Daniel Quintero puso la cara en la antesala del inicio del juicio en su contra, por caso “Aguas Vivas”: insistió que “Fico irá a la cárcel”

A través de una transmisión en vivo hecha en redes sociales el lunes 24 de marzo de 2025, en la antesala del inicio del jucio por presunto peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. el exalcalde de Medellín Daniel Quintero lanzó fuertes acusaciones contra el actual mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez: al que señaló de haber encabezado un esquema de corrupción inmobiliaria denominado el cartel de los Lotes.

Según Quintero, este entramado operó durante el primer mandato de Gutiérrez, que se llevó a cabo entre 2016 y 2019, según él, mediante la sobrevaloración fraudulenta de terrenos urbanos y rurales, utilizados para el cumplimiento de obligaciones urbanísticas por parte de constructores privados. “Vamos a presentar las pruebas una a una contra el alcalde Federico Gutiérrez por el cartel de los Lotes”, afirmó Quintero en su intervención, que vieron más de 8.000 personas.

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En ese orden de ideas, advirtió una y otra vez que por este caso “Fico” debe ir a la cárcel. “No hay excusa ni razón para que la Fiscalía no haya recibido las pruebas”, indicó Quintero en su transmisión, en la que presentó al menos 18 pruebas que comprobarían no solo su inocencia, sino que inculparían al hoy burgomaestre en prácticas que estarían contra la ley y que restarían legitimidad a su gestión al frente de la capital antioqueña, en su segunda era.

El eje de la denuncia hecha por el exmandatario de los medellinenses, que ya hizo pública su aspiración presidencial, se concentra en tres predios: Aguas Vivas, Guacharacas y La Volcana. En todos los casos, según Quintero, se ejecutó una estrategia similar: los lotes eran adquiridos por constructores por valores bajos –en algunos casos hasta por un solo peso, según sus palabras– y luego certificados por la administración municipal como si tuvieran un valor mayor.

Esa diferencia entre el avalúo real y el certificado era utilizada, de acuerdo con Quintero, como forma de pago de las obligaciones urbanísticas que deben asumir los constructores para compensar el impacto de sus proyectos en la ciudad.

En el caso de Guacharacas, el exalcalde expuso que “el valor catastral era de 2.052 millones de pesos y la Alcaldía lo certificó por 23.700 millones”. Algo similar, afirmó, ocurrió con La Volcana, donde la diferencia habría sido también superior a los 20.000 millones. “Solo en estos dos lotes estamos hablando de $46.000 millones de pesos de diferencia entre el valor catastral y el recibido”, sostuvo el exalcalde, cercano a la línea del presidente de la República, Gustavo Petro.

La situación más compleja, según explicó, se presentó con el terreno denominado Aguas Vivas. En los documentos compartidos por Quintero, el lote tenía un valor catastral de $2.700 millones en 2019, pero fue valorado en $44.000 millones por la Alcaldía de Gutiérrez, bajo el argumento de una futura cesión anticipada para un parque público. El contrato fue firmado mediante escritura pública el 27 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de que finalizara la primera era de “Fico”.

Según lo expuesto por Quintero, el contrato de cesión anticipada —una figura no prevista por la normativa vigente en Medellín en ese momento— fue habilitado por un decreto firmado por Gutiérrez el mismo 27 de diciembre de 2019, a las 11:00 p. m. Sin embargo, el referido decreto fue publicado el 31 de diciembre y entró en vigencia el 1 de enero de 2020; justo cuando ya Gutiérrez no era alcalde, sino él, como el mandatario elegido para el periodo de cuatro años hasta 2023.

Esto, en palabras de Quintero, constituye una prueba clave de la irregularidad “Federico Gutiérrez firmó un decreto para legalizar un contrato que ya había firmado y que no se podía ejecutar. Y además lo firmó fuera de tiempo, cuando ya no podía hacerlo”, precisó el exalcalde, que reiteró que, una vez asumió el cargo, su administración se negó a continuar con ese contrato, y decidió iniciar un proceso legal para declararlo nulo.

Según su versión, la decisión de proceder en ese sentido se tomó basándose en conceptos del Consejo de Estado, la Procuraduría General y el Tribunal Administrativo de Antioquia, que coincidieron en que el acuerdo contenía irregularidades sustanciales. Y fue enfático al afirmar que las irregularidades fueron denunciadas ante la Fiscalía desde 2022. Sin embargo, denunció que nunca fueron escuchados.

