El empresario Mario Hernández habló de la consulta popular que busca convocar el presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República.
Según el Gobierno nacional, las preguntas que estarán en la consulta se darán a conocer en los próximos días para que posteriormente inicie su trámite en el Congreso, que tendrá la decisión de aceptar o no el mecanismo de participación planteado por el jefe de Estado.
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Frente a esta posibilidad, el reconocido empresario aseguró en su cuenta de X que la mejor opción es no acudir a las urnas. “No salir a votar en la consulta, la mejor opción”, aseguró Hernández.
En entrevista con Semana, Mario Hernández entregó más detalles de su posición frente a la consulta popular, donde se arriesgó a decir cuántos votos lograría el mecanismo de participación popular.
Además, aseguró que el presidente Gustavo Petro ya se encuentra en campaña y, por eso, afirmó que se mostró desafiante al manifestar lo siguiente: “Vamos a elecciones”.
“Petro necesita entre 13 y 14 millones de votos, pero no saca ni cinco millones”, aseveró el empresario.
Además, aseguró que la izquierda será derrotada en las elecciones, debido a la situación que vive el país en temas de seguridad y exportaciones.
“Vamos a elecciones, vamos a mirar, yo creo que vamos a quedar vacunados contra la izquierda. ¿Qué ha hecho el presidente? Mire la situación del país, mire la inseguridad, las exportaciones y todas las cosas”, afirmó en conversación con Semana.
El citado medio de comunicación también reveló que la firma Thomas Greg & Son sería la más opcionada para quedarse con el contrato de la consulta popular en caso de ser aprobada en el Senado, debido a la falta de tiempo del Ejecutivo para adelantar una licitación.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por apartar a Thomas Greg & Sons de los procesos electorales en Colombia, esta empresa volverá a encargarse de esa tarea a través de la Unión Temporal Disproel.
Los plazos limitados y las exigencias logísticas impiden adelantar una licitación pública que permita la participación de otras compañías antes de la eventual consulta popular promovida por el Ejecutivo, proyectada para agosto de 2024.
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente a esta firma desde hace más de una década, señalándola como un actor que concentra información sensible de los ciudadanos y representa, según sus palabras, un riesgo para la democracia. Desde su llegada al poder, ha intentado frenar diversos contratos suscritos entre esta compañía y el Estado, entre ellos los relacionados con la expedición de pasaportes y la organización de procesos electorales.
No obstante, el procedimiento para convocar a nuevos oferentes —que incluye estudios de mercado, recepción de propuestas y análisis técnico— exige un mínimo de cuatro meses, un periodo que excede los tiempos establecidos para realizar la consulta. En consecuencia, la contratación recaería nuevamente en la empresa que ha manejado la logística electoral durante los últimos 14 años.
Durante el segundo semestre de 2024, el Ejecutivo centró su estrategia en acciones legales contra la Registraduría Nacional. En ese marco, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, denunció al registrador Hernán Penagos por la adjudicación de un contrato para las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), celebradas en noviembre.
También se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio intentó investigar a funcionarios de esa entidad, aunque no tenía competencia para hacerlo.
A pesar de estos esfuerzos, el Gobierno no logró impedir que la empresa continúe gestionando procesos electorales. Ahora, la misma firma sería la encargada de organizar la consulta popular que busca promover una de las reformas más emblemáticas de la administración Petro.
El cronograma para la consulta popular deja poco margen de maniobra. El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que el proyecto llegará al Senado en abril de 2024, donde tendrá un mes para ser discutido. Posteriormente, el Gobierno contará con un plazo de tres meses para convocar a las urnas, lo que sitúa la fecha tentativa de la consulta en agosto.
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