Brayan Palencia Benavides, un joven colombiano de 24 años, oriundo de Hatillo de Loba (Bolívar) fue detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos y, posteriormente, deportado a El Salvador, donde fue ingresado en el Cecot, la temida cárcel promovida por el presidente Nayib Bukele.
Según denuncias de su familia, Palencia no tiene antecedentes judiciales y habría sido vinculado injustamente con el grupo criminal conocido como Tren de Aragua.
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La detención de Palencia se habría producido debido a presuntas irregularidades en su documentación migratoria. Sin embargo, lo que alarmó a sus familiares es que, tras su captura, el joven fue deportado a El Salvador como parte de un grupo de más de doscientas personas, en su mayoría venezolanos, acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
Según las declaraciones de sus allegados, esta acusación estaría basada únicamente en la presencia de tatuajes en su cuerpo, lo que consideran una medida arbitraria y desproporcionada.
La familia de Brayan Palencia expresó su angustia a través de redes sociales y medios de comunicación, señalando que no han recibido información oficial sobre su paradero ni las razones específicas de su deportación.
Una de sus allegadas compartió un mensaje en el que solicitaba ayuda para localizarlo: “Desde el sábado (15 de marzo) parece ser que lo mandaron a El Salvador con otro grupo de venezolanos y él no tiene ningún tipo de antecedentes”.
Según sus declaraciones, el joven viajó a Estados Unidos hace algunos meses en busca de mejores oportunidades laborales y no tiene vínculos con actividades delictivas.
Los familiares también denunciaron que Palencia fue detenido bajo una orden de deportación emitida durante la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en el desarrollo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite medidas excepcionales contra personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
Esta ley ha sido utilizada para justificar la deportación de presuntos miembros de organizaciones criminales, aunque en muchos casos no se han presentado pruebas concluyentes que respalden dichas acusaciones.
El caso de Brayan Palencia se da en un contexto más amplio de deportaciones masivas realizadas por Estados Unidos hacia El Salvador. Según informó el presidente Bukele, el 16 de marzo llegaron al Cecot los “primeros 238″ supuestos integrantes del Tren de Aragua, junto con otros 23 presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
Estas deportaciones se llevaron a cabo a pesar de una orden judicial emitida por el juez federal James Boasberg, que había solicitado suspenderlas por 14 días. La administración de Trump ignoró esta orden, argumentando que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre las decisiones de política exterior del presidente.
El traslado de los deportados al Cecot, una prisión diseñada para albergar a miles de reclusos considerados de alta peligrosidad, fue criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre la falta de investigaciones previas y la posible vulneración de garantías fundamentales.
En el caso de Palencia, sus familiares aseguran que no existen pruebas que lo vinculen con el Tren de Aragua y temen que haya sido detenido únicamente por su apariencia física, específicamente por sus tatuajes.
El Tren de Aragua es una organización criminal originada en cárceles venezolanas que ha expandido su influencia a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que algunos de los deportados a El Salvador están vinculados con esta red delictiva, aunque no han proporcionado detalles específicos sobre las pruebas que sustentan estas acusaciones. En el caso de Brayan Palencia, su familia insiste en que no tiene relación alguna con este grupo y que su detención es producto de un error.
La deportación de Palencia junto a ciudadanos venezolanos también ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados por las autoridades migratorias para determinar su traslado a El Salvador. Según reportes, las familias de los deportados han logrado identificar a algunos de ellos a través de videos publicados por el gobierno salvadoreño, en los que se muestran imágenes de los reclusos ingresando al Cecot.
En estos videos, los tatuajes fueron utilizados como un elemento para vincular a los detenidos con organizaciones criminales, lo que ha sido calificado como un procedimiento discriminatorio y carente de rigor.
Ante la incertidumbre sobre el paradero y la situación legal de Brayan Palencia, sus familiares solicitaron la intervención de las autoridades colombianas para esclarecer el caso y garantizar su derecho a un debido proceso. Desde Hatillo de Loba, su lugar de origen, la comunidad también expresó su apoyo a la familia y ha pedido que se investigue a fondo lo ocurrido.
“Es una captura injusta y desproporcionada. Dicen que es del Tren de Aragua por ser colombiano y por tener tatuajes. Que las autoridades colombianas hagan algo con estas injusticias”, manifestó uno de sus allegados. La familia teme que el joven esté siendo tratado como un criminal en un país extranjero, sin que se hayan presentado pruebas en su contra ni se le haya permitido defenderse adecuadamente.
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