José Luis Esparza Guerrero, coronel que lideró la histórica operación Jaque en 2008, se refirió al fallo del Juzgado 49 del Circuito de Bogotá, a cargo de Manuel Ricardo Laverde, que anuló su retiro del servicio activo, decisión que se tomó en 2021 durante la comandancia del general Eduardo Zapateiro.
En entrevista con El Tiempo, la fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt en 2022 aseguró que la decisión del Laverde es “de obligatorio cumplimiento”, razón por la cual afirmó que ahora la institución debe pronunciarse.
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“Yo fui afectado directamente, sí, pero también es víctima la institución, que fueron instrumentalizados por una minoría para desviar el poder con fines contrarios a la legalidad, al interés nacional y al honor militar”, aseguró Esparza.
El coronel aseguró que en caso de que el fallo sea apelado, este “enviaría” un mensaje incorrecto a los colombianos, así como a las Fuerzas Militares y llevaría al Estado a un “desgaste”.
“Este debería ser un momento para reflexionar, corregir lo que haya que corregir y permitir que el restablecimiento de derechos contribuya a la dignificación de la institución”, aseveró al mencionado medio.
Además, explicó que implementó acciones legales para restablecer sus derechos, debido a su salida “abrupta e injusta” del Ejército Nacional, donde llevaba 33 años de servicio, donde destaca la operación Jaque en 2008, que permitió la liberación de Ingrid Betancourt, así como otros secuestrados por las Farc.
“Mi intención siempre fue avanzar en el camino institucional hacia el generalato, no como un logro personal, sino como una forma de seguir aportando al cumplimiento de los fines esenciales del Estado desde el conocimiento estratégico y operativo que he construido durante toda una vida de servicio”, afirmó el coronel.
Por tal motivo, detalló que seguirá siendo un “hombre institucional” porque cree en la Constitución, en el orden democrático y en la fuerza pública.
“Si la decisión del Estado es reintegrarme, lo asumiré con honor y con el mismo compromiso que me ha guiado siempre, poniendo a disposición del país no solo la experiencia adquirida dentro de la institución, sino también una visión enriquecida por lo vivido desde lo civil”, afirmó Esparza.
José Luis Esparza aseguró a El Tiempo que seguirá dando nombres de los “responsables” de su salida de la institución, que, según él, ya se conocieron en el proceso judicial.
Sin embargo, lamentó que algunas investigaciones se encuentran inactivas dentro de la institución, que, de acuerdo con el coronel Esparza, “estaban bajo el control de quienes hoy deben ser objeto de investigación”.
“Confío en que la Fiscalía actúa con independencia y profundidad, y que analice con rigor los elementos que fueron expuestos durante mi proceso: posibles manejos irregulares de dineros de gastos reservados, falsedad de ideológica documento público, acceso indebido a información clasificada y ultrasecreta, así como presuntas presiones a fuentes para que declaren en mi contra”, puntualizó José Luis Esparza al citado medio.
Detalles del fallo
El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá determinó que hubo una desviación de poder en la decisión que llevó al retiro del coronel José Luis Esparza Guerrero en 2021, cuando era comandante el general (r) Eduardo Zapateiro. El fallo, firmado por el juez David Laverde, declaró la nulidad parcial del Decreto 1074 exclusivamente en relación con Esparza, decisión que fue comentada por el periodista Daniel Coronell en su columna dominical.
La sentencia también dejó sin efectos la Resolución 154, con la que se ponía fin a una comisión de estudios que el oficial desarrollaba. Además, ordenó su reincorporación en el mismo cargo y grado que ocupaba al momento de su retiro, con continuidad en su trayectoria militar. El juez también dispuso que Esparza sea restituido al Curso de Altos Estudios Militares, en las condiciones previas a su desvinculación.
La salida del coronel se oficializó en septiembre de 2021 mediante el mecanismo de “llamamiento a calificar servicios”, una figura común en la estructura castrense para la desvinculación de oficiales. No obstante, el afectado sostuvo ante los tribunales que su retiro no cumplió con los procedimientos establecidos y denunció una desviación de poder, vulneración al debido proceso y falta de motivación en la decisión.
La defensa también indicó que su caso no fue evaluado de manera individual por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, lo que, según argumentó, contraviene principios esenciales del derecho administrativo. Estos elementos llevaron al juzgado a examinar con detalle el expediente y a concluir que existieron irregularidades en el trámite.
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