este incremento refuerza la percepción de Estados Unidos sobre Colombia como el principal productor y exportador mundial de cocaína.

En este contexto, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, que también participó en las reuniones con Noem, busca delinear estrategias para responder a las demandas de Washington. Una de las principales preocupaciones es el control del Tapón del Darién, una región selvática que conecta Colombia con Panamá y que ha sido utilizada como corredor por migrantes y redes criminales. Según cifras recientes, el flujo migratorio en esta zona se redujo significativamente en los primeros meses de 2023, con 2.637 personas cruzando la frontera, un 90 % menos que en años anteriores.

El presidente Petro y la canciller Sarabia tienen previsto viajar a Ciudad de Panamá para reunirse con el gobierno panameño y coordinar acciones conjuntas en esta región. Este encuentro será clave para definir una estrategia clara frente a la migración irregular y el crimen organizado en el Darién.

A pesar de las diferencias ideológicas entre los gobiernos de Petro y Trump, la administración colombiana parece estar adoptando un tono más conciliador en su relación con Estados Unidos. Esto se evidencia en la disposición de Petro para reunirse con Noem, que es una figura destacada en la implementación de políticas migratorias estrictas en su país. Noem, por su parte, señaló que el intercambio de datos biométricos será utilizado para “identificar a criminales y terroristas y prevenir que crucen nuestras fronteras”.

Sin embargo, las tensiones no han desaparecido. Petro ha sido crítico de las políticas de Trump en el pasado y ha insistido en que los datos de los colombianos deben permanecer bajo control estatal, evitando su manejo por empresas privadas. Además, el gobierno colombiano enfrenta presiones internas y externas para demostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio, áreas en las que Estados Unidos mantiene un interés estratégico.

El vicecanciller Daniel Ávila reveló que Estados Unidos mostró disposición para cofinanciar los vuelos que transportan a ciudadanos colombianos deportados desde ese país. Según explicó en una entrevista con Caracol Radio, esta propuesta forma parte de las conversaciones bilaterales que buscan fortalecer la cooperación en temas migratorios y de seguridad.

Además, destacó que ambos países trabajan en garantizar un trato digno para los deportados, evitando que sean trasladados esposados, una medida que ha sido bien recibida por las autoridades estadounidenses.

Este proyecto, que se encuentra en etapa de desarrollo, permitiría a Colombia acceder a bases de datos estadounidenses relacionadas con la trata y el tráfico de personas, lo que contribuiría a mejorar la seguridad nacional. Sin embargo, el vicecanciller aclaró que la legislación colombiana limita el intercambio de información únicamente a datos de extranjeros, excluyendo a los ciudadanos colombianos.

El vicecanciller resaltó que el acceso a las bases de datos estadounidenses sería un recurso valioso para identificar a personas involucradas en actividades ilícitas relacionadas con la migración, como el tráfico de personas. Este intercambio de información, según explicó, fortalecería las capacidades de Colombia para combatir estas problemáticas y garantizar una mayor seguridad en el territorio nacional.

En cuanto a los vuelos de deportación, el vicecanciller destacó que Colombia ha realizado entre 14 y 15 vuelos para repatriar a sus ciudadanos desde Estados Unidos. Estos traslados, organizados por la Fuerza Aérea Colombiana, se han llevado a cabo bajo estrictos estándares de respeto a los derechos humanos, evitando el uso de esposas durante el proceso.

Según Ávila, esta política refleja el compromiso del gobierno colombiano con la dignidad de sus ciudadanos y ha sido valorada positivamente por las autoridades estadounidenses.

El funcionario también señaló que la posibilidad de que Estados Unidos cofinancie estos vuelos es un reflejo de la confianza mutua entre ambos países. “Esto hace parte de la confianza que nos tienen ellos y que nosotros les tenemos a ellos, siendo un tema prioritario para ambos países”, afirmó Ávila.

Además, destacó que esta colaboración refuerza las relaciones diplomáticas y demuestra el interés compartido en abordar los desafíos migratorios de manera conjunta.