Corte Constitucional mantiene a Ibáñez en debate pensional tras rechazar recusaciones: qué argumentos dieron

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó dos recusaciones presentadas contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, actual presidente del alto tribunal y ponente de la reforma pensional.

Con esta decisión, Ibáñez continuará participando en el análisis del proyecto de ley que busca modificar el sistema de jubilaciones en Colombia.

Las recusaciones fueron interpuestas por ciudadanos que cuestionaban la imparcialidad del magistrado, argumentando que su vinculación en el pasado con las juventudes conservadoras y su elección durante el gobierno del expresidente Iván Duque podrían influir en su criterio.

También señalaron que no había asistido a una reunión con el presidente Gustavo Petro, lo que consideraron una señal de falta de neutralidad.

Sin embargo, la Sala Plena concluyó que las recusaciones no contaban con los argumentos suficientes para ser aceptadas.

Según el tribunal, los solicitantes no sustentaron adecuadamente sus afirmaciones ni demostraron su interés en el proceso, ya que no participaron activamente como impugnadores o defensores del proyecto de ley.

Además, la Corte Constitucional aclaró que la sola presentación de recusaciones en este tipo de procesos no interrumpe los tiempos establecidos para el fallo.

Solo en los casos donde se presenten argumentos válidos y se cumpla con los requisitos legales, se abrirá un proceso de análisis que pueda suspender la discusión.

Con esta determinación, el magistrado Ibáñez continuará desempeñando su papel como ponente en la deliberación sobre la reforma pensional, uno de los proyectos más importantes para el Gobierno actual.

Jorge Enrique Ibáñez, recién nombrado presidente de la Corte Constitucional, reafirmó la independencia y autonomía de los magistrados frente al poder político.

En entrevista con El Tiempo, Ibáñez afirmó que “ningún magistrado es agente del Gobierno o de otras cortes”, al ser cuestionado sobre la influencia política en las decisiones del alto tribunal.

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Para Ibáñez, el rol de la corte es garantizar la supremacía de la Constitución y asegurar que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean respetados, sin que las decisiones judiciales estén sometidas a presiones externas.

Ibáñez expresó que la responsabilidad que conlleva liderar la Corte Constitucional es enorme.

“Es un honor muy alto ser presidente de la Corte Constitucional, hoy nuestra máxima corte de justicia. Esa es una aspiración que uno, como abogado, tiene desde cuando entra a estudiar derecho en la facultad”, afirmó al citado medio.

Sin embargo, subrayó que más allá del reconocimiento, la tarea que tiene por delante es una enorme responsabilidad.

“Es una gran responsabilidad, ya que el país ve en ella un baluarte muy importante, no solamente para la garantía de los derechos fundamentales, sino también para garantizar el equilibrio del poder y el freno al ejercicio arbitrario del poder público”, expresó Ibáñez al citado medio.

Al abordar el control que el alto tribunal ejerce sobre las decisiones del Gobierno, Ibáñez recordó que la Corte Constitucional ha jugado un papel crucial en la limitación del poder ejecutivo a lo largo de la historia del país, especialmente en lo que se refiere a las declaratorias de estados de emergencia.

“La Corte, independientemente de quién sea el presidente de la República, ejerce un control constitucional para garantizar el trabajo armonioso de los poderes públicos. En ese sentido, la Corte ha sido fiel a su misión de velar por la supremacía de la Constitución”, dijo Ibáñez.

El magistrado Ibáñez también se refirió a las tensiones pasadas entre el Gobierno y la Corte Constitucional, mencionando cómo varios presidentes, incluyendo a los exmandatarios Gaviria y Samper, se mostraron en desacuerdo con las decisiones del alto tribunal, pero con el tiempo reconocieron la validez constitucional de las sentencias.

“Generalmente, los gobiernos se muestran molestos cuando la Corte Constitucional toma decisiones que afectan sus políticas, pero después han reconocido que muchas de nuestras decisiones están bien fundamentadas y son razonables”, indicó.

En cuanto a la independencia judicial, Ibáñez insistió en que la Corte Constitucional no responde a intereses políticos, sino que su labor está guiada por el respeto a la Constitución y la ley.

“Nosotros no somos políticos, somos una Corte que cumple unas funciones estrictamente judiciales. Y en el caso del orden público, como ha sucedido con el estado de emergencia económica y ahora con la conmoción interior, tenemos que examinar debidamente varios presupuestos”, explicó.

Para Ibáñez, la función principal de la Corte es garantizar que el legislador y el Gobierno actúen dentro de los límites establecidos por la Constitución.