Daniel Quintero dio inicio a su campaña por la Presidencia: “Vamos a resetear la política en Colombia”

En la mañana del martes 25 de marzo, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, confirmó que se lanzará a la Presidencia de Colombia para 2026. Este anuncio lo hizo en la fecha de audiencia de imputación de cargos por el caso Aguas Vivas.

“Hoy empieza nuestra campaña a la Presidencia, sobre las rocas que lanzaron para sacarnos del camino. Vamos a construir la plataforma desde la que conquistaremos a Colombia. A pesar de que la audiencia de imputación era virtual, iré presencialmente. Quiero que me acompañen hoy a la Alpujarra a las 12 del día. Hoy empezamos a construir una nueva historia. Vamos a resetear la política en Colombia”, escribió.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Medellín se encuentra en el centro de una controversia judicial tras revelarse detalles sobre el caso del lote Aguas Vivas, un terreno de 147.000 metros cuadrados cuyo intento de venta al municipio ha levantado sospechas de corrupción a gran escala. La Fiscalía y otras entidades han puesto la lupa sobre un grupo de exfuncionarios y particulares vinculados a presuntas maniobras ilegales que habrían buscado inflar artificialmente el valor del predio.

El escándalo gira en torno a la valorización desmesurada del lote. Originalmente, el terreno tenía un avalúo catastral de 2.987 millones de pesos, pero sus propietarios intentaron venderlo a la Alcaldía por una suma exorbitante de 48.000 millones de pesos. Esta diferencia encendió las alarmas, lo que llevó a una investigación sobre posibles irregularidades en la negociación.

El predio, ubicado en una zona de alto interés inmobiliario entre El Poblado y Las Palmas, se vio envuelto en un proceso de cesión y reversión que ha sido cuestionado por su falta de transparencia. La situación ha sido comparada con otros casos de corrupción en el país, como el de Centros Poblados, debido a las millonarias cifras y a la presunta manipulación de decisiones administrativas.

El caso ha involucrado a 13 personas, entre ellas el exalcalde Daniel Quintero y otros exfuncionarios, quienes enfrentan acusaciones por delitos como peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. Además, figuran empresarios y políticos con conexiones de alto nivel en Antioquia.

Uno de los nombres clave es Felipe Agudelo Mesa, uno de los propietarios del lote y socio del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. Agudelo ha sido vinculado a empresas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), ambas con historial de contratos públicos en administraciones previas.

Otro actor relevante es Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, conocido por su cercanía con Pérez y Quintero. También aparece Alethia Carolina Arango Gil, abogada con nexos con el senador Alex Flórez, quien ocupó varios cargos en la administración de Quintero y cuya inexperiencia ha sido cuestionada en la toma de decisiones clave sobre el predio.

Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General de Medellín, también está bajo la lupa por firmar una resolución en octubre de 2022 que permitió la reversión de la cesión del lote al municipio, contradiciendo decisiones previas que lo consideraban un bien esencial para el proyecto del Valle del Software.

El origen del caso se remonta a diciembre de 2014, cuando IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el particular Juan Manuel Villegas adquirieron el lote por 1.645 millones de pesos. Poco después, la familia del exgobernador Pérez compró una participación del 15% por 361 millones, pero en 2016 revendió su parte a las empresas propietarias, recibiendo a cambio derechos sobre una finca aledaña, Las Brisas.

Un giro clave ocurrió cuando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín restringió el uso del suelo en la zona, declarándolo ecoparque y limitando su potencial de desarrollo. Ante este escenario, los propietarios inicialmente ofrecieron cederlo gratuitamente al municipio para compensaciones urbanísticas, pero en 2020 cambiaron de estrategia y exigieron una compensación económica, lo que dio pie a negociaciones cuestionables.