Comenzó el juicio contra Daniel Quintero por el caso de Aguas Vivas: así se habría gestado la ‘jugadita’ para multiplicar el precio del polémico lote

Para el martes 25 de marzo está programada la audiencia judicial contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle en el Juzgado 16 Penal Municipal con función de control de garantías.

La diligencia está relacionada con el polémico caso del lote Aguas Vivas, un predio cuyo valor catastral inicial era de 2.987 millones de pesos, pero que sus propietarios pretendían vender al municipio por 48.000 millones de pesos.

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Este escándalo, que involucra a Quintero y a otras 12 personas, entre exfuncionarios y particulares, ha generado acusaciones por delitos como peculado por apropiación a favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

Según la información conocida hasta ahora en el caso Aguas Vivas, que será analizada en la audiencia programada para las 2:10 p. m., ha sido comparada con otros escándalos de corrupción en Colombia, como el de Centros Poblados, debido a las millonarias cifras involucradas.

La investigación se centra en un terreno de 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, que fue objeto de maniobras legales y administrativas para incrementar su valor y facilitar su venta al municipio bajo condiciones cuestionables.

El entramado del caso Aguas Vivas involucra a varios personajes clave. Entre ellos destaca Felipe Agudelo Mesa, uno de los propietarios del lote y socio del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez en diversos negocios y proyectos políticos.

Agudelo ha estado vinculado a empresas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas (TC), que ha obtenido contratos millonarios durante las administraciones de Pérez y Quintero.

Otro nombre relevante es el de Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial de Medellín y político cercano tanto a Pérez como a Quintero.

También figura Alethia Carolina Arango Gil, abogada con vínculos con el senador Alex Flórez, quien ocupó cargos clave en la administración de Quintero, como directora del Dagrd y subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público. Su rol en el caso ha sido cuestionado debido a su inexperiencia y a las decisiones que tomó en relación con el predio.

Asimismo, el exsecretario General de Medellín Fabio Andrés García Trujillo ha sido señalado por su participación en las maniobras administrativas que permitieron la reversión de la cesión del lote al municipio. García firmó una resolución en octubre de 2022 que devolvió el terreno a sus antiguos propietarios, a pesar de que previamente se había declarado como un bien esencial para el proyecto del Valle del Software.

El posible entramado ilícito se originó desde diciembre de 2014, cuando el predio Aguas Vivas fue adquirido por IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y un particular llamado Juan Manuel Villegas, por un valor de 1.645 millones de pesos.

Poco después, los hermanos de Luis Pérez, junto con el exgobernador, adquirieron una participación del 15% en el terreno por 361 millones de pesos. Para 2016, Pérez y su familia devolvieron su participación a las empresas propietarias, que a su vez les cedieron derechos sobre una finca adyacente llamada Las Brisas.

Sin embargo, para diciembre de 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín modificó el uso del suelo en la zona, clasificando el terreno como parte de un ecoparque y restringiendo su desarrollo debido a riesgos geológicos.

Ante estas limitaciones, los propietarios del lote ofrecieron cederlo gratuitamente al municipio, con la intención de que fuera utilizado como compensación urbanística en futuros proyectos de construcción. Sin embargo, en 2020, los dueños del predio intentaron renegociar los términos de la cesión, exigiendo que el municipio les garantizara un comprador o, en su defecto, les pagara el valor que ellos establecieran.

En mayo de 2020, el lote fue registrado oficialmente a nombre del municipio de Medellín. Sin embargo, meses después, la administración de Quintero comenzó a considerar la posibilidad de pagar a los propietarios por el terreno, argumentando que sería utilizado para el proyecto del Valle del Software, una de las iniciativas emblemáticas de su gobierno.

Esta decisión generó divisiones dentro de la Alcaldía, con funcionarios que denunciaron irregularidades en el proceso y que posteriormente fueron apartados de sus cargos.

En 2021, los propietarios del lote presentaron una solicitud de conciliación ante la Procuraduría, reclamando 54.000 millones de pesos como compensación por el supuesto “empobrecimiento” que les habría causado el municipio.

Aunque el secretario Montoya propuso reconocerles 40.500 millones, el acuerdo fue frenado por el procurador judicial Juan Nicolás Valencia, que advirtió que la transacción podría causar un grave daño al patrimonio público. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechazó la conciliación, decisión que fue ratificada en 2022 por el Consejo de Estado.

Sin embargo, en mayo de 2023, Daniel Quintero firmó el decreto 412, que reglamentaba el Valle del Software y permitía incluir terrenos privados del Ecoparque Las Palmas, como Aguas Vivas y Las Brisas, en el proyecto.

Esta normativa ignoraba las restricciones del POT y abría la puerta para que los propietarios desarrollaran proyectos comerciales en la zona, como hoteles y centros comerciales, sin la aprobación del Concejo de Medellín, único órgano facultado para modificar los usos del suelo.

La auditoría forense realizada por la administración de Federico Gutiérrez tras su regreso a la Alcaldía identificó esta irregularidad como uno de los 501 hallazgos sobre la gestión de Quintero. Gutiérrez denunció el caso ante la Fiscalía y derogó los artículos del decreto 412 que beneficiaban a los propietarios del lote.