
El proceso de elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la renuncia de César Lorduy el pasado 5 de marzo, ha generado tensiones en el ámbito político.
Según informó el Congreso de la República, el Senado inició el procedimiento para cubrir la vacante, recibiendo postulaciones hasta el 25 de marzo.
Sin embargo, solo dos candidatos se presentaron: Álvaro Echeverry Londoño, del partido Colombia Justa Libres, y Plinio Alarcón, del partido Mira.
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Este proceso ha sido objeto de críticas por parte del Centro Democrático, que lo calificó como una violación a los acuerdos políticos previamente establecidos.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Centro Democrático, el partido expresó su preocupación por lo que considera una “maniobra de toma hostil y subrepticia” por parte del Gobierno Nacional.

La molestia de la colectividad estaría enfocada en uno de los candidatos, Álvaro Echeverry, que podría comprometer la independencia del CNE debido a su cercanía con figuras clave del gobierno del presidente Gustavo Petro, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras.
Entretanto, la senadora Paloma Valencia también se refirió a la polémica elección, asegurando que el proceso estaría ‘viciado’ al no informar a los partidos políticos de forma adecuada la inscripción de sus candidatos.
“Notificaron vía correo electrónico sin avisarle a nadie que iban a abrir los procesos y casi ningún partido postuló candidatos”, señaló la congresista.
Además, aseguró que la elección del reemplazo de César Lorduy podría ser una ‘manguala’ para otorgarle el cupo a una ficha del partido del presidente Gustavo Petro, pese a que Lorduy representaba a un partido de oposición.
“Pareciera que hay una ‘manguala’ para entregarle al Pacto Histórico el cupo en el Consejo Nacional Electoral que no le corresponde porque quien lo tenía el partido Cambio Radical, partido de oposición política”, aseguró Valencia a su salida del foro sobre elecciones 2025 organizado por la revista Cambio.
Álvaro Echeverry Londoño tiene una afinidad con el gobierno de Gustavo Petro. El ahora candidato desempeñó un papel destacado en la Registraduría Nacional durante las elecciones de 2022, donde participó en la revisión de votos del Pacto Histórico, coalición liderada por Petro.
Este proceso permitió que el Pacto Histórico recuperara 486.000 votos y obtuviera tres curules adicionales en el Senado, lo que, según el partido opositor, reforzaría la percepción de que su elección podría no ser completamente independiente.
El comunicado del Centro Democrático también destacó la necesidad de garantizar un proceso transparente y público para la elección del nuevo magistrado.

En su pronunciamiento, el partido exigió la suspensión inmediata del procedimiento actual y pidió que se respeten los acuerdos políticos entre las diferentes fuerzas partidistas.
“Las decisiones que afectan a órganos tan relevantes como el CNE deben adoptarse bajo principios de transparencia y participación pluralista”, afirmó la colectividad.
Entretanto, el Congreso en pleno deberá elegir en las próximas semanas al reemplazo de César Lorduy, quien renunció a su cargo como magistrado del tribunal electoral para aspirar a un escaño en el Congreso en 2026.
La salida de Lorduy, quien formaba parte del bloque mayoritario a favor de la imputación contra el presidente, ha alterado el equilibrio de fuerzas dentro del CNE.
De acuerdo con el reglamento del organismo, se requieren al menos seis votos para tomar una decisión vinculante. Hasta hace unos meses, el bloque que apoyaba la imputación contaba con seis votos seguros, pero la renuncia de Lorduy dejó a este sector sin mayoría.

Por otro lado, el bloque que ha expresado reparos a la imputación, compuesto por Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez (ambas del Pacto Histórico) y Altus Baquero (Partido Liberal), suma tres votos. Este último, aunque votó inicialmente a favor de la imputación, condicionó su apoyo a que el Congreso levante primero el fuero presidencial.
El Pacto Histórico ha insistido en que se respeten los acuerdos alcanzados en 2022, los cuales establecen que, en caso de renuncia de un magistrado, el reemplazo sería el siguiente en la lista de elegibles.
En este caso, ese lugar corresponde a Álvaro Echeverry, quien fue avalado por la coalición de izquierdas. Sin embargo, el Congreso no validó estos acuerdos en su momento, lo que ha generado un escenario de incertidumbre.
Por su parte, Plinio Alarcón Buitrago, avalado por el Partido Mira, es visto como una figura cercana al bloque opositor al gobierno Petro. Actualmente se desempeña como secretario jurídico del CNE y tiene una larga trayectoria en el Mira, donde ha sido director electoral desde la fundación del partido hace más de 23 años.
Según el senador Manuel Virgüez, Alarcón jugó un papel clave en la recuperación de las curules del Mira en 2018 tras un caso de fraude electoral.
La elección del nuevo magistrado recaerá en el Congreso en pleno, donde el gobierno de Petro enfrenta un panorama dividido. Mientras que el Senado tiene una mayoría opositora, la Cámara de Representantes cuenta con un apoyo mayoritario al oficialismo.
Dado que cada voto tiene el mismo peso, independientemente de si proviene de un senador o un representante, el Ejecutivo podría tener una ligera ventaja debido al mayor número de representantes en la Cámara.
Sin embargo, la oposición también se movilizará para asegurar los votos necesarios a favor de Plinio Alarcón, quien es percibido como una opción para mantener vivo el proceso contra el presidente en el CNE. Su perfil, menos asociado a partidos políticos fuera del Mira, podría atraer el respaldo de sectores independientes.
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