En la tarde del sábado 22 de marzo de 2025, se conoció que en una operación conjunta entre el Batallón de Alta Montaña N.° 10 del Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró un importante avance en la lucha contra los grupos armados organizados en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
La operación, llevada a cabo en el corregimiento La Marina, resultó en la ubicación y neutralización de dos artefactos explosivos a escasos 50 metros de la institución educativa San Lorenzo.
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Este operativo se desarrolló como parte de las acciones ofensivas que se están llevando a cabo contra los grupos armados organizados residuales.
Por lo tanto, gracias a labores de inteligencia táctica, las fuerzas de seguridad identificaron un punto donde integrantes del frente de guerra Adán Izquierdo habían realizado acciones de proselitismo mediante grafitis y habían colocado material explosivo.
El objetivo de estos actos era afectar tanto a la población civil como a las unidades militares en la zona.
En el lugar, las tropas encontraron dos canecas de pintura modificadas con explosivos, lo que, para las autoridades, representa una violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
La colocación de estos artefactos tan cerca de una institución educativa puso en grave riesgo la vida e integridad de la comunidad estudiantil, especialmente de los niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela.
Al respecto, el brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, aseguró que “con esta acción evitamos poner en riesgo la comunidad estudiantil y la población civil”.
El brigadier general Rendón también se refirió a la incautación de 300 kilogramos de marihuana en una operación sobre las vías entre Candelaria y Palmira.
De acuerdo con el comandante de la Tercera Brigada, este logró debilitó las estructuras criminales del narcotráfico, incluso, se llevó a cabo la captura del conductor implicado.
Escándalo de corrupción en España: polémica compra de finca por parte del exministro José Luis Ábalos
Un nuevo capítulo en el caso de corrupción que sacude a España generó controversia luego de que se revelara que el exministro de Transporte José Luis Ábalos podría estar vinculado a la adquisición de una finca en Colombia por un precio que ha despertado serias dudas.
Según informó La Vanguardia, las autoridades españolas investigan la posible relación del exfuncionario con una red de tráfico de influencias y cohecho, en la que también estaría implicado su exasesor Koldo García.
El foco de la investigación se centra en la compra de un inmueble ubicado en la zona de El Mirador del Carmen, en Tuluá, de acuerdo con los documentos recopilados por las autoridades, la propiedad fue adquirida el 17 de octubre de 2003 a través de la sociedad Hoyos Peláez Ltda., una empresa vinculada a la cantera El Carmen, que fue liquidada en 2017; sin embargo, el precio real de la finca ha generado escepticismo, ya que las cifras reportadas presentan inconsistencias significativas.
Inicialmente, la Policía española informó que el inmueble fue adquirido por un monto de 2 millones de euros; sin embargo, el 20 de marzo de 2025, las autoridades corrigieron esta cifra, indicando que el precio real fue de apenas 751 euros, aproximadamente 3,2 millones de pesos colombianos.
Los viajes de Ábalos y su exasesor bajo la lupa
Otro aspecto relevante de la investigación han sido los viajes realizados por José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García entre julio y diciembre de 2022.
Aunque el texto fuente no detalló el propósito de estos desplazamientos, su inclusión en el caso sugirió que podrían estar relacionados con las actividades de la red de tráfico de influencias que se investiga.
La conexión entre estos viajes y la adquisición de la finca en Colombia es uno de los puntos que las autoridades buscan esclarecer, dado que la posible implicación de ambos en actividades ilícitas ha generado un fuerte impacto mediático y político en España, donde el caso continúa siendo objeto de atención pública.
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