El presidente Gustavo Petro generó controversia este miércoles 26 de marzo al publicar en su cuenta de la red social X un documento relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Según el mandatario, el ente acusador estaría violando la Constitución al adelantar indagaciones que, en su opinión, no le competen.
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La investigación en cuestión se centra en presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, específicamente por posibles delitos de financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos electorales.
En su publicación, Petro afirmó: “Esto es violar la constitución. Al presidente de la república no lo investiga la fiscalía”. Sin embargo, según reportó Blu Radio, el alcance de la investigación no incluye al presidente directamente, debido a que este cuenta con el fuero constitucional que lo protege de ser investigado por la Fiscalía.
En cambio, las pesquisas se dirigen hacia los integrantes no aforados de su campaña y su entonces gerente, Ricardo Roa, quien actualmente ocupa el cargo de presidente de Ecopetrol.
De acuerdo con información obtenida por el medio citado, la investigación preliminar fue autorizada por la jueza María Isabel Parada Ayala, del Juzgado 54 Penal Municipal con función de control de garantías.
La orden judicial permite al fiscal anticorrupción Elkin Javier Ardila Espinosa realizar una búsqueda selectiva en bases de datos para recopilar información financiera, contable y contractual relacionada con la campaña presidencial de Petro, así como con las empresas que prestaron servicios a la coalición Pacto Histórico y Colombia Humana.
El documento judicial especifica que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) deberá obtener soportes financieros y comerciales de 19 empresas vinculadas a la campaña.
Estas compañías fueron clasificadas en tres grupos, entre las que se encuentran Caracol S.A., RCN Radio, Publicaciones Semana S.A., Hoteles Estelar S.A. y otras entidades que habrían prestado servicios durante el proceso electoral.
La orden tiene un plazo de 30 días calendario, contados desde el 25 de marzo de 2025, para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
El alcance de las investigaciones de la Fiscalía también incluye a figuras prominentes del Pacto Histórico. Uno de los casos más relevantes es el del actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien en su momento fungió como gerente de la campaña al Congreso por esta coalición política.
Según el ente investigador, Jaramillo estaría vinculado a un supuesto traslado de candidatos del Pacto Histórico en avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué Sadi SAS, cuyo propietario es Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias Caco, señalado como presunto narcotraficante.
Aunque el Pacto Histórico ha sostenido que contrató los servicios de transporte directamente con la empresa SADI y no con Restrepo Osorio, este vínculo ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos de campaña.
Por otro lado, la Fiscalía también ha señalado que se adelantan investigaciones contra la vicepresidenta Francia Márquez por posibles irregularidades en la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre este caso.
El enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de desencuentros que han marcado la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial desde el inicio de su mandato.
Petro ha cuestionado en repetidas ocasiones la independencia y el accionar de la Fiscalía, mientras que el ente investigador ha defendido su autonomía y su deber de actuar frente a posibles irregularidades, independientemente de las figuras involucradas.
Uno de los principales focos de la investigación es Ricardo Roa, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Petro y actualmente ocupa el cargo de presidente de Ecopetrol.
Las indagaciones buscan determinar si Roa y otros integrantes no aforados de la campaña incurrieron en conductas ilegales relacionadas con la financiación y el gasto de recursos.
La recopilación de información financiera y contractual de las 19 empresas mencionadas en la orden judicial será clave para esclarecer estos hechos. Entre los documentos que el CTI deberá analizar se encuentran contratos, facturas, recibos de caja y transferencias electrónicas, que podrían revelar posibles irregularidades en el manejo de los recursos de la campaña.
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