La Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra Carlos Alberto Carreño, representante a la Cámara por el Partido Comunes, por su presunta implicación en un caso de concusión.
La Sala de Instrucción del alto tribunal busca determinar si el congresista, exintegrante de la desaparecida guerrilla de las Farc, habría exigido pagos indebidos a un miembro de su equipo de trabajo.
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Según la denuncia que originó el proceso, Carreño habría solicitado de manera reiterada a uno de los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) una parte de su salario, práctica que se habría prolongado durante un período de aproximadamente 18 meses.
Pagos mensuales y consignaciones
De acuerdo con la información recabada, el congresista habría recibido el dinero de manera regular a través de consignaciones bancarias.
Estos pagos habrían sido realizados mensualmente como una condición impuesta por Carreño a su colaborador.
El caso ha estado bajo el radar de la Corte Suprema desde agosto del año pasado. En ese momento, el representante a la Cámara negó cualquier irregularidad y rechazó los señalamientos en su contra.
A pesar de ello, se ha conocido que no sería la única denuncia con acusaciones similares. Otro empleado del congresista habría sido objeto del mismo tipo de solicitud, aunque la Corte solo decidió abrir una investigación formal por un caso específico.
¿Quién es Carlos Carreño?
Carlos Alberto Carreño, conocido en la extinta guerrilla de las Farc con el alias de Sergio Marín, es uno de los beneficiarios del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Gracias a este pacto, ha ocupado un escaño en el Congreso en dos ocasiones, representando al Partido Comunes, la colectividad creada por los excombatientes tras la dejación de armas.
El avance de la investigación en la Corte Suprema marcará el futuro político del congresista, quien hasta ahora ha mantenido su postura de rechazo frente a las acusaciones.
Partido Comunes manifestó su apoyo a la consulta popular
El Partido Comunes manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas sociales impulsadas por su gobierno.
A través de un comunicado, la Dirección Nacional de la colectividad destacó la importancia de esta herramienta de participación, argumentando que es el pueblo colombiano el que debe tener la última palabra en la configuración de políticas clave para el país.
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Desde la agrupación política, surgida tras la firma del Acuerdo de Paz, se enfatizó que esta consulta no solo responde a la necesidad de ampliar los espacios de decisión democrática, sino que también constituye una respuesta a lo que consideran una desconexión del Congreso con las necesidades de la ciudadanía.
Según el pronunciamiento de Comunes, el Legislativo ha mostrado una resistencia sistemática a las reformas planteadas por el Gobierno, obstaculizando cambios fundamentales en el ámbito social y político.
“Entre 2019 y 2021, durante el estallido social, el pueblo colombiano expresó su demanda de cambios en busca de mejorar las condiciones en vida de las grandes mayorías. Este clamor resultó en la elección del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo programa de gobierno hoy se ve bloqueado por los intereses de las minorías privilegiadas, que han convertido al Estado y la política en herramientas para proteger sus mezquinos intereses”, se lee en el texto.
En este contexto, la colectividad recordó que una de las principales barreras impuestas por el Congreso ha sido la falta de voluntad para tramitar la reforma política.
De acuerdo con su perspectiva, esto ha impedido avanzar en la implementación del Punto 2 del Acuerdo Final de Paz, el cual está orientado a modernizar y fortalecer la participación política, garantizando una representación más equitativa y democrática dentro del sistema electoral colombiano.
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