
La semana pasada se conoció un controversial video en el que se evidencia que unos 11 privados de la libertad realizaron una fiesta de piscina en el Centro Transitorio de Detención Marte de Buenaventura (Valle del Cauca).
En la grabación, que reveló el periodista Gonzalo Guillén, se les ve reunidos en una especie de alberca, departiendo, bailando y consumiendo licor, como si no se encontraran inmersos en procesos penales por diferentes delitos.
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Luego de que se hiciera pública la escandalosa situación, desde la Policía Nacional anunciaron que se realizaría una investigación por estos hechos.
“Se nombró un grupo interdisciplinario para determinar el tiempo y el modo en que se llevaron a cabo estos hechos. Esa no es una piscina, es un tanque de reserva que se tiene para el baño y uso diario de los detenidos, se está indagando cómo se dio el ingreso de las bebidas alcohólicas”, indicó la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca en una entrevista que concedió en la emisora La W Radio.
En ese diálogo, la alta oficial también informó que analizan si hubo responsabilidad de los uniformados que están encargados de vigilar a los detenidos.
“La custodia de estas personas estaba cargo de la Policía, no está permitido el ingreso de estos elementos, por eso se iniciaron las investigaciones disciplinarias hacia los miembros de la institución que estaban en la actividad de servicio”, afirmó.
La coronel Rodríguez recordó en el medio radial que el lugar no es un centro penitenciario, sino un sitio donde permanecen transitoriamente los privados de la libertad, mientras se les define su situación judicial, mientras avanzan sus respectivos procesos penales, en los que pueden resultar condenados o absueltos.
En la ciudad portuaria también padecen por el hacinamiento carcelario, por lo que los sindicados son enviados a estaciones de Policía, como ocurre en todo el país, por lo que hay riesgos de que se den este tipo de situaciones irregulares.
Adicionalmente, en la cárcel principal del municipio hay una sobrepoblación del 35 % por lo que su director Octavio Arango Rivas, reveló que en esa ciudad se construirá un nuevo centro de reclusión, con el que se busca descongestionar las instalaciones actuales y garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad.
Mientras se concreta el proyecto del nuevo centro penitenciario, las autoridades locales y nacionales han implementado diversas estrategias para mitigar el impacto del hacinamiento. Según informó el director del penal, estas medidas incluyen la coordinación con el Inpec para buscar soluciones temporales que permitan mejorar las condiciones de los internos. Sin embargo, estas acciones han sido insuficientes para abordar de manera integral la magnitud del problema.
El deterioro estructural de las instalaciones actuales también representa un desafío significativo. Este factor, combinado con la sobrepoblación, ha generado un entorno que dificulta la rehabilitación y reintegración de los internos a la sociedad. La construcción de un nuevo centro penitenciario no solo aliviaría la presión sobre las instalaciones existentes, sino que también podría ofrecer un espacio más adecuado para la implementación de programas de resocialización.
Golpe a bandas criminales

En un operativo de gran alcance llevado a cabo en el corregimiento de Bazán Bocana, en la zona rural de Buenaventura, fueron capturados 13 presuntos miembros del grupo delincuencial Los Espartanos, según informó el Departamento de Policía del Valle del Cauca.
La intervención permitió desmantelar parte de esta estructura criminal que actuaba en el Pacífico colombiano, destacándose entre los detenidos alias Pinturita, señalado como uno de los cabecillas de la organización en esta región.
Según el informe oficial, 10 de los capturados fueron aprehendidos en flagrancia, lo que refuerza las acusaciones sobre su participación activa en actividades delictivas. Durante el operativo, se incautó un importante arsenal que incluía tres fusiles calibre 5,56, cuatro proveedores, seis armas de fuego, tres de ellas tipo revólver, además de siete granadas de fragmentación y 234 cartuchos de distintas municiones. De acuerdo con las investigaciones, este armamento era usado para intimidar a comerciantes, pescadores y turistas en la región.
Asimismo, las autoridades decomisaron dos lanchas de fibra de vidrio con motor, que, según la Policía, eran utilizadas por Los Espartanos para el transporte de estupefacientes y armas de fuego. Estas embarcaciones también habrían sido empleadas en robos contra turistas y comerciantes que transitaban por la zona.
El uso de las lanchas representaba un elemento clave en las operaciones delictivas del grupo, permitiéndoles movilizarse rápidamente y evadir a las autoridades en una región de difícil acceso y caracterizada por una extensa red de vías fluviales. Este modus operandi les daba una ventaja estratégica para cometer actividades ilícitas, aumentando la inseguridad en el Pacífico colombiano.
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