Estos son los detalles que se conocieron de la red de pornografía infantil que cayó en Colombia: uno de los integrantes explotaba a sus propias hijas

Una red criminal dedicada a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil fue desarticulada en Colombia.

Las autoridades revelaron que los integrantes de esta organización utilizaban armas de fuego para intimidar a las víctimas, quienes eran menores de 14 años, y evitar que denunciaran los hechos.

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Este grupo operaba a través de plataformas digitales como Facebook, TikTok y WhatsApp, y comercializaba el contenido ilícito en países como Estados Unidos.

El mayor Johan Aldana, jefe de la Unidad Investigativa de la Dirección de Protección de la Policía, informó que seis personas fueron capturadas en las ciudades de Bogotá, Medellín y el municipio de Anserma, en el departamento de Caldas.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres y cuatro mujeres, que enfrentan graves acusaciones relacionadas con la explotación sexual de menores.

“Estas personas consumían y distribuían material de abuso sexual infantil, distribuyéndolos en los entornos digitales”, agregó el oficial.

Entre los detalles que ofreció el mayor Aldana sobre el funcionamiento de esta red criminal. Según explicó a Noticias RCN, uno de los integrantes utilizaba a sus propias hijas menores de edad para grabar contenido pornográfico.

Estas niñas también eran empleadas como señuelos para atraer a sus amigas a su domicilio, donde posteriormente eran amenazadas con armas de fuego y obligadas a participar en la grabación de videos.

“Tiene dos niñas que son menores de edad, se aprovechaba de la inocencia. Cuando ingresaban a la casa, las amigas las vulneraba con arma de fuego, que tenía de manera irregular, por eso también le imputaron el delito de tráfico y por armas de fuego”, señaló Aldana.

El oficial agregó que las menores eran intimidadas para que no contaran lo sucedido a sus padres. “Las amenazaba diciéndoles que iba a matar a la familia”, afirmó.

La operación, liderada por la Dirección de Protección de la Policía Nacional, contó con la colaboración de la agencia estadounidense HSI y la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones permitieron rastrear las direcciones IP desde donde se compartía el material, lo que facilitó la identificación de los sospechosos y el desarrollo de las respectivas líneas de investigación.

Los seis detenidos están siendo judicializados y enfrentan cargos por delitos como pornografía con persona menor de 18 años, proxenetismo con menor de edad agravado, trata de personas, acto sexual con menor de 14 años agravado, estímulo a la prostitución y utilización de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad.

Durante la operación, las autoridades incautaron 15 teléfonos celulares y un arma de fuego que, según las investigaciones, era utilizada para intimidar a las víctimas. Además, en la plataforma NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) se identificaron 29 videos de abuso sexual infantil producidos y distribuidos por esta red, tanto en Colombia como en el extranjero.

Aparte de los seis colombianos capturados, las autoridades identificaron a dos ciudadanos extranjeros que adquirían el material producido por esta red. Los videos eran compartidos en páginas ocultas de internet, donde los responsables creían que no podían ser rastreados. Sin embargo, los investigadores lograron identificar los objetos presentes en los videos y vincularlos con los lugares donde se cometían los abusos.

Un operativo internacional culminó con la extradición de Cristóbal Fernández Viamonte, señalado como el principal líder de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual.

Según informó la Policía Nacional de Colombia, el traslado del acusado a México se llevó a cabo el 21 de marzo, tras meses de cooperación entre las autoridades colombianas y mexicanas.

De acuerdo con las investigaciones, Fernández Viamonte era buscado por un juez especializado del Estado de Yucatán, en México, por su presunta implicación en el reclutamiento de mujeres colombianas bajo falsas promesas de empleo.

Las víctimas eran trasladadas a México, donde eran sometidas a explotación sexual, reteniendo sus documentos de identidad y obligándolas a trabajar bajo deudas impuestas por la organización.

Según detallaron las autoridades, la organización liderada por Fernández Viamonte tenía como objetivo captar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Las víctimas eran persuadidas con ofertas de empleo en México, principalmente en destinos turísticos como Cancún y Mérida.

Una vez en territorio mexicano, las mujeres eran despojadas de sus pasaportes y obligadas a firmar contratos fraudulentos que estipulaban deudas prácticamente imposibles de saldar. Este esquema las mantenía atrapadas en un ciclo de explotación del que era extremadamente difícil escapar.