Ministra de Justicia dejó abierta la posibilidad de diálogo con desertores de la paz, entre ellos Iván Márquez

Las declaraciones de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, generaron un intenso debate en distintos sectores del país, luego de que se refiriera a la posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades de negociación a excombatientes que abandonaron procesos de paz. Entre los nombres que más controversia causaron está el de alias Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y uno de los principales desertores del acuerdo de paz firmado en 2016.

Durante un evento en Bogotá en conmemoración de los 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la ministra enfatizó que la expulsión o abandono de un proceso de negociación no significa que una persona no pueda volver a sentarse a dialogar con el Estado. En sus palabras, este tipo de situaciones deben ser reevaluadas en función de un nuevo contexto y con marcos jurídicos diferentes. “Van a tener que ser nuevos marcos dentro de la realización de nuevos hechos que podrán ser verificados como delictivos”, explicó Buitrago.

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Uno de los puntos más discutidos de su intervención fue la defensa del marco constitucional que, desde 2016, establece la necesidad de mantener el diálogo con los actores armados como una vía para alcanzar la paz. “El marco constitucional desde 2016 aprobó una necesidad de dialogar con las personas, de sentarse en la mesa y de encontrar medios para buscar la paz”, manifestó la funcionaria. Sin embargo, también fue clara en señalar que cuando se “defraudan esas expectativas de paz”, el proceso debe ser replanteado bajo nuevas condiciones y sin las mismas garantías que se ofrecieron en un inicio.

Para sustentar su posición, la ministra hizo referencia al caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro implementó una estrategia que, a pesar de las dificultades y los reveses, busca mantener un canal de comunicación abierto con este grupo armado. “Esto nos lleva a nosotros a decir cuál es la justicia que debe aplicarse en el contexto del sometimiento o de la desmovilización de grupos actuales”, argumentó la ministra.

Buitrago también enfatizó la importancia de que este debate no se limite a un solo ámbito, sino que sea abordado desde diferentes perspectivas y con la participación activa de múltiples sectores del Estado y la sociedad. Según la ministra, es fundamental que jueces, magistrados, ciudadanos, legisladores y el Ejecutivo trabajen en conjunto para definir cuál debe ser el marco normativo más adecuado que rija estos procesos. Solo a través de un consenso amplio y una discusión integral se podrá establecer un esquema legal que equilibre la justicia con la necesidad de avanzar hacia la paz y la reconciliación en el país.

Ángela María Buitrago, fue designada como ministra de Relaciones Exteriores ad hoc para revisar en segunda instancia la investigación disciplinaria contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti. El caso, que se originó durante su periodo como embajador ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), involucra denuncias por presunta violencia de género contra su esposa, Adelina Guerrero.

La designación de Buitrago en este proceso no es un hecho menor, ya que se da en un contexto de fuertes divisiones dentro del Gobierno y con una relación tensa entre Benedetti y la canciller Laura Sarabia, que decidió apartarse del caso argumentando conflicto de intereses. Sarabia, antes de ocupar su actual cargo, fue asesora de Benedetti en el Senado y además mantiene un proceso legal en su contra, lo que alimentó especulaciones sobre un choque de poderes dentro del gabinete ministerial.

La investigación contra Benedetti no es reciente, sino que comenzó bajo la administración del excanciller Luis Gilberto Murillo, que ordenó indagar las acusaciones de violencia de género cuando el político ejercía como embajador ante la FAO. Sin embargo, el caso no avanzó de inmediato y con el cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la actual canciller, Laura Sarabia, decidió remitirlo a la Procuraduría General de la Nación, que ahora deberá definir si hay mérito para sancionar al ministro del Interior.