Exgobernador del Chocó fue condenado a 22 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa de $1.700 millones, por desviar millonada que debería ser para los más pobres del departamento

El exgobernador del Chocó Efrén Palacios Serna fue condenado a 22 años de prisión domiciliaria por su participación en un esquema de corrupción que desvió 1.604 millones de pesos destinados a la población más vulnerable del departamento.

La Corte Suprema de Justicia lo halló culpable de los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

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Según la investigación, los hechos ocurrieron en 2013, cuando Palacios Serna, a través del entonces secretario de Salud, Guillermo Verhelst Cruz, ordenó la celebración de contratos para la compra de medicamentos de alto costo.

Aunque en el papel estos contratos parecían cumplir con los requisitos legales, su verdadera finalidad era desviar los recursos públicos en beneficio propio y de terceros.

La Corte determinó que los contratos fueron adjudicados a personas sin la capacidad legal ni técnica para ejecutarlos.

Además, se evidenció que el funcionario que figuraba como responsable de firmarlos ya no hacía parte de la administración en el momento de su suscripción, lo que configuró el delito de falsedad ideológica en documento público.

Palacios Serna, en su calidad de ordenador del gasto, tenía la obligación de velar por la correcta administración de los recursos departamentales, pero según la Corte, optó por apropiarse de ellos, afectando directamente a las comunidades más necesitadas del Chocó.

La desviación de estos fondos impactó negativamente la atención en salud de la población vulnerable, que dependía de estos medicamentos.

Además de la pena de prisión domiciliaria, el exgobernador fue condenado al pago de una multa de 1.700 millones de pesos. No obstante, la Corte Suprema decidió que Palacios Serna podrá permanecer en libertad mientras se define en la sentencia si su captura es necesaria, debido a que ha asistido a todas las audiencias programadas en el proceso.

Este fallo representa un nuevo golpe a la corrupción en el país, evidenciando cómo el desfalco de recursos destinados a las poblaciones más vulnerables sigue siendo una de las principales problemáticas en varias regiones de Colombia.

Según detalló la Corte Suprema, Palacios contó con el apoyo de su secretario de salud, Guillermo Verhelst Cruz, y otros funcionarios para llevar a cabo el esquema.

Verhelst, quien se convirtió en una pieza clave en la investigación, confesó que accedió a participar en la trama tras recibir una solicitud directa del exgobernador, quien le prometió mantenerlo en su cargo.

“La lista de los contratistas y sus farmacias a las que se debía adjudicar los contratos fue entregada por el propio exgobernador Efrén Palacios Serna”, declaró Verhelst ante el tribunal. Además, explicó que los contratos nunca tuvieron la intención de cumplir con su objetivo original de suministrar medicamentos.

El fallo judicial también reveló que los documentos contractuales fueron manipulados para encubrir la operación. Aunque los contratos estaban fechados en 2013, en realidad fueron elaborados y firmados en enero de 2014, siguiendo las instrucciones de Palacios.

Esta irregularidad fue confirmada por Verhelst, quien señaló que los documentos eran una mera formalidad para justificar la apropiación de los recursos públicos.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso, según consignó la Corte Suprema, es que nunca se identificó ni determinó a la población supuestamente beneficiaria de los medicamentos.

Además, los contratos fueron firmados sin estudios previos ni justificaciones técnicas, lo que evidenció la naturaleza fraudulenta del esquema.

El tribunal subrayó que los contratos ni siquiera fueron incluidos en los archivos oficiales de la Gobernación del Chocó. Los contratistas involucrados admitieron que nunca entregaron los medicamentos y que, tras recibir el dinero, lo transferían a los funcionarios públicos implicados, siguiendo las instrucciones de Palacios.

Uno de los contratistas, Jaime Arturo Herrera, propietario de la Droguería La 20, declaró que no suministró ningún medicamento y que el dinero recibido fue entregado posteriormente a los servidores públicos.

Este testimonio reforzó la conclusión de la Corte de que el esquema fue diseñado exclusivamente para desviar los recursos públicos.

La Corte Suprema de Justicia identificó a Efrén Palacios Serna como el principal responsable del entramado de corrupción. Según el fallo, el exgobernador fue “el cerebro y líder de todo el proceso contractual espurio, especialmente diseñado en orden a la apropiación ilícita de los dineros oficiales”.

Los testimonios recopilados durante la investigación confirmaron que Palacios tenía pleno conocimiento de cada detalle del esquema. “Él sabía todo de ese contrato, él sabía todas esas contrataciones de las droguerías como cabeza visible de ese entonces”, se lee en el fallo judicial.