Incluso, en su declaración pública, en la que lució una camiseta con la camiseta “Fico a la cárcel”, Quintero señaló que la fiscal encargada del caso fue posteriormente contratada por la Alcaldía de Gutiérrez. “¿Por qué la Fiscalía en Medellín no ha recibido las pruebas? Porque Fico contrató a la fiscal que estaba llevando el caso. Eso explica todo”, afirmó Quintero, quien presentó como prueba el decreto de nombramiento de la fiscal Yiri Milena Amado como funcionaria del gobierno Gutiérrez.

Además, el exalcalde de Medellín afirmó que el 26 de julio de 2024 radicaron nuevamente una denuncia formal ante la Fiscalía General en Bogotá; sin que tuviera mayor éxito, por lo que anunció una serie de medidas sobre el particular. “Vamos a llevar las pruebas a las buenas o a las malas”, dijo Quintero en su transmisión en sus rtedes sociales. “No puede ser que los que cometieron el delito estén libres y nosotros, que hicimos la denuncia, seamos los imputados”, acotó.

Indignado por la situación que está viviendo, Daniel Quintero también se refirió al impacto político de su imputación, que atribuyó a un intento por detener su ascenso en las encuestas de cara a una posible candidatura presidencial, pues empezó a marcar en las diferentes encuestas. “Todo esto lo están haciendo porque tienen miedo de que ganemos la presidencia”, señaló el exalcalde, que recordó cómo generó incomodidades con sus acciones en el caso Hidroituango.

En su intervención, de hecho, comparó la falta de avances en procesos como el de la hidroeléctrica, que estuvo cerrada durante casi cuatro años por graves daños estructurales, con la celeridad con la que se intenta imputarlo: “¿Dónde están los condenados de Hidroituango? ¿Qué ha hecho la Fiscalía por esos 10 billones perdidos?”, preguntó el exalcalde, que recibió el apoyo de sus seguidores; y, como era de esperarse, duros señalamientos de los contradictores.

En sus afirmaciones, Quintero también dirigió duras críticas al diario El Colombiano y a los grupos empresariales que, en su concepto, controlan parte de la política antioqueña. Y señaló directamente a Juan Luis Aristizábal, socio de Conconcreto, como uno de los nuevos dueños del medio, y lo vinculó con la constructora de Hidroituango. De la misma manera, el exalcalde nombró en sus agravios al empresario Manuel Santiago Mejía, miembro de las juntas directivas de EPM y el diario.

En el cierre de su intervención, Quintero apeló a una metáfora informática para plantear un cambio institucional profundo en el país. “Hay que hacer un ‘Control + Suprimir’ a Colombia. Reiniciar este sistema que produce carteles de lotes, contratos ilegales, justicia parcializada y persecución a quienes denuncian”, refirió y anunció que el martes 25 de marzo entregará formalmente el paquete completo de documentos y denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

Frente a estas acusaciones, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció. Y habló de los múltpes procesos que existen ante la Fiscalía exfuncionarios de la administración anterior, correspondiente al período 2020-2023; en el que estuvo Quintero como mandatario. Según declaró, el ente acusador imputará cargos este lunes al que calificó como “el jefe de la banda”, a quien no identificó con nombre propio, pero que sería su antecesor.

“Me dicen que el jefe de la banda anda desesperado. Y como yo no lo sigo ni lo veo… No es para menos, mañana será imputado por la Fiscalía por delitos de corrupción”, afirmó Gutiérrez en su cuenta de X. Asimismo, el mandatario aseguró que con esta audiencia “serán ya 37 los imputados por corrupción de la administración anterior”, en una lista en la que se destacan exsecretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados, “y, por supuesto, el jefe de la banda”.

Por último, Gutiérrez indicó que existen más de 650 hallazgos fiscales, disciplinarios y penales relacionados con posibles hechos de corrupción en la gestión pasada, y calificó el caso como “el robo más grande en la historia de Colombia”. Así pues, comparó la situación con el escándalo de los Hermanos Moreno Rojas en Bogotá, Samuel e Iván, argumentando que lo ocurrido en Medellín lo superaría en magnitud, que lo ha tenido ocupado en “arreglar el desastre”.