La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, se pronunció sobre el caso de alias Papá Pitufo, señalado como líder de una red de contrabando e implicado en las presuntas irregularidades del financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Durante su intervención, descartó tajantemente cualquier posibilidad de preacuerdos o beneficios judiciales para cabecillas de organizaciones criminales, incluyendo a este presunto delincuente.
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Camargo dejó claro que la política de la Fiscalía no contempla negociaciones con los líderes de estructuras delictivas: “Los jefes de las organizaciones criminales no hacen parte del repertorio de personas con las que hacemos preacuerdos o negociaciones por mandato del propio Código de Procedimiento Penal”, afirmó en respuesta.
Y agregó: “El jefe es el jefe y es al que nosotros perseguimos”.
Camargo explicó que la investigación en torno a alias Papá Pitufo no se limita a desarticular la red de contrabando, sino que también apunta a determinar si esta estructura delictiva ha permeado instancias políticas, gubernamentales y otros estamentos nacionales y locales.
“Lo que pasa es que una organización como esta tiene varios niveles, ¿no? Y aquí de lo que se trata es, además de descubrir y desmantelar la organización del contrabando, de identificar si tiene vínculos con crimen organizado de otra naturaleza”, explicó la fiscal.
“De lo que se trata es de ver cómo permeó y qué tanto permeó las instancias políticas, las instancias gubernamentales, los estamentos nacionales y locales, de lo cual ya tenemos algún indicio, pero no solo un indicio, sino un avance”, agregó.
Según detalló, la investigación ya cuenta con personas acusadas y con al menos un actor importante sometido a sentencia anticipada.
“En este caso tenemos personas ya acusadas y en este caso tenemos además algún actor relevante que se sometió a sentencia anticipada. Es decir, aquí ya hay un trabajo, no estamos partiendo de cero”, afirmó Camargo.
“Pero además estamos haciendo un ejercicio importante (...) estamos mirando qué más tenía la entidad sobre este tema y qué más asociado a esta organización y a otras organizaciones sobre este tema”, concluyó la fiscal general.
Su abogado defiende la presunción de inocencia
Según declaró a Cambio el abogado Camilo Rojas, representante del empresario, su cliente no ha sido condenado y, por lo tanto, sigue amparado por el principio de presunción de inocencia.
En declaraciones recogidas por medios nacionales, Rojas subrayó que no existe certeza de que los recursos utilizados para pagar sus honorarios provengan de actividades ilícitas.
De acuerdo con lo reportado, Rojas, quien anteriormente ocupó el cargo de viceministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, enfatizó que su experiencia en el sector público no lo inhabilita para ejercer su profesión en el ámbito privado.
Además, aclaró que su relación con el Congreso, donde tuvo contratos mientras Roy Barreras presidía la corporación, se dio por mérito propio y no por influencias políticas.
“Mi labor como abogado es garantizar el debido proceso, sin discriminar a los clientes por cuestionamientos éticos o políticos”, afirmó.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es la acusación de que alias Papá Pitufo intentó evadir la justicia. Según explicó Rojas, su cliente no huyó, sino que ejerció su derecho a solicitar asilo en Portugal, amparándose en su doble nacionalidad.
El abogado detalló que las autoridades españolas, tras detenerlo inicialmente, lo dejaron en libertad, lo que desmiente que haya sido prófugo.
La emisión de una circular roja por parte de Interpol, según Rojas, se debió a que el empresario no asistió a una cita judicial mientras tramitaba su solicitud de asilo.
El abogado también destacó que el empresario busca enfrentar el proceso judicial en Colombia, pero con las garantías necesarias. En este sentido, su defensa se centra en revisar el procedimiento de extradición para asegurar que se respeten sus derechos fundamentales.
El caso de alias Papá Pitufo ha captado la atención debido a las implicaciones legales y políticas que lo rodean. Según lo informado, la representación de Rojas se limita exclusivamente a garantizar que el proceso de extradición se lleve a cabo de manera justa y que su cliente reciba un juicio imparcial en Colombia.
Mientras tanto, la decisión final sobre su extradición está en manos de la Corte Suprema de Portugal, que actualmente evalúa un recurso de apelación presentado por la defensa.
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