La Corte Constitucional ordenó devolver el control de la Universidad Inpahu a María Paula Linares, hija del fundador de la institución, tras años de violencia intrafamiliar y despojo por parte de su esposo, Juan Luis Velasco Mosquera.
Según un informe de Los Danieles, la decisión del máximo tribunal también incluye la restitución de su cargo como canciller del centro universitario, el pago de salarios atrasados y la anulación de las operaciones que permitieron a Velasco tomar el control de la universidad.
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El caso, que se remonta a más de dos décadas, expone una compleja trama de maltrato físico, psicológico y económico que comenzó poco después del matrimonio entre Linares y Velasco en el año 2000.
De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, los episodios de violencia se intensificaron tras la muerte del padre de Linares en 2014, momento en el que Velasco presionó a su esposa para firmar documentos que le permitieron modificar los estatutos de la universidad y asumir su control.
María Paula Linares, hija de Hernán Linares Ángel, fundador de la Universidad Inpahu y la Universidad Los Libertadores, sufrió años de maltrato a manos de su esposo, un reconocido abogado que ocupó altos cargos en el gobierno colombiano, como viceministro del Interior y vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los abusos comenzaron poco después de su boda y se agravaron con el tiempo.
En 2005, Linares denunció una brutal golpiza en la Comisaría de Familia de Chapinero, en Bogotá, pero no obtuvo respuesta efectiva. Las agresiones continuaron, incluyendo episodios en los que Velasco le aplastó la mano con una puerta, la arrastró por el cabello y la arrojó por las escaleras.
En 2019, Velasco la obligó a firmar una reforma de los estatutos de la universidad, lo que le permitió despedirla de su cargo como canciller y asumir el control de la institución.
Tras años de denuncias fallidas y procesos judiciales que avanzaron lentamente, el caso llegó a la Corte Constitucional en 2023. Por este moticv, el tribunal reconoció que el despojo de los derechos de Linares en la universidad fue consecuencia directa de la violencia ejercida por su esposo.
En su sentencia, la Corte ordenó anular todas las operaciones que llevaron al cambio de control de la institución y restituir a Linares en su cargo.
El fallo también estableció que Velasco vulneró los derechos fundamentales de Linares y sus dos hijas al debido proceso, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad. Además, se ordenó el pago de los salarios atrasados de Linares a valor presente y se instruyó al Ministerio de Educación para supervisar el cumplimiento de la sentencia.
En declaraciones recogidas por Los Danieles, Linares expresó su esperanza de que este fallo inspire a otras mujeres a denunciar casos de abuso. “Ante cualquier caso de abuso hay que hablar, hay que salir, hay que poner la denuncia. Uno cree que solo lo vive y lo sabe uno, pero no es así”, afirmó.
También envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad universitaria, asegurando que el servicio educativo continuará con normalidad y que se implementarán mejoras en la gestión de la institución.
El caso también tiene implicaciones penales. Velasco enfrenta un proceso por violencia intrafamiliar, aunque este avanza lentamente. La audiencia concentrada está programada para reiniciarse en julio del presente año, con la posibilidad de un fallo en septiembre, veinte años después de la primera denuncia de Linares.
Por su parte, Juan Luis Velasco denunció a María Paula Linares por presunta falsificación de un título académico, una acusación que ella atribuye a una estrategia de su esposo para desacreditarla. Este fallo también está en proceso.
La decisión de la Corte Constitucional no solo representa una victoria para María Paula Linares, sino que también sienta un precedente en la protección de los derechos de las mujeres en casos de violencia intrafamiliar y despojo patrimonial.
Este fallo unificador establece que la violencia de género puede ser un factor determinante en la pérdida de derechos económicos y laborales, y refuerza la obligación del Estado de garantizar un entorno libre de violencia para las mujeres.
El caso de Linares, que salió a la luz pública gracias a una columna de la abogada Ana Bejarano en Los Danieles, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar en los estratos altos de la sociedad, donde el temor al “qué dirán” y la dependencia económica dificultan las denuncias. La sentencia de la Corte Constitucional marca un hito en la búsqueda de justicia para las mujeres que han sido víctimas de abuso y despojo.
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